En las próximas semanas el Gobierno lanzará una campaña para que los usuarios de energía eléctrica y gas natural por redes se vuelvan a inscribir en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que define la segmentación de tarifas.
La Nación quiere tener los datos actualizados de las familias para focalizar la ayuda del Estado solo a los más vulnerables.
En las próximas semanas el Gobierno lanzará una campaña para que los usuarios de energía eléctrica y gas natural por redes se vuelvan a inscribir en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que define la segmentación de tarifas.
De esa manera, los hogares brindarán voluntariamente sus datos para que la Secretaría de Energía pueda actualizar sus bases y en función de eso, categorizar correctamente a los usuarios según sus ingresos y patrimonios para focalizar la ayuda del Estado nacional.
Según fuentes oficiales, "las cosas no valen lo que la capacidad adquisitiva de la gente pueda pagar, sino lo mismo para todos, y por eso establecimos los precios de la energía uniformes para todos. El subsidio sí está en función del poder de compra. Nosotros queremos pasar de subsidios generalizados a focalizados, detectar a los vulnerables".
Hasta mayo, las familias de menores ingresos y las que están en situación de pobreza abonaban apenas el 3% del costo pleno de abastecimiento eléctrico, un nivel que se elevará hasta poco más del 20% desde este mes.
La intención del Gobierno es que -sin cambiar los criterios de inclusión y exclusión para el acceso a los subsidios- los usuarios declaren sus datos actualizados para destinar el gasto público a quienes realmente lo necesitan.
"Va a salir una reglamentación para los que estén mal registrados. Los usuarios van a poder reclamar si creen que el registro los categoriza mal, y el sistema operará como con los reclamos de una tarjeta de crédito: primero se les dará la razón a los consumidores y se los volverá a incluir en los subsidios, pero se investigará caso por caso y se cobrará retroactivo si estaba bien la exclusión", detallaron en las cercanías de la Casa Rosada.
Ese nuevo sistema tendrá un período de transición de 6 meses a 1 año y tiene múltiples complejidades: son 640 canastas distintas según el tipo de usuario y la región, entre otras variables; además, las provincias tienen que enviar sus bases de datos.