El bloque oficialista en la Cámara de Senadores planea tratar “enseguida” el proyecto de ley de expropiación de la cerealera agroexportadora Vicentin, que el Gobierno Nacional intervino la semana pasada en medio de una crisis financiera y un concurso de acreedores.
“Si el Gobierno envía el proyecto de la expropiación lo vamos a tratar enseguida”, aseguró este lunes el jefe de bancada oficialista en la Cámara Alta, José Mayans, en una entrevista con La Nación.
Aunque no dio marcha atrás con la decisión, el presidente Alberto Fernández comentó el domingo que si surge una propuesta superadora a la expropiación la tendrá en cuenta.
Tras anunciar la expropiación, se produjeron algunas manifestaciones en el norte santafesino así como renuncias en el gabinete del gobernador Omar Perotti, quien estaba a favor de la intervención pero no de la expropiación.
Además, aparecieron diversas críticas de los expertos en materia judicial debido a que consideraron un “atropello” que el Estado intervenga en un concurso de acreedores que está a cargo de un juez.
Las repercusiones del anuncio generaron tensión en el oficialismo, que organizó una reunión con los dueños de la empresa y el gobernador santafesino para buscar una solución más dialogada y menos unilateral.
Vicentin es una empresa argentina de más de 90 años y es una de las cerealeras que más exporta en el país, con una facturación de U$ S 4.000 en el último año, lo que no impidió que la firma ingrese en una profunda crisis financiera con U$ S 1.500 millones en deudas con bancos nacionales, fondos de inversión y la banca pública.
Quienes investigan la empresa consideran que hubo un desvío de fondos a cuentas en el exterior, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales, por lo que se intentó disfrazar una falsa quiebra de la compañía.
Los representantes legales de Vicentin Saic analizaban la posibilidad de presentarse hoy en tribunales federales, cuestionando el DNU del Presidente Alberto Fernández ordenando la intervención de la empresa. Sergio Nardelli le había advertido al jefe de Estado, durante el encuentro en Olivos con la mediación de Omar Perotti, que la empresa estaba dispuesta a defender su posición.
El cuestionamiento legal de la firma a la decisión del jefe de Estado será en tribunales federales y en la jurisdicción de la Casa Rosada, para no interferir o complicar el proceso del concurso que lleva adelante el juez de Reconquista. Pero también habría presentaciones empresarias en el despacho de Fabián Lorenzini.
La empresa recurriría a la justicia comercial para cuestionar la injerencia de Gabriel Delgado en el proceso concursal, ya que -entienden- se podrían lesionar derechos de los acreedores, entre ellos el Banco Nación. Si bien la directiva de la firma “dejó entrar” a la intervención a la sede administrativa en Reconquista, se confeccionaron dos actas: una para ceder la dirección y otra para dejar en claro la disconformidad de los gerentes empresarios.
“Que no caiga en manos extranjeras”, es ahora el principal argumento expropiador. Lo ha dicho el presidente y figura en un “instructivo” que los legisladores kirchneristas recibieron desde las conducciones del Frente de Todos. En el Senado, el proyecto -que aún no se conoce- no tendría inconvenientes debido a la relación de fuerzas, en la que el oficialismo dispone de “quórum propio” para sesionar y sancionar si la voluntad interna es homogénea. El tema es en Diputados; Roberto Lavagna se ha manifestado en contra y eso arrastra voluntades, incluso eventualmente la del “massismo”, que podría convertirse en el “Cobos” del caso, si la paridad es tan cerrada como se presume.