A través del Decreto 465/2024 se anunció una reestructuración integral de los subsidios energéticos. Se busca una transición gradual y ordenada hacia un modelo que refleje los costos reales de la energía, impulse la eficiencia y asegure el acceso a los servicios básicos para los sectores más vulnerables de la sociedad.
El nuevo enfoque, respaldado por una serie de medidas detalladas, tiene como objetivo corregir las distorsiones existentes en el sistema de subsidios y abordar los desafíos financieros y operativos que enfrenta el sector energético argentino.
Uno de los pilares fundamentales de esta reestructuración es el establecimiento de un "Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados". Este período, programado para extenderse desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2024, se propone como una fase de ajuste gradual en la que se implementarán cambios progresivos en el régimen de subsidios.
Durante este período de transición, se llevarán a cabo una serie de acciones clave para lograr los objetivos delineados en el decreto. Entre estas acciones se incluye la fijación de topes en los volúmenes de consumo subsidiado para usuarios residenciales, tanto en electricidad como en gas. Estos topes se basarán en criterios como el consumo indispensable y la zona bioambiental, con el objetivo de promover un uso más eficiente de la energía.
Además, se aplicarán descuentos sobre el componente de energía para usuarios residenciales clasificados en los niveles 2 y 3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Estos descuentos se calcularán en función de los volúmenes de consumo hasta el límite establecido, incentivando así la moderación en el uso de energía.
El decreto también contempla la revisión y modificación de los criterios de inclusión en los diferentes niveles de segmentación del RASE, así como la posibilidad de establecer criterios de exclusión basados en indicadores de ingresos. Esta medida busca garantizar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan, evitando así la asignación inadecuada de recursos.
Otro aspecto importante de la reestructuración es la creación de un mecanismo de compensación para las licenciatarias o concesionarias de servicios de distribución que experimenten pérdidas debido a la reducción de subsidios durante el período de transición. Esta medida tiene como objetivo proteger la estabilidad financiera de las empresas mientras se lleva a cabo el ajuste del sistema.
Además de estas acciones específicas, el decreto otorga facultades a la Secretaría de Energía para dictar normas complementarias y establecer los procedimientos necesarios para la implementación efectiva de la reestructuración. Esto incluye la coordinación con otros organismos públicos y la integración de información entre diferentes bases de datos para garantizar una gestión eficiente del proceso.