Con el eje en la prevención, la especialista Gabriela Olivera explicó que se buscó evitar que los consumidores de marihuana deban relacionarse con delincuentes para conseguirla. Y a la vez, se provee atención gratuita a los adictos con fondos decomisados al narcotráfico.
Mario Cáffaro
Gabriela Olivera es asesora de la Junta Nacional de Drogas de la República de Uruguay -especialista en Formación y Entrenamiento para la Prevención del Abuso de Drogas, graduada en Richmond (Estados Unidos)- y estuvo en Santa Fe dictando una conferencia sobre “Consumo de sustancias. Trayecto formativo para equipos territoriales” invitada por el gobierno santafesino.
—En el tema drogas, más allá de lo relativo a la seguridad, la otra mirada es cómo ayudar a los jóvenes y cómo prevenir las adicciones.
—En la Junta Nacional de Drogas de Uruguay se privilegian los aspectos preventivos, y sobre todo en las drogas que son las puertas de entrada a los consumos en general como son el tabaco y el alcohol. Hoy, se ha demostrado que cualquier persona que consume marihuana ya estaba iniciada en el consumo de alcohol y tabaco. Cuando se hacen estudios de mayor trayectoria de vida, se demuestra que las personas tienen conocimiento de lo que es fumar y de lo que es tomar desde muy temprana edad, desde la socialización en la familia. Algunos tienen la suerte de estar en una familia donde hay alcohol pero no se toma todos los días, ni ve fumar dentro de la casa. Es decir, sabe que hay sustancias pero también conoce el manejo y que las personas la pueden controlar, que las sustancias no son algo animados por sí mismo. Se dice “el flagelo de la droga” como si existiera una animación en la droga que pueda flagelarnos y hacernos daño. En Uruguay, se privilegia el trabajo con las sustancias, no se oculta la información, se capacita al personal educativo, al personal social y al personal sanitario.
El consumo de tabaco ha bajado espectacularmente desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Él reglamentó el uso del tabaco y se dejaron de lado todas aquellas contradicciones que había en el Uruguay que se le enseñaba a chicos y chicas que no se debía fumar, sin embargo salían con sus padres y en un restaurante le fumaban al lado. No había educación suficiente en el mundo adulto que protegiera a menores del humo del tabaco ambiental. Cuando se reglamenta y se prohibió fumar en espacios cerrados hubo una fuerte resistencia de comerciantes; fue todo un proceso. Hoy bajó el consumo hasta de los fumadores.
—¿Cómo se entiende esta política con la legalización de la marihuana?
—Se apuesta a una reglamentación nueva de la sustancia como se hizo con el tabaco. También hay mucha resistencia. Nos enfrentábamos a un problema y es que había personas adultas, sanas, que toman sus decisiones, que consumen marihuana y que estaban delinquiendo para conseguirla porque tenían que tener vínculo con personas que estaban haciendo una actividad ilegal. Primero tratar de proteger a las personas que sí quieren conseguirla y pueden autocontrolar su consumo que lo pudieran hacer y, en segundo lugar, que tengan espacio de salud para aquellos que saben que consumen desde hace tiempo y tienen un problema. La otra parte es la económica que tiene que ver con la venta ilícita. Hay un antecedente muy importante que fue la creación del fondo de bienes decomisados.
El presidente de la Junta Nacional de Drogas es el prosecretario de la presidencia de la Nación. En el primer gobierno de Tabaré era su hermano, Jorge Vázquez que cuando reunió a los técnicos pidió qué hacer y al unísono dijimos que era necesario crear centros gratuitos de atención. Se crearon, después para hacer una buena atención y prevención en drogas, hizo falta dinero. Se creó el fondo de bienes decomisados a los traficantes de drogas. Este fondo permite los cambios que se están dando hoy en Uruguay.
—El fondo les permite tener centros de admisión estatales. ¿Cómo funciona el sistema?
—Somos un país chico, de 3.400.000 habitantes. Tenemos un centro de derivación por departamento (son 19), centros de entrada, centros ciudadela; los centros residenciales (regionales) y centros ambulatorios, de escuchas, más centros de proximidad que tienen un anclaje territorial y una modalidad de intervención comunitaria.
—¿Qué población tienen en tratamiento?
—De las personas que consumen drogas, un 5 - 7% tienen problemas importantes. Hay gente que consulta a los centros sin tener problemas mayores. Consultan familiares porque los chicos están empezando a tomar alcohol o están experimentando con marihuana. Los centros ciudadelas son muy amigables, van los docentes que quieren preparar un taller y se llevan material educativo; va personal de salud para hablar con colegas para aprender otras herramientas de manejo; van padres y también usuarios. Básicamente, hay allí psicólogos, educadores, trabajadores sociales y un médico por centro; en tanto, si la persona tiene un problema, se la deriva al segundo nivel.
—¿Ha bajado el consumo?
—Sí pero el problema que seguimos teniendo es el alcohol, droga libre, con menos limitaciones. Todavía tenemos mucho para trabajar en la comunidad. Hay que abocarse en un anclaje territorial para prevenir a la gente sobre el tema.
—¿Cuál es la mejor política preventiva?
—La educativa es la mejor prevención. Se la puede incorporar en el trabajo de aula que es lo que se viene trabajando en Uruguay desde hace 15 años y con los padres. Cuanto más chicos, más compromisos de los padres. Tenemos dos programas familiares, uno de 8 y otro de 4 sesiones, que se aplican sistemáticamente. Son escuelas de padres donde se trabaja el tema de las drogas donde hay otras sesiones de comunicación familiar, manejo de la ira, búsquedas de alternativas, toma de decisiones. Tenemos equipos multidisciplinarios de apoyo a los docentes por si no están preparados para abordar dichos temas, equipos que asistan y si hay chicos con problemas los derivan, el secundario no los trata, pero abre una puerta porque la familia entra por el centro educativo. El circuito de pertenencia es el educativo.
“En Uruguay, se privilegia el trabajo con las sustancias, no se oculta la información, se capacita al personal educativo, al personal social y al personal sanitario”.
Zonas rojas —Con cocaína y otras drogas, ¿tienen problemas? —Es muy ínfimo el consumo. Cuando hacemos el mapa de Uruguay, tenemos dos zonas rojas con dos épocas diferentes. Uno es todo el verano, el circuito turístico, y todo lo que tiene que ver con Maldonado, Rocha, donde arde el alcohol, marihuana y drogas sintéticas y tenemos el otro circuito de barrios con cierto nivel de exclusión donde está la pasta base. La Junta Nacional de Drogas la forman diez ministerios, pero trabajan muy estrechamente Salud Pública, Desarrollo Social, Instituto de Niños, Niñas y Adolescentes y Poder Judicial. Ése es el núcleo. Obviamente, si una persona hace tratamiento y necesita vivienda se toca esa área, etc. Hay “casas de medio camino” que han resultado espectaculares y son una alternativa porque es una salida de aquellos que tuvieron problemas y no deben volver en forma inmediata al núcleo original donde se originaron los problemas.
" Se habla mucho sobre políticas públicas pero si no hay gobernantes consustanciados, si no hay efectores ni agentes en el territorio llevándolas adelante, todo lo que se dice queda diluido”. Alberto Föhrig, doctor en Ciencias Políticas.
“Cuando se hacen estudios de mayor trayectoria de vida, se demuestra que las personas tienen conocimiento de lo que es fumar y de lo que es tomar desde muy temprana edad, desde la socialización en la familia”.