Gustavo Capeletti | [email protected]
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Las quemas de pastizales recrudecieron en las últimas semanas en todo el norte santafesino. En varios casos se extendieron por kilómetros consumiendo hectáreas de campos, islas y paisajes ribereños, demandando el extenuante trabajo de bomberos que no dan abasto.
Por caso, vale citar que la ciudad Reconquista padece desde hace días que todas las tardes un denso manto de humo cubra la totalidad de la zona urbana, al punto de complicar en buen grado la visibilidad y la salud de vías respiratorias.
Sin ir más lejos, en la noche del lunes se inició un foco ígneo en un predio ubicado frente a la Ruta Nacional N° 11, en la III Brigada Aérea, que obligó a realizar cortafuegos para evitar que las llamas lleguen al sector de combustibles y polvorines de la dependencia militar. A su vez, en la tarde noche del jueves pasado un incendio impactante se abatió por varios kilómetros sobre la isla ubicada frente al puerto de Reconquista.
Atento a esta problemática que es común a todo el norte y que no encuentra visos de solución, la justicia federal tomó cartas en el asunto. El titular del fuero, el juez Aldo Alurralde, afirmó que “a iniciativa de la Fiscalía Federal de Reconquista se ha iniciado una investigación preliminar en la justicia federal por todos estos incendios que ponen en peligro la seguridad pública”. “Porque imagínense que el incendio en sí provoca pérdidas de bienes y objetos y pone en peligro la vida de las personas”, consideró.
El magistrado dijo que se observa que inclusive afecta a determinados bienes que son de competencia federal, como el tendido eléctrico de media y larga distancia, y también lo que hace al tendido interestadual, al tiempo que el humo perturba la circulación por rutas nacionales.
“Esto hay que investigarlo para ver dónde se origina y dar con los responsables porque, probablemente, también tenga origen en otras provincias vecinas o lugares que son de jurisdicción de otras provincias; pero lo importante ahora es investigar la procedencia y buscar a los responsables”, subrayó.
En tal sentido, citó que el artículo 186 del Código Penal prevé una pena de reclusión o prisión de tres a diez años “si hay peligro común para los bienes en el caso de los incendios”.
“Peligro grave”
Para Alurralde, de trata de “un peligro bastante grave” y que requiere una investigación porque “están comprometidos otros bienes, como lo es el medio ambiente, no sólo entendido como el aire sino también como las especies que se afectan con el fuego indiscriminado, especies que de la flora y la fauna autóctona existentes en la zona de islas”.
“Todo eso hay que proteger desde el punto de vista del accionar de la justicia, individualizar a los responsables en este caso”, refirió. En tanto, explicó que la investigación no se realiza en virtud de denuncia, sino que se actúa de oficio. Y manifestó que en la fiscalía provincial como la federal se pueden hacer las denuncias, inclusive en la policía, en el caso de que se advierta algún tipo de conducta desde tipo.
Por último, advirtió que “no está permitida la quema de tierras y ni hablar en campos cercanos a rutas nacionales o provinciales por el peligro a la seguridad pública que genera. Y además la Ley Nacional del Fuego establece todo un tratamiento y manejo del fuego que no lo puede hacer cualquier persona”.