El gobierno de la provincia de Santa Fe dio a conocer su posición pidiendo la prórroga de la Ley Nº26.093, el Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentable de los Biocombustibles, que tiene media sanción por unanimidad de la Cámara de Senadores de la Nación, y se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados para ser tratada.
"De no aprobarse el régimen actual, la caducidad de la misma ocurrirá el 12 de mayo del 2021, ocasionando la destrucción de una agroindustria que tiene 10 años de vida, y cuya existencia en diez provincias representa el exitoso resultado de un modelo de desarrollo con valor agregado, y de acertadas políticas que se empezaron a implementar en 2006", subraya un parte de prensa del gobierno provincial.
Esta semana, la Casa Gris expresó su posición mediante una solicitada que cuenta con las firmas de las entidades de la producción y las asociaciones empresariales más importantes de la provincia.
Tenés que leerPiden una sesión especial para tratar la prórroga a la ley de biocombustiblesEl comunicado oficial agrega que el presidente de la empresa estatal Enerfe (Energías y Gas Renovables) Juan D´Angelosante manifestó que "no prorrogar la Ley de biocombustibles sería un grave error para la Argentina en general, porque es muy difícil reemplazar la política medioambiental que tiene el país con estos biocombustibles. Además, esta agroindustria representa más de 6 mil puestos de trabajo en la industria de manera directa más todos los puestos de trabajo de manera indirecta que generaría un impacto muy negativo para la provincia de Santa Fe".
"Hay que destacar que esta política de Estado posicionó a la Argentina como líder mundial y a Santa Fe como el polo agroindustrial más eficiente del mundo. Así nuestro país es el primer exportador de aceite, harina y biodiesel de soja a nivel mundial", remarcó D´Angelosante.
"Generar este grave daño a la macroeconomía argentina implicaría reemplazar los biocombustibles con combustibles fósiles importados que se pagan en dólares. En cambio, toda la cadena de valor de los biocombustibles se paga en pesos", subrayó el presidente de Enerfe.
"Además debemos tener en cuenta los aportes medioambientales y el cuidado de la salud que esto representa, ya que los biocombustibles son renovables, biodegradables, no tóxicos y disminuyen la emisión de partículas contaminantes. Es clave el aporte que tienen los biocombustibles en materia de sustentabilidad", explicó el funcionario.
Finalmente, D´Angelosante dijo que "esperamos la prórroga de esta ley para consolidar un camino iniciado en el año 2006 con la incorporación de los biocombustibles en el sector energético y la matriz productiva nacional, y posteriormente, sentarnos a discutir alternativas que permitan desarrollos regionales en la provincia y en el país".
La provincia encabeza esta posición que cuenta con las firmas de entidades relevantes de la economía santafesina y en especial del sector de los biocombustibles.
Se destacan, la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y sus cámaras y empresas asociadas, Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA), Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO).
Del mismo modo, cuenta con el apoyo del Consejo de Entidades Empresarias de Santa Fe compuesto por: FISFE, Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe (FECECO), Bolsa de Comercio de Santa Fe y la Bolsa de Comercio de Rosario, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Provincia de Santa Fe (CARSFE) y la Federación Agraria Argentina, Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario ? Asociación Civil de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (ADEESSA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Cámara Argentina de la Construcción Delegación Rosario, Cámara Argentina de la Construcción Delegación Santa Fe, Consejo Regional Económico del Norte Santafesino (CONEROSA).
Recursos naturales y las garantías del Estado
La diputada nacional Cecilia Moreau presentó un proyecto de ley que busca que los recursos naturales no puedan ser incorporados como garantía directa o indirecta en las operaciones de toma de crédito público que contrae el Estado nacional, provincial o municipal.
Esta iniciativa de inembargabilidad de los recursos naturales tiene un fuerte respaldo del bloque oficialista, que juntó 23 firmas, y se sumó también la del jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón.
"Con esta normativa, el contenido y lo producido en ellos resultaría inembargable, protegiendo la soberanía jurisdiccional y legislativa", explicó Moreau, que destacó que el proyecto busca "resguardar a las futuras generaciones".
Moreau señaló que la propuesta "nace como una forma de proteger los bienes frente a los negociados que se llevaron adelante en el período 2015-2019 con una política de mega endeudamiento, que incluyó hipotecar los recursos naturales del país como garantía de pago de las operaciones de deuda externa".
"En esa oportunidad, el Poder Ejecutivo Nacional, encabezado por Mauricio Macri, estableció jurisdicciones a favor de tribunales extranjeros y no incluyó los recursos naturales entre los ítems inembargables", advirtió.
En este sentido, resaltó que si el país "ingresaba en default, debía someterse a los tribunales arbitrales de Nueva York, Londres y Suiza y, de ser necesario, rematar sus recursos naturales para cumplir con los acreedores".
La iniciativa encabezada por Moreau es acompañada por sus pares del oficialismo Juan Carlos Alderete , Alicia Aparicio, Rosana Bertone, Esteban Bogdanich, Mabel Caparrós, Pablo Carro, Carlos Cisneros, Mayda Cresto, Danilo Flores, Lucas Godoy, Graciela Landrscini, Aldo Leiva, Mónica Macha, Claudia Ormachea, y Ariel Rauschenberger.
También firmaron los legisladores del Frente de Todos Nicolás Rodríguez Saa, Jorge Romero, Nancy Sad, Liliana Schwindt, Daniela Vilar, Liliana Yambrún, Carolina Yutrovic, y el mencionado diputado mendocino José Luis Ramón.