Domingo 22.7.2018
/Última actualización 18:18
Las últimas declaraciones del intendente de la ciudad sobre la venta de los cuatro terrenos del entorno de la Terminal, ratifican la voluntad de que estos bienes que son de todos los santafesinos pasen a ser para unos pocos: primero, para aquellos que puedan desarrollar grandes emprendimientos y, segundo, para quienes puedan adquirir los departamentos o locales comerciales que se pretenden construir, en una zona de alto valor y con muchas potencialidades de desarrollo.
La venta de los terrenos, ¿busca satisfacer la necesidad de vivienda?
No seamos inocentes, los departamentos que seguramente se construirán en los terrenos a subastar no van a solucionar uno de los mayores problemas que tiene nuestra ciudad, el de la falta de viviendas, simplemente porque no es la lógica del mercado, no es a lo que apunta el desarrollador inmobiliario ni el inversor que se presentará en la subasta, y la verdad es que es razonable para ellos que así sea. ¿Qué pareja joven o familia de clase media ha solucionado su problema de vivienda comprando un departamento en un edificio construido en Santa Fe en los últimos años?
Es el Estado quien debe reconducir esos intereses para logar una ciudad más equitativa. Sin embargo, notamos que en este caso, tanto desde el Gobierno Nacional como desde el local de Cambiemos, han tomado diferentes decisiones que desaprovechan una enorme posibilidad para los santafesinos.
Basta con recordar el positivo ejemplo de las torres que se están construyendo a través del Pro.Cre.Ar en el Parque Federal: hubo 4.930 inscriptos para 181 departamentos. Estos números reflejan en forma contundente la enorme demanda insatisfecha de viviendas que existe. Con la subasta de estos terrenos cercanos a Avenida Alem, perdemos como ciudad una enorme oportunidad de intervenir en la oferta y destinar estos terrenos públicos a proyectos como el ya mencionado, que den respuesta en serio a las necesidades que de sobra sabemos que existen.
¿A dónde irán los más de 200 millones?
Además de lo referido al tema de la vivienda, se evidencia en las palabras del Intendente una falta de compromiso con la ciudad que debe defender y representar hasta en el menor de sus intereses. Porque en esta venta –sin posibilidad alguna de discusión-, al menos sería importante impulsar lo que otras ciudades en las mismas condiciones han hecho, que es exhortar a que los fondos que se obtengan de la venta sean destinados directamente a la ejecución de obras en nuestra ciudad: mejoramiento integral en más barrios, obras de gas, cloacas, desagües, calles, cordón cuneta, desarrollo de espacios públicos, etc. Por el contrario, en el mismo Decreto de venta, nos enteramos de que esos fondos irán a las rentas generales de la Nación y seguramente serán destinados al pago de intereses de Lebacs, a intervenir en el mercado para detener la suba del dólar, o cumplir con las exigencias del FMI.
¿Qué emprendimiento se va a realizar? ¿Qué beneficio queda?
Previo a la “privatización” de los terrenos, los vecinos y vecinas deberían tener derecho a saber qué tipo de emprendimientos se están proyectando en ese suelo, hoy público. Es preocupante que no se aclare cuáles de los más de 100 usos permitidos en el sector se desarrollarán en cada lote a subastar. ¿Se construirán Shoppings? ¿Edificios residenciales? ¿Hoteles? ¿Estaciones de Servicio? ¿Grandes supermercados?
Nuestra ciudad expone en su territorio los desequilibrios propios de haber generado fuertes inversiones en un sector y sufrido la falta de inversiones en otros. Ni hace falta señalar cuáles son unos y otros. Ahora bien: las acciones de los gobiernos pueden buscar equilibrar ese desequilibrio, o no. Fortalecer áreas del norte con nuevos parques, espacios deportivos, educativos y de salud, son algunas medidas que buscan paliar desequilibrios. Por el contrario, vender terrenos estatales de altos costos en un área estratégica, al mejor postor, sin mayor regulación normativa que la básica, no hace más que consolidar ese desequilibrio.
Desde el Estado se han tomado decisiones y se ejecutaron obras que han hecho que los inmuebles de la zona aumenten su valor, pero en la normativa actual no se prevén mecanismos de recupero de ese mayor valor. Es decir, quienes adquieran estas cuatro fracciones de terreno en la subasta, no estarán obligados a realizar obras, ni en el sector en el que se ubican los lotes, ni en otros barrios de la ciudad. No se le pedirá, como a un urbanizador de un nuevo loteo, cordones cuneta nuevos, o la donación de tierras para un espacio verde.
Que no nos quieran confundir con que la ciudad recupera algo a través de sus tasas, ya que éstas se pagan en retribución de un servicio concreto. Por los grandes edificios a construirse, solamente se va a cobrar el Derecho de Edificación –ese que se paga por toda obra que se construye en la ciudad- y, en el futuro, las correspondientes tasas generales de inmuebles. Nada, si se lo compara con todo el potencial que esos terrenos hoy significan para los santafesinos.
Las propuestas que refieran al aporte de obras concretas para lograr mayor equilibrio en la ciudad, o la construcción de viviendas para quienes hoy no la tienen, son acciones a considerar. Desperdiciar suelo público en un área central de esta manera, muestra una clara ausencia del Estado en su rol de equilibrar desigualdades.
Son muchos jóvenes, familias e inquilinos, que necesitan de la intervención del Estado para acceder a su derecho a la vivienda, alquileres a precios accesibles y servicios y obras de calidad en toda la ciudad. Esta es una oportunidad, no la desaprovechemos.
Leandro González, Marcelo Ponce, Lucas Simoniello, Matías Schmüth y María Andrea Zorzón.