La Corte debe pronunciarse una vez más en el concurso de Vicentin

El Procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, consideró que es el máximo tribunal quien debe resolver sobre un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Commodities SA, la acreedora que presentó el recurso en el marco del concurso de Vicentin SA. Jorge Barraguirre evaluó al mismo tiempo que no hay arbitrariedad en el fallo de la Cámara Federal de Reconquista que homologó el acuerdo.

"El recurso, en términos de arbitrariedad de sentencia, no plantea una cuestión constitucional suficiente", dictaminó el procurador.

En su extenso escrito elevado a los jueces, Barraguirre señaló que "el concurso es un proceso esencialmente colectivo que deja escaso margen para los acreedores no conformes cuando se obtiene la doble mayoría especial", cosa que sucedió en el acuerdo homologado por los camaristas Santiago Dalla Fontana, Mauricio Sánchez y Alejandro Román.

De los 816 acreedores inscriptos en el expediente, 70 se habían expresado en disconformidad con el acuerdo; Commodities SA llegó a plantear formalmente el recurso de inconstitucionalidad. En reiteradas ocasiones la firma rosarina se comprometió a mejorar la oferta por Vicentin para el caso en que se decrete la apertura del Cramdown.

Sobre el reclamo por "abusividad de la propuesta concursal: pars conditio creditorum" o igualdad de tratamiento ante los acreedores (los pequeños recibirían 100% de su acreencia, los grandes padecerían quitas del 75%) el procurador advirtió que Commodities no mejoraría significativamente su cobro si se prorratea la quita en proporciones similares; la empresa rosarina percibiría 32,91% de su crédito en el acuerdo.

Pero al mismo tiempo, Barraguirre entendió que hay una alegación de que el derecho constitucional al tratamiento igualitario fue violado, lo que es materia de fondo sobre la que deben pronunciarse los jueces del máximo tribunal.

El funcionario judicial también señaló que es la Corte la que debe resolver sobre las competencias entre los expedientes penales en Rosario contra ex directivos de Vicentin, causas en las que se mantienen inhibidos bienes de la empresa, y la pretensión de la concursada de venderlos para afrontar el pago a los acreedores.

Funcionamiento contra reloj

El intrincado entramado judicial tiene como telón de fondo la continuidad de las actividades en las unidades productivas de Vicentin comprendidas en el expediente (la algodonera no está en esa lista), que funcionan "a fazon".

En la actualidad, la actividad es sostenida por los posibles adquirentes de Vicentin, denominados interesados estratégicos (Aca, Viterra Argentina SA y Bunge Argentina SA) que negociaron con los directivos de la empresa concursada. Éstos se encuentran imputados por la justicia penal, con pedidos de condena de hasta 17 años de prisión.

La demora de resolución del complejo concurso ha estrechado la capacidad operativa de Vicentin, que analiza entrar en procedimiento preventivo de crisis, lo que implica recortes salariales a los empleados que -hasta aquí-. vienen percibiendo la totalidad de sus salarios.

Con activos de alto valor incluso para el mercado internacional de granos, la pretensión de Commodities de llegar al cramdown (la quiebra) requiere materializar ofertas dentro del expediente judicial, que por imperio de la ley de Concursos y Quiebra tiene el objetivo primordial de preservar a la empresa, más allá de la suerte de sus propietarios y administradores.

En las últimas horas trascendió que desde 2022 el titular de Commodities, Mariano Grassi con el apoyo de sus asesores legales y de un grupo financiero, estaría intentado comprar las acreencias sobre Vicentin de bancos internacionales que aceptaron el acuerdo de acreedores.