No ha habido desde el viernes voceros del gobierno provincial que se refiriesen públicamente a los allanamientos realizados en el Ministerio de Seguridad por supuesto espionaje durante la gestión de Marcelo Sain. Tampoco han hablado los fiscales que llevan adelante la investigación. El fin de semana se consumió entre conversaciones que permitiesen rearmar un nuevo gabinete de Seguridad; y reuniones con la plana mayor de la policía. Omar Perotti permanecía en Rosario, donde se esperaban avances para definir los nombres de al menos algunos de los reemplazantes de los doce funcionarios heredados de Sain, y que dieron un portazo en simultáneo con los procedimientos registrados en las sedes ministeriales de Rosario y Santa Fe. De todos modos, según pudo saber El Litoral, los anuncios llegarían sólo una vez que la Casa Gris haya culminado una ronda de diálogo que ya se inició con la Justicia Federal, y continuará esta semana con legisladores e intendentes.
En el seno del Poder Ejecutivo conviven diferentes hipótesis o versiones sobre lo sucedido. Hay quienes ven en los hechos del viernes, una suerte de actitud conspirativa de actores de la oposición que sólo quieren mellar la imagen del gobernador, y azuzan hasta con un posible juicio político a Perotti. Otros sostienen, en cambio, que la decisión de todo el gobierno provincial será la de ponerse a disposición de la Justicia, y no obstruir ninguna tarea pericial que tengan por delante los fiscales. Sí todos coinciden en sostener que desconocen el tenor real de la documentación que los fiscales lograron secuestrar el viernes.
Tenés que leerCaso Sain: el Gobierno elige el silencio mientras arma una estrategia para abrir la semanaMientras tanto, sigue en pie la convocatoria que ya había formalizado la semana pasada el Poder Ejecutivo para los presidentes de bloques de la Cámara de Diputados. Son los titulares de las 17 bancadas, en su gran mayoría, de la oposición. También concurrirá el presidente del cuerpo Pablo Farías; la vicegobernadora y titular del Senado, Alejandra Rodenas, y su presidente provisional, Rubén Pirola.
La convocatoria se amplió a los presidentes de las comisiones de Seguridad de ambas Cámaras. Así, fueron invitados el diputado Juan Cruz Cándido y el senador Rodrigo Borla. Asimismo, fueron convocados los intendentes de las principales ciudades; Emilio Jatón de Santa Fe y Pablo Javkin de Rosario.
El encuentro comenzó a gestarse la semana pasada, tras las balaceras contra dos locales gastronómicos rosarinos. La oposición celebró que finalmente se tendiese un puente para promover el diálogo; había sido ése uno de los principales reclamos y planteos en los casi dos años de gestión provincial. Los ejes iniciales del temario tenían que ver con los índices de inseguridad y violencia que van in crescendo. El tema será ineludible, pero también lo será la inusitada situación institucional generada en la provincia a partir de los allanamientos del viernes. En tal sentido, la oposición espera escuchar de boca del gobernador cuál es su posicionamiento frente a los hechos. "Lamentablemente, esta reunión llega casi dos años tarde pero además, llega en el peor momento porque a la crisis de violencia se suma la institucional que se vive en Santa Fe tras la renuncia masiva en el Ministerio de Seguridad y los allanamientos por presunta inteligencia ilegal. Necesitamos que el gobernador y su gestión hagan una presentación pública poniéndose a disposición de la justicia y aportando todos los datos que tengan para apoyar y fortalecer el trabajo y las investigaciones del MPA", dijo el diputado socialista Joaquín Blanco a El Litoral. "Hemos retrocedido dos años en esta materia; necesitamos certezas", reclamó.