“Creer que esto se trata de abortistas y antiabortistas es de un reduccionismo inaceptable”. La senadora nacional María de los Ángeles Sacnun advirtió que “estamos dirimiendo si el Estado va a acompañar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo y lo hacen, esté penalizado o no.
“De ninguna manera se está previendo un Estado que promueva el aborto, sino que reconoce su existencia”, subrayó en otro tramo de su discurso.
La legisladora santafesina del Frente de Todos señaló durante el debate del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que “la penalización lamentablemente, la criminalización, condena a las más pobres a morir en la clandestinidad y con el oprobio muchas de ellas, esposadas en sus camas en los hospitales públicos, o con una faja de seguridad en las puertas de las salas donde terminan internadas con presencia policial”.
Sostvo que “hay una política penal selectiva en la Argentina, que avanza fuertemente contra las mujeres en cuanto a la penalización del aborto, fundamentalmente contra las mujeres pobres”. Insistió en que “lo que estamos discutiendo es aborto clandestino o legal”.
Sacnun recordó que desde agosto de 2018, “cuando fue rechazado el proyecto, al menos 15 mujeres y niñas perdieron la vida por abortos inseguros. En aquella oportunidad decía que cada muerte era un femicidio de Estado por omisión.
“El Estado -dijo- debe legislar teniendo en cuenta las personas gestantes, interpretando armónicamente la Constitución Nacional”.
Tras resaltar la “sororidad” de las mujeres más allá de pertenencias partidarias, la senadora santafesina expuso que “tenemos la profunda convicción de que no estamos obligando a nadie a hacer lo que no quiera.
“Por supuesto que las mujeres que quieran continuar maternando, que quieran llevar adelante sus embarazos, deben poder hacerlo y deben contar también con el Estado para que las acompañe, para que no haya ninguna mujer que por sus condiciones sociales sea empujada a practicarse un aborto”.
“Que sea ley”, cerró Sacnun su discurso tras recordar a “Ana María Acevedo, una santafesina de Vera, a quien en la ciudad de Santa Fe capital se le negó un aborto no punible. Tenía 3 hijos, le encontraron un cáncer. Por múltiples dilaciones fundadas en objeciones de conciencia y posicionamientos religiosos fue condenada a morir por el sistema.
“Fue un femicidio de Estado. Fue condenada a morir y dejar sus tres niños huérfanos”, relató la legisladora, quien también recordó a “Lucía, esa nena de 11 años violada por su abuelastro, quien le dijo a la médica que la atendió que le sacaran esa cosa que le había puesto el viejo adentro”.
La senadora dedicó palabras “a Belén y a miles de pibas que están en la plaza del Congreso y en las de mi provincia, que han trabajado y luchado por esta ley, para que nos dejen de subestimar a las mujeres, para que dejen de adueñarse de nuestros cuerpos, de nuestra voluntad, de nuestras voces, autonomía, deseo. Por la educación sexual para decidir, los anticeonceptivos para no abortar uy el aborto legal para no morir. Que sea ley”, finalizó.
Sacnun relató que según un informe del Observatorio de Género del CEPA en base a datos del ministerio de Salud, “en la Argentina se realizan 450 mil abortos clandestinos por año. Entre 2010 y 2017, en promedio, egresaron de hospitales públicos 45600 personas gestantes por año por abortos incompletos”.
Constitución y federalismo
Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, la senadora santafesina afirmó que “ni la Coinvención Américana de Derechos Humanos ni la Convención de los Derechos del Niño, ni razones de federalismo ni el artículo 75 de la CN” son violados por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
“La CIDH, que desde 1994 posee rango constitucional, no consagra un derecho absoluto a la vida. En su artículo cuarto punto uno, que establece el derecho a la vida en general a partir del derecho a la concepción, implica un deber de protección con carácter gradual e incremental.
“Esa frase -señaló Sacnun- se debió a la necesidad de respetar regulaciones que tenían muchos de los países que firmaron la CIDH, entre ellos la Argentina, que desde 1921 reconoce el aborto con causales”.
En cuanto a la Convención de los Derechos del Niño, señaló que la Argentina “no ha formalizado reserva”, según se desprende de la ley 23849 de aprobación del tratado.
“El federalismo tampoco puede usarse para alegar la inconstitucionalidad. Una cuestión fundamental es entender cómo opera el principio de supremacía de la Constitución de la Nación, que nos dice que ninguna regla desde el punto de vista provincial puede contrariarla”, expuso la legisladora.
Añadió que “las provincias ya están obligadas a garantizar lo abortos no punibles; que no lo hagan es otro tema. Que se haya tenido que expedir oportunamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación no significa que las provincias no estén obligadas”, insistió.
Sostuvo que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo de noviembre de 2012, hace un balance entre derechos e intereses en conflicto; ha reconocido la protección de la vida prenatal pero en lo que se diferencia dicho interés de la titularidad del derecho a la vida, recalcando justamente que todo intento para proteger dicho interés debe ser armonizado con los derechos de otras personas, en especial de las personas gestantes”.