El juez de Faltas de Venado Tuerto, Stefano Quaglia, anunció que este jueves se procedió a la clausura de uno de los siete hogares de convivencia que no cumplen con las normativas vigentes.
Stefano Quaglia aseguró que el establecimiento "no cumplía con las condiciones mínimas" de seguridad e higiene.
El juez de Faltas de Venado Tuerto, Stefano Quaglia, anunció que este jueves se procedió a la clausura de uno de los siete hogares de convivencia que no cumplen con las normativas vigentes.
Esta decisión forma parte de las acciones que viene desarrollando el gobierno de Venado Tuerto junto a la Defensoría General para proteger a los adultos mayores que residen en estos establecimientos. A su vez informó, que en los próximos días podrían darse nuevas medidas de esta magnitud.
Según detalló Quaglia, esta primera clausura recayó sobre el hogar ubicado en calle Roca al 1200, en Venado Tuerto, el cual venía incumpliendo con los requisitos mínimos de seguridad e higiene establecidos en la ordenanza municipal 5707. Si bien el cierre provisorio se cumplimentó este jueves, desde hace más de una semana se venía trabajando en la reubicación de los residentes.
"Entendemos la problemática de la falta de geriátricos en la ciudad, pero estos hogares deben garantizar condiciones dignas para los adultos mayores", expresó el juez municipal de Faltas, indicando que el hogar clausurado había recibido advertencias previas y un acompañamiento por parte de un equipo interdisciplinario, pero no cumplió con las adecuaciones solicitadas.
Actualmente, hay 28 hogares de convivencia registrados en la ciudad, de los cuales siete están en una situación similar a la del establecimiento clausurado. "Esperamos no tener que llegar a más clausuras, pero si hay que elegir entre permitir irregularidades o garantizar la dignidad de los adultos mayores, tomaremos las medidas necesarias", afirmó Quaglia.
El hogar clausurado no contaba con habilitación formal y había superado el límite de residentes permitidos en función de su infraestructura. "La capacidad máxima permitida está determinada por el espacio físico disponible. Cuando un hogar aloja a más personas de las que puede atender adecuadamente, se pone en riesgo la calidad de vida de los residentes", explicó el juez.
En este caso, la clausura no se ejecutó de manera inmediata, sino que se notificó con antelación para permitir la reubicación de los residentes. "No podemos simplemente poner una faja de clausura y dejar a los adultos mayores en la vereda. Por eso, diseñamos un protocolo que permite una transición ordenada", agregó.
Los adultos mayores que vivían en este hogar fueron reubicados en otros establecimientos, con sus familias o en casas particulares, con el acompañamiento de asistentes sociales. "La responsable del hogar entendió la situación y colaboró con el proceso de relocalización, lo que facilitó la tarea del equipo interdisciplinario", destacó Stefano Quaglia.
Este procedimiento, según explicó, se diferencia de una clausura comercial tradicional. "En un comercio, se coloca la faja de clausura de inmediato. Aquí, en cambio, se diseñó un protocolo con una semana de anticipación para coordinar la reubicación de los residentes y evitar impactos negativos en su salud y bienestar", subrayó.
Sobre la posibilidad de nuevas clausuras, el juez de Faltas indicó que otros hogares están bajo observación y que se buscará evitar llegar a medidas extremas. "El objetivo es regularizar estos espacios para que cumplan con los requisitos legales y ofrezcan condiciones dignas", sostuvo.
El 27 de marzo se llevará a cabo la audiencia en la que los responsables del hogar clausurado podrán presentar su descargo y evaluar las posibles soluciones para regularizar su situación. "Nuestro objetivo no es cerrar establecimientos, sino que funcionen correctamente y brinden un servicio adecuado a nuestros adultos mayores", concluyó.
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