La situación de los detenidos en dependencias policiales del departamento La Capital alcanzó por estos días un punto límite. Marzo había cerrado con 333 presos alojados. Durante la semana pasada, las comisarías habían llegado a albergar a 354 internos; este martes, el número creció y ascendió a 372, según datos oficiales a los que accedió El Litoral. La cifra representa casi el cuádruple de la capacidad de alojamiento que poseen las comisarías del departamento; las plazas disponibles son sólo 106, según datos proporcionados por el Ministerio Público de la Defensa.
Las autoridades tanto del gobierno de la provincia como del Ministerio Público de la Defensa coinciden en señalar que es La Capital uno de los departamentos en los que se registra el mayor problema de superpoblación de presos en comisarías. La problemática había sido muy crítica en Rosario, pero se resolvió a partir de la habilitación de una alcaidía. En Santa Fe, está en construcción, en las inmediaciones de la cárcel de Las Flores, pero hasta tanto no se concluya, la situación seguirá siendo prácticamente de colapso.
El fenómeno se da en el marco de cárceles saturadas, y de alcaidías y celadurías en la región que también están sin capacidad, como las de Rafaela, Reconquista y Melincué.
De la tendencia ascendente que ha tenido la población penal en sede policial en los últimos años – era de 287 en setiembre del año pasado; es de 372 en abril- deriva una situación de extrema gravedad en términos de hacinamiento. Ello queda a la vista a partir de una radiografía que muestra disponibilidad de plazas y cantidad de detenidos por comisaría. Así, con los datos actualizados de esta semana, aparecen dependencias con capacidad para diez pero en las que hay 35 detenidos; otras con 9 plazas pero con 26 presos, una con doce lugares pero con 39 alojados, o una con cuatro celdas, pero albergando a catorce detenidos.
Las comisarías dependen del Ministerio de Seguridad, por lo tanto, el personal que ejerce la vigilancia y cuidado de los internos es policial; no cuenta con el entrenamiento de los agentes penitenciarios. Ello, más el escaso número de policías afectados a cada dependencia asociado a la superpoblación, deriva en otro problema recurrente: las fugas, muchas veces masivas, de las comisarías de la ciudad.