Transporte: amparo contra la eliminación de los subsidios

La Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (FunDESC), presidida por Roberto Sukerman, presentó una Acción de Amparo Colectivo contra la eliminación de los subsidios nacionales para el transporte público.

La presentación quedó radicada este lunes en el Juzgado Federal No. 1, a cargo del juez Gastón Salmain, y solicita que "se declare la vigencia del 'Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País', creado por Ley Nacional N° 27.467 (cf. art. 125), y prorrogado por Ley Nacional N° 27.701 (cf. art. 81)".

Del mismo modo, pide que "se declare y resuelva que el 'Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País" está integrado por la suma de pesos ochenta y cinco mil millones ($ 85.000.000.000) como piso, con más un 211,4%, equivalente a la inflación producida durante el año 2023 (correspondiente al Índice de Precios al Consumidor para el año 2023, publicado por Indec) o el sistema de actualización y preservación del valor del Fondo que el Tribunal considere adecuado".

Plantea además que se disponga la asignación que, del Fondo referido, corresponde a las empresas y/o municipios que brindan el servicio de transporte público de pasajeros urbano y suburbano; que "se condene al Estado Nacional" a transferir esas sumas de dinero, "mensualmente y con puntualidad" y que se disponga la convocatoria al "Consejo Federal para la Administración de los Subsidios al Transporte Público Automotor de Pasajeros".

También, que se deje sin efecto y se declare inválida toda vía de hecho, acto o norma que elimine o restrinja el "Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País" y su distribución entre los beneficiarios legales; y que se declare el derecho de los usuarios con base en el artículo 42 de la Constitución Nacional a que el Estado Nacional ejecute esos aportes, de modo que la tarifa del transporte público de pasajeros urbano e interurbano, sea justa y accesible a los ingresos de los usuarios.

"Destrozo" del tejido social

En los fundamentos de la presentación se alude a que el gobierno nacional interrumpió las transferencias a las provincias, "suspendiendo el Fondo que hace a este instrumento fundamental para el desarrollo social" y que tal medida "afecta directamente a millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que utilizan diariamente el transporte público para movilizarse y perjudica (destroza) el tejido social y productivo del país, además de mutilar los servicios de transporte municipales que tienen riesgo de desaparecer".

En otro tramo, el documento puntualiza que "el inminente inicio del ciclo lectivo 2024 conlleva la necesidad de utilización diaria del sistema de transporte público de pasajeros para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, asistentes escolares que, junto con trabajadores y jubilados, también deben trasladarse cada día. De tal manera, la quita de subsidios del Estado Nacional al sistema de transporte público de pasajeros urbano y suburbano significará una mayor tarifa para ellos que, de incrementarse según los valores que públicamente se informan ,será impagable para los ciudadanos, especialmente los más vulnerables".