En 635.000 pesos bajó el martillo el rematador de la cupé Audi A 5, modelo 2011, que con una base de 310.000 pesos marcó el arranque de la segunda subasta de vehículos incautados a bandas delictivas que realizó el gobierno santafesino. Una cuarta parte de los 1.370 anotados se hizo presente en el salón principal de la Esquina Encendida para participar de la puja por los veintiún automóviles y tres motos que formaron parte de este segundo lote que puso a la venta la administración provincial.
Dos ministros -Maximiliano Pullaro de Seguridad, Ricardo Silberstein de Justicia y Derechos Humanos-; el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, el jefe de la bancada oficialista, Rubén Galassi, más secretarios de las dos carteras marcaron la importancia que el gobierno le asignó al acto. “Santa Fe es la única provincia que tiene esta política, por ley, de extinción de dominio” afirmó Pullaro.
Silberstein se detuvo en marcar tendencias a la baja de delitos desde la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal. “El objetivo es afectar el poder económico de las bandas delictivas, golpear al delito en donde más le duele, y darles a los bienes adquiridos ilícitamente un destino que sirva a fines sociales”, resumió Bonfatti. El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, acotó que “estamos invirtiendo los fondos recaudados en insumos deportivos, hospitalarios, culturales y educativos que luego repartimos en instituciones de toda la provincia como clubes, vecinales, asociaciones civiles, hospitales y escuelas”.
Tras el Audi salió a remate la primera de las tres motos que formaban este segundo tramo de subastas.
El primer remate se había realizado en octubre en Rosario. Para tomar parte del acto de ayer, había que inscribirse online a través de la página oficial del gobierno provincial. De los 1.370 anotados, 1.253 viven en territorio santafesino, la mayoría de ellos en la capital (510), seguidos por Rosario (199) y Santo Tomé (68). Los restantes fueron de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Chaco, Tucumán, Chubut y Río Negro.
Los vehículos estuvieron miércoles y jueves para poder ser revisados por los interesados con sus mecánicos. Días atrás habían sido sorteados los martilleros como estipula el decreto reglamentario de la ley sancionada en 2016 que creó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (Aprad) bajo la órbita del ministerio de Justicia.
“Esta política de vanguardia a nivel nacional ataca al delito donde más le duele: en su poderío económico. Santa Fe es la primera y la única provincia en contar con este tipo de reglamentación”, señaló Bonfatti en rueda de prensa junto a Pullaro antes de iniciarse el remate. “No alcanza solo con detener a los delincuentes, a los jefes de organizaciones criminales o trasladarlos a otras provincias para que purguen sus condenas. Es fundamental que el Estado vaya por los flujos económicos de estas organizaciones criminales” acotó el ministro de Seguridad. “Esta ley de extinción de dominio es única en la Argentina, somos la única provincia que tiene una ley de estas características” acotó.
Silberstein, en tanto, aprovechó para dejar algunas estadísticas que -admitió- son tendencias que se verifican desde la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en 2014. Así marcó que entre 2018 y 2014 bajó la tentativa de homicidios dolosos el 21%; el homicidio en ocasión de robo 60%; entraderas 40% mientras que los allanamientos se incrementaron el 20% y la tasa de encarcelamiento 34%. “La política de seguridad seria, ordenada, respetuosa de la ley llega al remate de bienes utilizados para cometer delitos o adquiridos con ese dinero”. Pero además Silberstein se encargó de mostrar diferencias con el gobierno nacional que tiene suspendida la aplicación del sistema acusatorio. “No es un tema menor, esto les complica también la posibilidad de aplicar la extinción de dominio. El sistema ideado por el gobierno nacional de extinción de dominio es sumamente engorroso, tiene que ir a la justicia civil, iniciar una demanda civil con pasos que pueden llegar hasta la Corte. Es un largo camino. En Santa Fe, el modelo es sencillo, los bienes directamente se subastan en el proceso penal y si se acredita lo contrario se devuelve el dinero y si habría un perjuicio, se paga”.
El ministro de Justicia no dudó en marcar que los resultados marcan la pauta de que el sistema funciona aunque admitió que “hay mucho más por hacer y la sociedad tiene todo el derecho a exigirnos más”.
"Al dejar sin plata a los delincuentes le complicamos la situación. Con plata tienen poder y pueden usar logística desde la cárcel. Son definiciones políticas del gobierno provincial”. Maximiliano Pullaro, ministro de Seguridad
Pullaro se negó a polemizar con el intendente de Santa Fe, José Corral, acerca de la supuesta inacción de las fuerzas policiales ente los cortes de vecinos por falta de energía eléctrica especialmente lo ocurrido frente al Mercado Concentrador el martes pasado. “Son las instituciones las que tienen que actuar. Movimos grupos tácticos, trabajamos en cada uno de los cortes entendiendo las dificultades de la gente tras la tormenta. Se actuó, se trabajó, se dialogó, se dialoga mucho y la gente siempre entra en razón. No tuvimos que utilizar la fuerza y siempre se informó al Poder Judicial sobre la situación” señaló.