Gustavo Capeletti | [email protected]
El Ing. Lisandro Pietropaolo fue cesado en su asesoría de la concejal Natalia Capparelli. La líder opositora alegó cuestiones éticas y pidió al oficialismo seguir el ejemplo. Gustavo López, el titular del cuerpo, la cruzó fuerte: “Ponen a la gente en una picadora de carne”.
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La tensión fue evidente en la sesión del jueves del Concejo Municipal de Reconquista entre oficialistas y opositores y llegó al punto de fuertes cruces verbales entre los ediles de los bloques tras la decisión del espacio UCR, que integra el interbloque de Juntos por el Cambio, de dar de baja la asesoría del ingeniero Lisandro Pietropaolo.
La drástica medida adoptada por la bancada que conduce la edil Natalia Capparelli fue tratada y aprobada bajo la denominación de Proyecto de Decreto Modificación de Personal de Gabinete, y tuvo asidero en una cuestión ética planteada por la líder opositora.
Es que Pietropaolo, según trascendió a los medios de prensa y fue confirmado por Capparelli, presentó una demanda judicial millonaria que apunta a lograr la restitución de su puesto en la Delegación Reconquista de Anses, en la que se desempeñó como jefe desde el 30 de mayo de 2016 hasta el 5 de febrero de 2020.
El exfuncionario había ingresado ante el juzgado federal de Reconquista una demanda laboral, que luego fue desestimada por el fuero nacional norteño. Pero, apeló y la Cámara Federal de Resistencia revocó los dispuesto por el tribunal de primera instancia e hizo lugar a la cautelar de Pietropaolo.
Ante ese reclamo del extitular del organismo de seguridad social en el norte, la concejal Capparelli dio un paso adelante y avanzó en su despido. “Hemos tenido una situación particular en la semana, el martes el señor Lisandro Pietropaolo me informó que había dado inicio por decisión voluntaria a un reclamo laboral hacia Anses, espacio que supo ocupar y lo hizo muy bien desde la jefatura”, expresó, sentada en su banca.
Enseguida, sostuvo que “esa decisión de iniciar un reclamo laboral nos pone en un punto de inflexión, dado que choca con una de las cuestiones que prioritariamente sostenemos desde nuestro espacio político, y que es que cuando se finaliza un mandato los funcionarios deben necesariamente retirarse”.
“Hemos consensuado y el señor Pietropaolo ha presentado su renuncia en un acto de responsabilidad y entendiendo este contexto. Y yo he aceptado esta renuncia”, remarcó, y afirmó que “hay decisiones que por más duras que sean y aun cuando afectan a las personas por las que sentimos no solo afinidad política, sino también un vínculo sensato y afecto, estas decisiones hay que tomarlas”. “Son dolorosas desde lo afectivo pero responsables desde lo político. Los dirigentes deben dar signos inequívocos de honestidad y de ética”, reafirmó.
Con cierta compunción en su voz, lamentó que siendo “una persona de bien recibió un trato injusto en los medios”. A continuación, enfatizó que “exigimos siempre transparencia y ética política”, para luego girar el eje puntual del debate y, llamativamente, dirigir su mensaje hacia el Ejecutivo local: “Lo hemos exigido siempre al intendente municipal, esperamos que este gesto que significa una alta vara y tiene costo político sea imitado por el intendente”.
Sin dejar de apuntar hacia el titular municipal, al que no nombró, y en alusión a una causa que tiene como imputadas a funcionarias municipales del área de Tierra y Vivienda - que fue investigada por su esposo, el fiscal Leandro Mai, que se excusó de continuar al frente del caso debido a la relación conyugal existente con la ya instalada candidata a intendente opositora, según consta en el escrito presentado por el miembro del MPA - Capparelli recordó que “tantas veces le hemos reclamado por funcionarios de su gabinete, personal designado por él que tiene causas penales pendientes y abiertas, y ni siquiera se les ha abierto un sumario administrativo. Se los ha sostenido políticamente y no se lo ha movido del cargo. Son personas que confeccionan listas de acceso a lotes sociales y están imputadas por temas tan graves como son las usurpaciones”.
A esa afirmación punto, el presidente del cuerpo, Gustavo López, no la dejó pasar. Desde su lugar en el hemiciclo, fustigó: “No sé qué tiene que ver la dificultad de un funcionario político que salió a manifestar en todos los medios de comunicación que no tenía ninguna afinidad política con nadie y usted lo acaba de ratificar recién diciendo que es un militante fantástico, lo que significa que mintió Pietropaolo”.
“No sé por qué mezclamos las cosas, nosotros bancamos a los compañeros hasta que se les demuestre que son responsables de alguna cuestión, porque hablamos de dos compañeros de la Municipalidad de Reconquista que fueron patoteados en su vivienda, que no les pudieron demostrar nada si es real o no. Seguramente, si se demuestra que son responsables de algo, vamos a actuar. Hoy no tienen nada que ocultar, siguen ocupando sus lugares. Bancamos a los compañeros, no los ponemos en una picadora de carne como lo está poniendo usted al señor Pietropaolo”, le enrostró López.
Con contundencia, la intimó a “hacerse cargo, porque vienen a proponer el cambio y terminan siendo más de los mismo. Bajo su concepto los peronistas somos los únicos que hacemos mal las cosas, los ladrones, pero ustedes están enmascarados” porque “salir a reclamar lo que reclama Pietropaolo nada tiene que ver con lo que ustedes están predicando en todo el territorio nacional”.
Por último, insistió con que “mezclar las cosas con lo que pasó con un empleado de un bloque y tirar el problema al municipio no tiene nada que ver”, y aseguró que “si hay alguna persona que está trabajando en el municipio y la justicia le determina que hay alguna incompatibilidad o dificultad, no tenga ninguna duda de que el intendente le va a pedir algún sumario o lo va a terminar expulsando de la función pública”.
Capparelli recogió el guante y volvió a intervenir: “Tenemos partidos políticos distintos y valores absolutamente antagónicos, bancar a un compañero es sostenerlo pese a que tengas causas penales pendientes; eso es reñido con la ética. Ustedes tienen una mirada reñida con la justicia y a nivel nacional, provincial y local pasa lo mismo. Un acto de allanamiento ustedes lo ven como patoterismo, a un juicio como persecución política. Esos son sus valores, que están bien reñidos con el estado republicano de derecho. Los nuestros son distintos, claramente, y por eso tomamos la decisión que tomamos”, asestó.
En medio del cruce entre López y Capparelli, el concejal del PJ Ignacio Correa tomó la palabra y, tras pedir un trámite rápido para el tema de debate, cruzó a la oposición: “Después de esta cuestión de la ética quiero recordarles que Mauricio Macri, al cual la concejal (Capparelli) tuvo en su cuartel de campaña, fue el primer presidente que asumió procesado (…); no recuerdo ningún tipo de planteo respecto a este tema. Yo creo en el principio de inocencia, me parece que es una medida apresurada. Vuelvo a repetir, Macri procesado presidente, me hace acordar a cuando la diputada Carrió, gran defensora de todas estas cuestiones, vendía los pasajes aéreos que les pagaba” el Congreso de la Nación.
“Lo tenemos que decir, este debate no lo hemos generado nosotros, pero tampoco podemos aceptar que se diga cualquier cosa. Hay cuestiones éticas que se dieron desde Juntos por Cambio, ni hablar de la UCR, y el partido no ha hecho absolutamente nada”, concluyó.