Santa Fe mantiene 20 ofrecimientos de recompensa para esclarecer delitos

"Vamos a utilizar cada herramienta al alcance de la mano; poner plata en una recompensa no es un problema moral, porque queremos que quien manda a matar y quien mata las pague". Así se expresaba el 5 de diciembre el gobernador Maximiliano Pullaro sobre la modalidad de ofrecer dinero a quien aporte datos que permitan esclarecer un delito. Por esos días, se investigaba la autoría de un video con amenazas hacia su persona y hacia la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich. Para ese caso hubo un ofrecimiento de 10 millones de pesos, pero la disposición provino del gobierno nacional.

Santa Fe cuenta con su propia ley: es la 13.494/2015 que crea el Programa Provincial de Acompañamiento y Protección de Víctimas y Testigos, por un lado, y el Fondo Provincial de Recompensas, por el otro. Los dos programas tienen partida presupuestaria específica.

En este momento la provincia mantiene activos 20 ofrecimientos de recompensas, cuyos montos fueron actualizados meses atrás y promedian los 10 millones de pesos para cada una. Hay una excepción: para quien aporte información sobre el paradero o el cuerpo sin vida de Paula Perassi, desaparecida en San Lorenzo el 18 de septiembre de 2011, la oferta es de 30 millones.

En diálogo con El Litoral, Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, aporta detalles sobre esta modalidad.

- ¿Cuántos ofrecimientos de recompensa hay actualmente en la provincia?

- En nuestra gestión lanzamos 25 y efectivamente vigentes hay 20, porque hay dos que ya se entregaron y tres en las que ya fueron capturados los sospechosos.

- ¿En todos los casos, el monto fijado es de 10 millones de pesos?

- Son 8 y 10 millones para homicidios. Para las búsquedas de paraderos como de (Andrea) Portillo y (Sofía) Delgado, eran de 5 millones porque entendíamos que la persona estaba viva en ese momento. La de Portillo (cuyos restos fueron hallados en julio en la localidad de Ricardone) se cambió a 10 millones y la de Delgado (también hallada, muerta, en un camino rural de esa localidad) no se llegó a notificar porque se esclareció.

- ¿Cómo se protege la identidad de la persona que aporta datos?

- Esa persona tiene que presentarse ante la fiscalía; cualquier fiscalía, tenga o no que ver con el domicilio del hecho. Allí se evalúa el dato aportado y si entiende que es fehaciente, sigue adelante. Por eso es importante que el primer pedidor de la recompensa sea la fiscalía tratante porque ese mismo fiscal es el que tiene que elevar un informe diciendo que el dato aportado es el que llevó al esclarecimiento del hecho y en qué medida lo hizo.

Una vez llegado a ese punto, si la recompensa es de 10 millones, se evalúa si corresponde ese monto o se divide en dos. En el caso de (Marcos) Daloia, el chofer de trolebús asesinado en Rosario el 10 de marzo, habíamos encontrado una parte de los imputados y faltaba otra parte y por eso esa recompensa no se entregó completa.

Volviendo al tema de la confidencialidad, el fiscal entrega ese informe en sobre cerrado, solamente accedemos dos personas a esa información. Luego, tanto el informe del fiscal como la instancia donde se firma a quién se entregó el dinero, se vuelve a guardar en sobre cerrado y el expediente queda en condición de secreto. Esa información no puede ventilarse.

- ¿Es una política que da resultado?

- Lo cierto es que sí. Tiene que ver con estos casos especialmente complejos y mayoritariamente son relacionados con delitos entre desconocidos que, estadísticamente, son los menos. O delitos que tienen que ver con bandas narco criminales, como los casos Daloia y (Bruno) Bussanich (el joven playero de una estación de servicio asesinado también en Rosario en marzo)

Da resultado porque es una instancia en que la gente no tenía información o, en el caso entre desconocidos, no se sabe de dónde vino el conflicto. Cuando nadie conoce a la persona que cometió el homicidio es más difícil buscarlo que cuando tenés una punta del cordón. Así que este es un gran incentivo.

- ¿Cuáles son los últimos casos que pudieron resolver mediante la entrega de recompensas?

- Los casos de Dalioa y Bussanich; en ambos entregamos recompensa. Y luego, el posible homicida de Joaquín Pérez (asesinado en Arroyito, en octubre de 2021) sobre quien aún no hay condena, y por el único prófugo que quedaba por el asesinado de Daloia por el que habíamos lanzado una segunda recompensa.

Además, hay una recompensa muy alta por el caso de Paula Perassi, que tiene que ver con los años que lleva sin resolverse el caso y la dificultad que quedó de manifiesto por llegar a un resultado. Es la única que es a contraprestación del cuerpo. En general se piden datos que lleven al esclarecimiento de un caso y, en este, se está buscando el cuerpo.

- ¿Está prevista una partida presupuestaria específica?

- Si, más allá de la "voluntad" del Ejecutivo en cuanto al lanzamiento o no de recompensas, que la plata quede diferenciada en el Tesoro está establecido por ley.

Qué dice la ley

En su artículo 39, la ley 13.494 estipula que el Fondo de Recompensas está destinado a abonar una compensación dineraria "a aquellas personas que brinden datos útiles para esclarecer o individualizar autores, cómplices, encubridores o instigadores de la comisión de delitos con la finalidad de lograr la aprehensión de quien o quienes hubiesen tomado parte en la comisión de delitos que por su gravedad, complejidad o alarma social causada justifiquen dicha recompensa".

En el 41, precisa que el ofrecimiento de la recompensa es dispuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a requerimiento del Ministerio Público de la Acusación, en una causa judicial determinada y siempre con conocimiento previo del juez a cargo. "A los fines de establecer la oportunidad del ofrecimiento de la recompensa y su monto, se merituarán las circunstancias de hecho en las que se cometió el delito, su complejidad, su gravedad social o institucional y las dificultades para la obtención de información útil", aclara.

El art. 43, en tanto, excluye del procedimiento a quienes hubieren tomado parte en la comisión del delito como autores, cómplices, instigadores, o lo hubieren encubierto; a los miembros de las fuerzas de seguridad o inteligencia nacionales o provinciales, en actividad o retirados; a los funcionarios y empleados públicos respecto de hechos sobre los que tuvieren el deber de denunciar; a toda persona a la que el Ministerio considere, mediante resolución fundada.

En el art. 44 se garantiza que la identidad de la persona adjudicataria de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial, aunque puede ser convocada como testigo cuando su testimonio resultase imprescindible para el avance o resolución del caso (situación en la que se dispondrá lo necesario para la mayor preservación de su identidad).