El plenario de comisiones del Senado de la Nación dictaminó en favor del proyecto que incrementa las jubilaciones en un 8,1% y modifica la fórmula de movilidad, por lo que esa iniciativa podría llegar al recinto la semana próxima.
El proyecto incrementa los haberes jubilatorios en un 8,1% y modifica la fórmula de movilidad al plegarla al Índice de Precios al Consumidor para su actualización mensual.
El plenario de comisiones del Senado de la Nación dictaminó en favor del proyecto que incrementa las jubilaciones en un 8,1% y modifica la fórmula de movilidad, por lo que esa iniciativa podría llegar al recinto la semana próxima.
En la reunión, desarrollada en el Salón Illia de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, discutieron dos proyectos de ley, el devenido en revisión de Diputados, sobre movilidad previsional y de la seguridad social, y otro que plantea cambios, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional.
El kirchnerismo y una porción de la UCR sellaron en el Senado un acuerdo implícito para dictaminar el proyecto que ya había tenido media sanción de la Cámara de Diputados en junio pasado. Para alcanzar este acuerdo desplegaron la misma maniobra que habían motorizado los bloques dialoguistas en la Cámara baja, aunque con algunas excepciones.
El dictamen de mayoría, de acuerdo a la información brindada por la agencia Noticias Argentinas, se compuso en el Senado por la totalidad de los integrantes kirchneristas del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión, sumado a los radicales Martín Lousteau y, en disidencia, Pablo Blanco.
En tanto, el senador José María Carambia, de posiciones zigzagueantes, también acompañó ese dictamen.
Uno de los radicales que amagó con firmar, pero que finalmente no lo hizo, fue Daniel Kroneberger, mientras quedó en suspenso la rúbrica de la senadora Mónica Silva, de Río Negro. Esa provincia, al mando del gobernador Alberto Weretilneck, viene de ser beneficiada con la inversión de YPF y Petronas para la megaplanta de gas natural licuado (GNL), con el guiño del Gobierno.
Por otro lado, el oficialismo, con la voz cantante del senador y titular de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, había puesto sobre la mesa un dictamen propio que cosechó pocas adhesiones, entre ellas la de dos radicales: Eduardo Vischi y Víctor Zimmerman, ambos en disidencia.
Ese texto contenía las principales modificaciones que fueron motorizadas por el Ministerio de Economía, tras las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, la semana pasada.
Además del aumento del 8,1 que recompone la pérdida de enero en las prestaciones, el proyecto que logró el apoyo mayoritario pliega la fórmula al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para su actualización mensual y establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50 por ciento la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.
También fija que el haber mínimo será de 1,09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, y acuerda que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional.
Los cambios principales a los que apostaba la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda pasaban por la eliminación de los artículos 2, 4 y 10.
Si bien aceptaba la recomposición del 8,1, el Ejecutivo había propuesto que no fuera de carácter retroactivo, sino que su aplicación fuera ejecutada posteriormente a la sanción del proyecto.
El artículo 2 del proyecto original, y sobre el que ahora acordaron el kirchnerismo y parte de la UCR, establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50 por ciento de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.
El artículo 4 fija que el haber mínimo será de 1,09 respecto del valor de la canasta básica total, mientras que el 10 obliga a cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y pagar las sentencias firmes.