La falta de oferta de viviendas de dos y tres dormitorios para alquilar en Rosario está generando listas de espera

En los últimos años el boom inmobiliario en Rosario se encargó de construir porcentualmente muchos más edificios con departamentos monoambientes y un dormitorio que de dos y tres. Esto provocó que se genera una demanda cautiva de familias que necesitan un lugar amplio para poder vivir.

Así las cosas, en medio de un conflicto con la nueva ley de alquileres nacional, que se encuentra en debate en el Congreso para tratar de mejorarla, las personas que buscan propiedades con dos o más dormitorios vienen creciendo en la ciudad.

Si bien muchos optaron por irse a vivir a zonas aledañas como Funes, Roldán, Pueblo Esther, Ibarlucea, y allí construir sus viviendas, muchos otros no cuentan con esa posibilidad o no tienen interés en irse de Rosario. Esta situación, ante la falta de oferta, generó que en las inmobiliarias empiecen a acumularse interesados en lista de espera.

Otro punto a destacar es que la nueva ley de alquileres que rige en el país, llevó a un escenario complejo: por un lado, los propietarios comenzaron a quitar del mercado locativo sus propiedades ante la falta de rentabilidad de los alquileres y, por el otro, muchos inquilinos se quejan de los tres años de contrato.

La realidad es que el mercado se encuentra distorsionado. Se detecta mucha demanda de personas que buscan alquilar y poca oferta. Pero, ahora, el principal problema lo enfrentan quienes buscan viviendas –departamentos o casas- de dos o más dormitorios.

Distintos dueños de casas y departamentos que cumplen con estos requisitos, comentaron a El Litoral que apenas publican la oferta “de inmediato se llena la lista”, porque “la demanda es terrible”. “Si tenés un inmueble de tres ambientes te lo sacan de las manos”, coinciden.

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios local (Cocir) confirmaron también a este medio que harían falta más de cinco mil unidades de estas características para poder, de alguna manera, atender esta demanda que sigue creciendo.

En base a los datos que arrojan desde Cocir, mediante su nueva presidenta Gabriela Ortiz de Urbina, en función de su portal oficial, dan cuenta de que poseen en oferta 60 mil inmuebles que están para la venta y solamente mil destinados al alquiler.

Siguiendo el sentido de la venta, el mercado se está moviendo y crecen las consultas, afirmaron desde Cocir. Es que las viviendas cayeron entre un 30% y 40% en dólares en los últimos cuatro años, lo que hizo muy atractiva la venta, aunque es difícil encontrar personas que tengan el dinero para invertir.

Para quienes tienen las propiedades en venta, el hecho de que asuma un nuevo gobierno después de las elecciones de octubre, y con valores tan bajos, apuestan a que puedan comenzar a recomponer su valor en dólares desde el año que viene, tras esta importante baja en moneda extranjera.

Qué pasa con la ley

El debate por la modificación de la Ley de alquileres en el Senado de la Nación, prevista para la semana pasada, fue suspendida y se realizará en los últimos días de septiembre. Por esto, las organizaciones inquilinas del país volvieron a insistirle al presidente Alberto Fernández que decrete la extensión de los contratos vigentes de forma automática.

“Queremos informar que esta semana no habrá sesión en el senado para tratar la modificación a la ley de alquileres. Por eso las organizaciones inquilinas del país seguimos insistiendo a Alberto Fernandez que decrete la extensión de los contratos frente a la extorsión que estamos vivienda por parte de las inmobiliarias que nos hacen contratos de 3, 6 meses o 1 año con aumentos ilegales. Es demasiado sensible no saber dónde vamos a vivir o como vamos a pagar el alquiler”, expresaron desde Inquilinos Agrupados.

El proyecto aprobado por los Diputados el miércoles 23 de agosto reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.

En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

En cambio, el dictamen impulsado por el oficialismo establece tres años como plazo mínimo legal de locación y agrega que "los contratos de locación con destino" a vivienda serán estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses".

También modifica el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y toma el Coeficiente Casa-Propia que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que se compone del menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

El dictamen del oficialismo también modifica la norma venida en revisión de Diputados al incorporar un último párrafo sobre el artículo nueve estableciendo que "los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo".

Finalmente, el dictamen de mayoría suma un nuevo artículo, el número doce sobre el Impuesto a las Ganancias: "las partes podrán deducir del Impuesto a las Ganancias la suma equivalente al diez por ciento del monto anual del contrato de locación".