Sábado 19.3.2022
/Última actualización 11:18
Todos los bloques del Senado provincial mostraron su respaldo a una iniciativa del radicalismo que propone a la Casa Gris que convoque a la Junta de Seguridad Urbana, para invitar especialmente a las asociaciones de familiares de víctimas de la inseguridad.
El proyecto de comunicación de los integrantes del bloque de la UCR, que fue firmado por todas las bancadas, fue presentado sobre tablas por Lisandro Enrico quien -para dejar descansar la garganta del jefe de bloque Felipe Michlig- tuvo la tarea de presentar los proyectos de la bancada.
El tema se aprobó como uno más de los asuntos a tratar sobre tablas (que no despiertan diferencias entre los legisladores y fueron acordados antes de la sesión), pero Enrico lo destacó en otro momento de la sesión, al hablar de un caso en la ciudad de Cañada de Gómez (Iriondo) en el que fue arrestado con 40 días de prisión -y luego liberado ante la reacción pública- un policía que ingresó sin orden judicial a un estudio jurídico, en el que se había refugiado un presunto delincuente en fuga, que posee frondosos antecedentes, según el legislador.
La preocupación por la situación de la víctimas y sus deudos fue el tema central de una reunión especial que se celebró en el recinto de la Cámara alta, presidida por la vicegobernadora Alejandra Rodenas, que contó con los senadores radicales Enrico y Rodrigo Borla, así como los justicialistas Armando Traferri, José Baucero, Guillermo Cornaglia, Miguel Rabbia y Alcides Calvo. Hablaron con familiares y allegados de víctimas de inseguridad, y a asociaciones civiles que los representan.
El tema central fue dialogar sobre distintos puntos del Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, presentado por el diputado provincial Oscar Martínez (PJ), que actualmente cuenta con media sanción de la Cámara baja.
Enrico habló del mensaje que se transmite a la policía si uno de sus integrantes es llevado a prisión por cumplir con su deber. Dijo que podía ser analizado el desempeño del agente, estudiado su comportamiento pero subrayó que de ninguna manera pude penarse con esa cantidad de días al agente preguntó cuál es el riesgo procesal para que se tome una medida de esa naturaleza.
Destacó que hubo una oportuna marcha atrás sobre esa decisión judicial "desagradable, absurda y repudiable", que una movilización de vecinos cañandenses reclamó su liberación y que "el que vaya preso sea el presunto delincuente", que había huido a toda velocidad en su vehículo sin patente para refugiarse "en el estudio jurídico de su abogado, el Dr. Luis Rossini conocido por defender a delincuentes, una persona que le hace daño a esta provincia, vinculado al juego clandestino y a los aprietes a senadores de este cuerpo. Fue ese abogado quien le hizo una denuncia por cinco causas al policía"
"Se nota que Luis Alberto Pais es un buen policía, detectó a un conocido delincuente de apellido Cabrera y trató de cumplir con su deber". Tal fue la indignación popular que "en cuestión de horas, debió hacerse una audiencia para borrar esta vergüenza del juez y del abogado que debió haberle dicho a su cliente que se ponga a disposición de la autoridad policial. Ha sido un dislate que terminó con el pueblo de Cañada de Gómez en la calle". Hablé con el ministro de Seguridad Jorge Lagna y por supuesto mostró su total respaldo al agente, relató
"Que quede claro que el Senado de Santa Fe no mira para otro lado y que a la buena policía hay que respaldarla como corresponde", dijo Enrico.
De inmediato adhirieron otros senadores. Joaquín Gramajo (PJ-Nes-9 de Julio) dijo que "mientras tengamos esta justicia de estilo zaffaronista seguirán libres los delincuentes y tras las rejas en sus casas los buenos ciudadanos".
Rubén Pirola de la misma bancada también condenó la sanción al policía pero advirtió que en su ofuscación, Enrico había caído "en una generalización injusta" para con todos los jueces que no comparte. Con iguales opiniones se manifestó luego el presidente del bloque Lealtad, Alcides Calvo (PJ-Castellanos) que aseguró que para el ministro de Seguridad y el gobierno provincial es central dar garantías al trabajo policial.