El Colegio de Magistrados zona norte salió al cruce de los dichos de Antonio Bonfatti, que se quejó por la “Justicia lenta” en las causas vinculadas a la interna de la Uocra. Consignaron que los jueces actuaron con “presteza e inmediatez”, aunque los planteos de los defensores provocan inevitables demoras.
Con relación a la usurpación de la sede social y de la mutual de la Uocra, el Colegio hizo notar, en un documento, que la denuncia pertinente fue realizada por un delegado gremial en fecha 02/05/2013, con trámite ante el Juzgado Correccional N° 5 desde el 05/05/2013.
“El 17/06/2013 el juez intima la desocupación de los lugares ocupados, medida posteriormente apelada; finalmente la Cámara Penal resuelve el planteo y en fecha 28/08/2013 el juez hace efectiva la intimación y ordena el desalojo por la fuerza pública, resolución que fue notificada al jefe de la U.R.I. y cumplida por las fuerzas policiales en fecha 29/08/2013”, relatan.
Con respecto a la usurpación de la Central Termoeléctrica de Sauce Viejo, la denuncia fue formalizada por una empresa ante la Fiscalía de Denuncias en fecha 26/08/2013; el fiscal Dr. Juan Pablo López Rosas realiza un requerimiento positivo de instrucción en fecha 27/08/2013 y pasan las actuaciones al Juzgado Correccional N° 6.
“El juez, tras constituirse junto con el fiscal en la Central Termoeléctrica en fecha 28/08/2013 y verificar la veracidad de los hechos formulados en la denuncia, resuelve intimar en la misma fecha la desocupación del predio por la fuerza pública en el término de 12 hs., orden que fue notificada al jefe de la U. R. I., medida que se llevó a cabo en forma pacífica el 29/08/2013”, consignan.
Luego de esto, el Colegio consigna que en la actualidad se instruye una nueva causa con motivo de la ocupación del “obrador” de la empresa, en trámite a los fines de la desocupación.
Presteza
“Como podrá observarse de la simple lectura de los acontecimientos, la actuación de jueces y fiscales se produjo con presteza y con la inmediatez que la naturaleza de los hechos exige en el marco de lo que la ley establece, garantizando la realización de las medidas ordenadas con la presencia personal de los mismos en el lugar de los hechos”, sostiene el documento.
Por lo demás, el Colegio entiende que “no debe escapar a la consideración pública que por la naturaleza de los delitos imputados, como por la cantidad de las personas involucradas, es notoriamente intensa la actividad procesal de los abogados defensores que, evidentemente, demoran la resolución oportuna de las respectivas causas, en el marco del derecho constitucional al debido proceso y la defensa en juicio”.
Sobre la base de estas aclaraciones, apuntan que “las demás cuestiones que preocupan, no sin razón, al Poder Ejecutivo, refieren estrictamente a problemas de seguridad pública, cuya satisfacción es de su exclusiva competencia; que constitucional y legalmente está llamado a resolver, y que por ser decisiones de naturaleza política escapan al conocimiento del Poder Judicial”.