La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó este lunes haber dado la autorización a la visita que diputados libertarios hicieron a represores detenidos en el penal de Ezeiza por delitos de lesa humanidad.
La ministra de Seguridad dijo que se enteró "por los diarios" de la incursión de los diputados de La Libertad Avanza al penal de Ezeiza. Mientras, la mendocina que mañana enfrentará la posibilidad de ser expulsada del bloque, filtro nuevos chats.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó este lunes haber dado la autorización a la visita que diputados libertarios hicieron a represores detenidos en el penal de Ezeiza por delitos de lesa humanidad.
"Falso de toda falsedad, me enteré de la visita por los diarios", sostuvo Bullrich desde Rosario, donde se reunió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para evaluar las cifras del delito en esa ciudad.
La diputada libertaria Lourdes Arrieta, que participó de la incursión a Ezeiza, indicó a través de chats difundidos este último domingo que Bullrich fue la funcionaria que había autorizado la visita al penal.
Bullrich destacó de todos modos que, ante la visita a los represores, el Servicio Penitenciario Federal "hizo lo que dice la ley de Ejecución de la Pena", en referencia a que "un diputado puede entrar con aparatos para poder sacar fotos y registrar la situación".
Para la ministra, "querer involucrar" en esa visita al "Servicio Penitenciario y más aun a mí, que nadie me llamó por teléfono ni me dijo nada, es una mentira total y absoluta".
La diputada de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta advirtió este lunes que teme por su vida, pero aseguró que "no renunciará a su banca" y que si mañana la expulsan del bloque libertario "se retirará" de esa bancada "con la frente en alto sabiendo que dijo la verdad".
Arrieta formuló estas declaraciones un día antes de que la bancada de LLA discuta su expulsión a raíz de las denuncias que la legisladora formuló contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la polémica visita a represores en el penal de Ezeiza.
En un nuevo capítulo de la crisis desatada tras la visita organizada por el diputado Benedit Beltrán a militares condenados de delito de lesa humanidad, Arrieta difundió los proyectos que existían para otorgar la libertad a los genocidas condenados y volvió atacar a sus pares de bancada.
En declaraciones a Radio con Vos, Arrieta dijo que le manifestó al juez Ernesto Kreplaj que "tiene miedo por su vida" porque proviene de Las Heras, en Mendoza, donde "estas cosas no se viven".
Al ser consultada si pensaba apartarse de la actividad legislativa, Arrieta afirmó que "no piensa renunciar a la banca, eso está descartado", y añadió: "Si me expulsan me iré con la cabeza en alto sabiendo que dije la verdad".
También se le pidió su opinión sobre las versiones de que la secretaría general de la Presidencia, Karina Milei, había ordenado su expulsión, a lo que respondió: "A mí nunca me llamó y no creo que se atreva, es insultar su nombre. No creo que una persona del Ejecutivo se atreva a decir ´este sí o este no´".
"Me quieren sancionar por haber ido a una visita institucional y por decir la verdad, que fuimos en carácter de diputados. Hay gente que estaba metida queriendo llevar adelante este tipo de proyecto", dijo sobre las iniciativas para liberar a los represores. Y añadió: "No sabemos qué otro tipo de intereses puede haber detrás de todo esto, pero están perjudicando la imagen del presidente Javier Milei".
"Fue un plan pergeñado"
Carlos Pisoni, integrante de la agrupación H.I.J.O.S. afirmó que la visita de los seis diputados libertarios a ex militares integrantes de la última dictadura militar, condenados a perpetua por crímenes de lesa humanidad, fue un “plan pergeñado” y que “se venía charlando hace tiempo”.
En declaraciones a Radio Splendid, sostuvo que este hecho es “muy grave” y que cada uno de los diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) que asistieron al penal de Ezeiza deberían “dejar de ejercer su función pública"
"Es muy preocupante lo que está pasando. Ya nos habíamos anoticiado de la filtración de los chats. No fue solo una visita, sino que había un plan pensado. Estuvieron libres más de 30 años. Ocho de cada diez genocidas condenados están en prisión domiciliaria", indicó Pisoni.
Paralelamente, remarco que esta situación “abrió una puerta para volver a investigar todo” y aseveró que este proyecto de ley, que filtró la diputada Lourdes Arrieta y que quería llevar adelante parte del bloque oficialista, “es incompatible con los crímenes de Lesa Humanidad”.
“Lo que buscamos es un poco de cordura en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo. No queremos una sociedad con esas personas libres ni funcionarios públicos que se saquen fotos o se rían con personajes que hicieron eso en nuestra historia", señaló.