Silberstein dijo que en 2017, hubo 102 adopciones en la provincia

El Litoral
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En el 2017, se concretaron en la provincia alrededor de cien adopciones. Así lo confirmó el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, en el marco de un acto en el que se repasó el trabajo del RUAGA (Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos) durante todo el año. Según destacó el funcionario, ese número “triplica” el registrado durante 2016. El ministro admitió que el dato, si bien evidencia un crecimiento de las adopciones, sigue siendo “bajo”, esencialmente si se considera que en el Registro hay más de mil personas interesadas en adoptar. “La intención es que el próximo año se pueda duplicar el número que tuvimos en 2017”, planteó.

Silberstein entendió que el bajo número de adopciones en la provincia obedeció, en buena medida, a un sistema que presentaba falencias y dificultades. Y destacó que a partir de un nuevo decreto reglamentario del gobernador Miguel Lifschitz, fue posible sistematizar el trabajo y depurar el Registro.

A un año

Precisamente esta semana se cumplió un año de la firma de aquel decreto, y el gobierno aprovechó la ocasión para hacer un balance de lo realizado durante el período. El acto estuvo presidido por el propio Lifschitz, quien destacó el trabajo desarrollado conjuntamente por los ministerios de Justicia y de Desarrollo Social.

“Por un lado -dijo el gobernador-, cientos de chicas, chicos y adolescentes para los cuales los jueces habían dispuesto medidas excepcionales y planteado la situación de adoptabilidad. Chicos con historias de desamparo, abusos, violencia, vulneración de derechos, que permanecían institucionalizados y sin ninguna chance de encontrar una oportunidad, una familia, una perspectiva de desarrollo, de integración y de inclusión para sus vidas; y por otro lado, cientos de familias, potenciales padres o madres que durante años esperaban la oportunidad de encontrar un niño o una niña para adoptar y, con ello, completar su familia o formarla”.

El mandatario destacó que “en el medio de ambas partes se encontraba el Estado, que debería generar los vínculos entre esos niños y niñas y las potenciales familias. Un Estado -alertó- que en vez de convertirse en un puente se había convertido en un obstáculo, en una barrera casi insalvable difícil de trasponer”. Según planteó, la gestión ha encontrado el camino para “entender los problemas de los niños y de esos padres que buscaban una familia”.

Pautas

El secretario de Gestión Pública, Matías Figueroa Escauriza, por su parte, consideró que a un año de la firma de aquel decreto reglamentario “se generaron pautas de trabajo desde el Ruaga, que permitieron definir una única lista provincial para la gente que quiere llevar a cabo una adopción”. De esa forma, quien tiene “mayor antigüedad es el que se inscribió primero”.

Entre las variables objetivas, el funcionario mencionó también “el sexo, la edad, si aceptan o no niños con patologías, y si aceptan o no -y hasta cuántos- grupos de hermanos. El criterio fue idéntico en toda la provincia para generar transparencia”, explicó.

El funcionario admitió que los inscriptos en el Registro “no tenían la disposición y las evaluaciones de psicólogos y trabajadores sociales. Esto parece un mero acto administrativo -consideró-, pero había gente que estaba esperando más de 10 años que la evalúen. Así que las invitamos a acercarse a los nodos para que tuvieran fecha firme de evaluación, y eso generó muchas emociones en todos los aspirantes”.

Según dijo, “todas las personas fueron evaluadas, a partir de lo cual se emitieron al día de hoy casi 1400 disposiciones contra las 30 de 2016”.

“Sabíamos que había 1750 familias pero no teníamos en claro si las mismas mantenían su voluntad de seguir inscriptas”, explicó.

Finalmente, la directora provincial de Registros, María Alejandra Kosak, destacó “el compromiso de los colegios de profesionales y de los trabajadores del Registro. Hoy podemos decir que aquello que nos parecía muy lejano es una tarea concluida”, finalizó.

Nuevo régimen de licencias

Durante el acto, se anunció un cambio en el régimen de licencias de los trabajadores públicos en casos de adopción. Se trata de un decreto que firmó el gobernador y que equipara el beneficio para los agentes estatales que adopten chicos de hasta 18 años. El régimen de licencia y los regímenes especiales de docentes establecían vacaciones para quienes adoptaban chicos de hasta 12 años. En ese marco, si alguien adoptaba un chico de 13, no contaba con el acompañamiento del Estado en las licencias laborales. La licencia será por sesenta días. Matías Figueroa reveló que la decisión surgió a partir de la adopción de una niña de trece años por parte de una docente, que en virtud de la edad de la niña no podía acceder a la licencia correspondiente.

El Estado está entre los niños y los posibles padres adoptantes. Un Estado que en vez de convertirse en un puente, se había convertido en un obstáculo, en una barrera casi insalvable difícil de trasponer”, Miguel Lifschitz, Gobernador.