El legislador porteño Roberto García Moritán y el abogado Yamil Santoro, ambos dirigentes de Republicanos Unidos, presentaron una denuncia penal contra el Presidente por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que el Gobierno debe entregar a la ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables. También realizaron una denuncia penal la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y los diputados nacionales de ese partido.
En la presentación de Republicanos Unidos, los dirigentes del partido que preside Ricardo López Murphy cuestionaron la procedencia del recurso que el Gobierno ayer anunció que presentará para lograr la revocación 'in extremis' del fallo dictado por el máximo tribunal del país.
"Queda claro que el anunciado recurso que pretende interponer el Poder Ejecutivo Nacional es una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte, y no subsanar un error material, por lo que resulta a todas luces improcedente, y una mera excusa para intentar justificar torpemente la decisión de incumplir la sentencia", dijeron.
Los dirigentes afirmaron, además, que es improcedente la recusación a todos los jueces de la Corte porque es inoportuna. Y agregaron: "Estamos ante planteos manifiestamente improcedentes con los que se pretende brindar una apariencia de legitimidad a una clara decisión de incumplir la sentencia dictada por nuestro máximo tribunal". Según la presentación, el Presidente "pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aún en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos".
Mirá tambiénCoparticipación: Carrió denunció penalmente a Alberto Fernández y a tres miembros del GabineteJuntos por el Cambio
Juntos por el Cambio avanzó hoy con su decisión de denunciar penalmente al presidente Alberto Fernández por su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la disputa por los fondos de coparticipación reclamados por la Ciudad, ya que considera que está cometiendo los delitos de "alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia".
La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y dirigentes de ese partido, hicieron una presentación ante la Justicia Federal y legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical iban a hacer lo propio.
La denuncia de la chaqueña y referentes de su espacio incluyó al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y a los ministros Eduardo "Wado" De Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía).
Allí, advirtieron que los funcionarios del Gobierno "quieren chocar las instituciones, pero van a perder, no lo van a lograr".
Junto a Carrió, firmaron la demanda el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro; el jefe de la bancada partidaria en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López; las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad Paula Oliveto y Mariana Zuvic; y los ediles porteños Facundo del Gaiso; Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucia Romano.
"Resulta absurdo y contradictorio que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional manifiesten que van a desconocer un fallo dictado por el Tribunal a cuya jurisdicción se sometieron, aceptando así su competencia e integración", señaló el texto.
Y agregó: "Entonces, resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el sólo hecho de resultar adverso a sus pretensiones".
"Las conductas del Presidente de la Nación, el Ministro de Interior, el Jefe de Gabinete, el Ministro de Economía y al menos, la del Gobernador de la Provincia del Chaco, no sólo significan una afrenta al sistema republicano de gobierno, habida cuenta que desafían públicamente a desconocer la autoridad constitucional de uno de los poderes del estado, sino que también debilitan las instituciones republicanas y aparecen como constitutivas de delitos de acción pública", indicó la CC.
A la par, legisladores radicales también recurrirán a la Justicia con la misma acusación contra el mandatario, quien afirmó que el fallo de la Corte Suprema es "inédito, incongruente y de imposible cumplimiento".
"Hay distintos actores: el Presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron notificados; los gobernadores que suscriben en la comunicación y que no sólo incumplen sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte", señaló la diputada nacional de la UCR Mariana Stilman.
En diálogo con Esta Mañana, el programa conducido en esta jornada por Ari Paluch en Radio Rivadavia, la dirigente opositora remarcó que "cada uno de los involucrados deberá responder en la medida de sus acciones y omisiones ante la Justicia" y afirmó que lo que está haciendo el Gobierno nacional es "rebelarse contra la decisión del máximo tribunal".
"En principio, la responsabilidad está en cabeza del Presidente, del jefe de Gabinete (Juan Manzur), del ministro de Economía (Sergio Massa), del Interior (Eduardo `Wado´ De Pedro)", concluyó Stilman, quien recordó que este viernes es "el segundo día de desacato".