El Litoral | politica@ellitoral.com
Otros tres empresarios de la construcción se presentaron ayer ante el fiscal Carlos Stornelli como arrepentidos en la causa de los Cuadernos de las Coimas.
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Tres nuevos empresarios, entre ellos una mujer, -la primera arrepentida- se presentaron ante la Justicia y declararon ayer por la tarde como colaboradores en la causa en que se investiga una cadena de recaudación ilegal de fondos durante el kirchnerismo.
Los empresarios que declaran en la fiscalía de Carlos Stornelli son Luis Losi, de la constructora Luis Losi SA; Patricio Gerbi, de la firma Coarco y Cecilia Sztemberg, de la empresa Equimac.
Quedaron envueltos en la investigación cuando el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, explicó que Julio de Vido en 2004 lo citó en su despacho para decirle que por orden de Néstor Kirchner debía garantizar el éxito de las licitaciones según los intereses del Gobierno porque la obra pública iba a ser uno de los métodos de la recaudación de dinero para la política.
Dijo que las empresas compraban los pliegos y se reunían en diversos lugares para definir el ganador de la licitación. Entre las empresas mencionó a Perales Aguiar, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco.
Al verse mencionados, los representantes de Losi, Coarco y Equimac se presentaron ante la fiscalía con sus abogados para aportar información y evitar una acusación penal mas grave.
Seguirán detenidos
Los detenidos de la causa de los cuadernos de las coimas seguirán detenidos. Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal rechazaron liberar a siete empresarios y exfuncionarios que habían pedido su excarcelación. Los detenidos hasta el momento en el marco de ese expediente son 14.
Los acusados cuyas excarcelaciones fueron rechazadas son: Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería; Carlos Mundin, de BTU; Rafael Llorens, de Legales del Ministerio de Planificación; Walter Fagyas, expresidente de Enarsa; Fabián García Ramón, exasesor de Planificación; Hernán Gómez; exasesor de esa cartera y Nelson Lazarte, exsecretario de Roberto Baratta.
La decisión fue de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes consideraron que existe peligro de que los acusados en libertad puedan afectar la investigación dado que aún restan realizar medidas de prueba como allanamientos, detenciones y nuevas citaciones de testigos e imputados.
Thomas y el manejo del dinero
Oscar Thomas es el único exfuncionario con pedido de captura emitida por el juez Claudio Bonadío que no se presentó a la Justicia. Más aún: su abogado sostuvo que se mantendrá prófugo y que no tienen previsto presentarse ante tribunales hasta que no le aseguran ciertas pautas de tratamiento.
Su ausente frente la Justicia no es el único hecho polémico que involucra a Thomas, representante de la Argentina en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante todo el kirchnerismo y hombre mencionado en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como quien le acercó dinero de manera ilegal a Roberto Baratta.
El ex jefe de Yacyretá se dio a sí mismo y a su equipo de mayor confianza una indemnización millonaria que estuvo disponible para su cobro desde el primer día de gestión del presidente Mauricio Macri y un día después de la salida Cristina Kirchner, quien había puesto en el cargo a Thomas, hombre de confianza del exministro de Planificación, Julio De Vido.
Según los registros oficiales que vio La Nación, el único prófugo en la causa de los cuadernos habilitó un reintegro cercano a los $ 17 millones para sus principales colaboradores. Entre ellos figuran él mismo ( ,30 millones), Daniel Mugherza ($ 3,23 millones), Mirta Susana Monti ($ 3,398 millones), Jorge Romero ($ 3,19 millones) y Raúl Noceti ($ 3,13 millones). Los últimos cuatro eran consejeros por el lado argentino.
En agosto de 2012, Thomas había habilitado mediante una resolución el pago de una doble indemnización para quienes tuvieran al menos una década de trabajo en Yacyretá, algo que se cumpliría al año siguiente.