El Senado vivió una jornada histórica el jueves 13 de septiembre de 2024, cuando la oposición logró una abrumadora victoria política al sancionar la ley de financiamiento universitario, que actualiza mensualmente el presupuesto de las universidades nacionales en función de la inflación. La norma, que fue aprobada con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, promete generar una fuerte tensión con el Gobierno de Javier Milei, quien ya ha adelantado su intención de vetarla.
Este proyecto ha sido respaldado por un amplio espectro de fuerzas políticas, incluyendo radicales, kirchneristas, partidos provinciales y bloques menores. Todos ellos coincidieron en la necesidad de recomponer el presupuesto de las universidades, tras años de ajustes que, según argumentan, han comprometido seriamente su funcionamiento. La única oposición relevante provino de la bancada libertaria y de algunos senadores del PRO, que mostraron divisiones internas al votar.
El presidente Milei, que ya había enfrentado una movilización masiva en abril de este año por su negativa a incrementar los fondos para la educación superior, ahora se enfrenta a una situación compleja, ya que el veto de esta ley podría tener un alto costo político.
Un presupuesto atado a la inflación: el eje de la ley
La ley aprobada establece una actualización automática del presupuesto universitario en base a la inflación, con retroactividad al 1 de diciembre de 2023. Este mecanismo se aplicará de manera mensual, lo que permitirá a las universidades recibir los fondos necesarios para cubrir sus gastos operativos sin la necesidad de recurrir a ajustes periódicos por parte del Congreso.
El senador Flavio Fama (UCR-Catamarca), uno de los principales defensores del proyecto, argumentó que la ley no incrementa los fondos universitarios, sino que protege el poder adquisitivo del presupuesto ya asignado. "Esto no es un aumento, es una defensa frente a la inflación", afirmó Fama, quien además destacó que el 90% del gasto universitario se destina a los salarios de docentes y no docentes.
Por su parte, desde el oficialismo, el senador Bruno Olivera (San Juan) criticó duramente la iniciativa, señalando que no especifica de dónde se obtendrán los fondos para cubrir el incremento presupuestario. "No podemos aprobar leyes sin tener claro de dónde saldrá el dinero", sostuvo Olivera, quien advirtió sobre posibles problemas de administración financiera si se implementa la norma sin un plan claro de financiamiento.
Tensión en el Congreso: Milei vetará la ley
El presidente Javier Milei ha mantenido su postura de rechazo a cualquier incremento del gasto público sin un respaldo financiero sólido. Siguiendo la línea de su discurso, anunció que vetará la ley de financiamiento universitario, como lo hizo anteriormente con la ley de recomposición de las jubilaciones. Esta decisión ha generado críticas tanto en la oposición como en sectores del oficialismo, que consideran que el veto podría tener consecuencias negativas para la educación y la investigación en Argentina.
El kirchnerista Daniel Bensusán (La Pampa) fue especialmente crítico con Milei, señalando que "hablar de insertar a Argentina en el mundo mientras se recortan fondos para las universidades es contradictorio". Bensusán subrayó que las universidades son clave para el desarrollo estratégico del país, tanto en términos de investigación como de formación de profesionales.
El próximo domingo, Milei asistirá al Congreso para presentar el presupuesto nacional 2025, y se espera que esta ley, junto con otras medidas relacionadas con el gasto público, se conviertan en el centro del debate.
La ley sancionada también prevé la realización de auditorías sobre la ejecución de los fondos universitarios, una cláusula impulsada por la UCR para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos. A pesar de este control, el debate sobre la sustentabilidad financiera del proyecto sigue abierto y promete ser uno de los ejes de la discusión política en las próximas semanas.