Un abogado de la localidad de Elortondo fue inhabilitado por dos años para ejercer la profesión en el marco de una causa por “estafa”. El profesional, Carlos Roberto Diez, fue acusado de apropiarse mediante un engaño de 40 hectáreas de campo pertenecientes a Mirta María Brancaccio, una mujer de 70 años con discapacidad motriz, que era su clienta.
Desde el poder judicial
Elortondo: inhabilitan por dos años a un abogado acusado de estafa
Carlos Roberto Díez fue acusado de quedarse ilegalmente con inmuebles de su clienta, Mirta María Brancaccio. Llegó a un acuerdo para evitar una condena, pero tendrá que devolver el campo en un plazo máximo de 180 días.
El caso se instaló mediáticamente en el sur provincial en junio de 2021.Crédito: Archivo El Litoral. 11:58
La víctima radicó la denuncia en el año 2015, apuntando también contra una familiar y un escribano. La investigación en un primer momento estuvo a cargo del fiscal Matías Merlo y posteriormente pasó a manos de Susana Pepino.
Mirta manifestó ante el poder judicial que su abogado le había hecho firmar determinada documentación con el objetivo de tramitarle la jubilación, cosa que nunca ocurrió. Posteriormente, y con el paso de los meses cayó en la cuenta que había sido víctima de una estafa, perdiendo un campo heredado y dos inmuebles en la localidad de Elortondo.
El caso se instaló mediáticamente en el sur provincial en junio de 2021 cuando Mirta sentía que la causa no avanzaba y que corría el riesgo de perder todo. Hoy en día cuenta con una pequeña chacra con animales, que visita en forma diaria, independientemente de sus dificultades para movilizarse.
Acuerdo de partes
Finalmente, el 10 de febrero en el marco de un acuerdo judicial se hizo lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba que solicitó Carlo Roberto Diez, en el proceso que se le sigue por el delito de "falsedad ideológica en carácter de coautor, estafa, y "uso de documento falso en calidad de autor y en concurso real por el término de dos años.
A Carlos Roberto Diez, sin ser condenado, se le impusieron una serie de reglas de conductas, entre ellas, fijar domicilio en la localidad de Funes (Provincia de Santa Fe), debiendo notificar cualquier modificación; someterse al control del patronato de liberados en la comisaría más cercana a su domicilio. A la lista se suma la inhabilitación para ejercer la profesión de abogado y todo tipo de procuración por el plazo de dos años. Prohibición de contacto y acercamiento por cualquier medio con la víctima Mirta María Brancaccio.
Además, la resolución marca “tener presente como reparación del daño causado la obligación de realizar el distracto de las escrituras objeto de esta investigación, con el fin de que los bienes inmuebles, hoy bajo su titularidad, vuelvan a la víctima, dentro del plazo de 180 días hábiles, a su cargo y costa”.
Por último, precisa que hace “saber al imputado que en caso de incumplimiento o de inobservancia de las reglas impuestas, podrá revocarse el beneficio otorgado”.
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