El primero reclama explicaciones por "las razones por las cuales el organismo efectuó el llamado a licitación N° 11/2021 con un direccionamiento evidente hacia un solo oferente que motivó la suspensión judicial del mismo".
El jefe del bloque de los senadores justicialistas del Nuevo Espacio Santafesino, Armando Traferri, y el diputado radical, Juan Cruz Cándido, que preside la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, presentaron sendos proyectos de pedidos de informes sobre la licitación que la Justicia ha ordenado suspender, en materia de armas para la policía.
El primero reclama explicaciones por "las razones por las cuales el organismo efectuó el llamado a licitación N° 11/2021 con un direccionamiento evidente hacia un solo oferente que motivó la suspensión judicial del mismo".
Mientras que el segundo exige que se informe "en relación a la resolución Nº 054/21 de la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes, lo siguiente: a) razones que motivaron la suspensión de la recepción de sobres y la apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 11/21; b) dictámenes de las Asesorías Letradas de las áreas intervinientes; y e) estado actual del proceso de adquisición de armamento".
Traferri dice que "se conoció ayer (por el miércoles 24) un fallo de la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 1 de la Justicia de la Provincia de Santa Fe que le impide al Ministerio de Seguridad avanzar con una licitación para la compra de armas" en sus fundamentos (Ver la edición de esa fecha de El Litoral).
Y recuerda que "la actuación judicial obedeció a la presentación de la conocida fábrica de armas BERSA , que ya ha sido proveedora de la provincia de Santa Fe, que se vio perjudicada y reclamó que se corrijan los pliegos licitatorios".
El legislador del sur santafesino subraya que "la justicia luego de analizar los pliegos en cuestión le dio la razón a BERSA y le ordena al gobierno santafesino hacer un proceso licitatorio que no contenga esos vicios o impedimentos a la libre competencia".
"Estimamos conveniente -siguen los considerandos de Traferri- conocer las razones por las cuales el Ministerio de Seguridad adoptó este criterio de no permitir la participación de la mayor cantidad de oferentes posibles que asegura mejores precios y evita suspicacias".
"Creemos que, aunque la justicia haya desestimado razones expuestas en juicio, un Ministerio conducido por especialistas formados en Europa y con amplia trayectoria en la materia debe tener razones más que suficientes para aclarar la cuestión", desliza con evidente ironía.
El diputado Cándido menciona en los fundamentos los pasos administrativos de la licitación y que "la apertura de dicha gestión estaba prevista para el 5 de febrero".
Advierte que "sin embargo, el día 2 de febrero, tras la impugnación interpuesta por la empresa BERSA S.A., la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes dicta la resolución 054/21 por la que resuelve suspender la recepción de sobres y la apertura de ofertas de la mencionada licitación".
De inmediato, asegura: "a pesar de ello, en el 'Informe de Gestión' enviado por whatsapp a medios de comunicación y fechado el día 12 de febrero, el Ministerio de Seguridad no informa de esta situación, relatando que las armas 'se encuentran próximas a su adquisición' ", señala.
"En un contexto de agravamiento de las condiciones de la seguridad pública donde se hace necesaria de manera urgente la implementación de medidas que mejoren el policiamiento, la prevención y la investigación, entre las que se cuenta la adquisición de equipamientos y armamento, resulta vital que los procesos administrativos se realicen de manera adecuada, clara y transparente", reflexiona Cándido. "Como evidenciamos en este caso, las irregularidades en el proceso licitatorio terminan imposibilitando su realización en el tiempo y forma previstos, perjudicando el objetivo de dotar de mayores recursos a la Policía de la Provincia", lamenta.
Expresa que es importante para la tarea de control de los legisladores "conocer los dictámenes de las asesorías letradas de las distintas áreas intervinientes (Ministerio de Seguridad, Ministerio de Economía, Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes) y también, la situación en la que se encuentra el proceso de compra de armamento".