Jorge Pavia
Un nuevo conflicto se suscitó en las últimas semanas entre los productores cuyos campos fueron afectados por La Picasa y el gobierno provincial, que pretende cumplir la resolución 382 y expropiar los lotes. Luego de 26 recursos de amparo, se abre instancia de debate.
Jorge Pavia
En estos días se encendió un nuevo foco de conflicto en torno a La Picasa entre los productores rurales afectados por las inundaciones y el gobierno de Omar Perotti, por la intención de expropiar los lotes inundados.
Lo cierto es que la Casa Gris hizo saber a los propietarios de campos anegados de la laguna La Picasa, su decisión de declarar de interés general y expropiar o calificar como "servidumbre administrativa de ocupación hídrica", a aquellos inundados que se encuentren en los reservorios 6, 7 y 8 de la laguna La Picasa. La decisión se basa en la Resolución 382/2022, del 28 de abril pasado, pero 26 recursos de amparo, entre ellos el del Comité de Cuenca de La Picasa, hicieron dar marcha atrás y abrir una instancia de debate e información.
Al respecto, la delegada regional del Ministerio de Infraestructura provincial, Liliana Rostom explicó: "El 17 de mayo hicimos una reunión en el Comité de Cuenca La Picasa, que tiene sede en Diego de Alvear, para informarles la Resolución 382. Además, ya se venía hablando en otras reuniones con el Comité y los productores afectados, que hace 21 años que están inundados y nunca el Estado los expropió ni hizo frente a la situación económica de ellos, haciéndose cargo del espacio que se les estaba ocupando con obras. Hay propietarios -reforzó- que tienen reservorios dentro de su campo donde se hicieron obras; eso no lo pueden usar más, incluso ahí se construyeron embalses".
A continuación, Rostom destacó: “Nosotros vimos justo el reclamo, desde Recursos Hídricos, junto a la ministra Silvina Frana y el Gobernador (Omar Perotti) lo veníamos hablando y fue así que la ministra firmó la resolución”.
Seguidamente, la funcionaria dijo que "en la reunión nos dimos cuenta de que el decreto no fue bien interpretado y no tenían el conocimiento necesario", asumiendo que "nos adelantamos con la resolución por querer satisfacer un viejo pedido de ellos; primero deberíamos haber informado más y luego emitirla. Ahora vendrá una instancia de debates".
Mirada de productor
Por su parte, Enrique Rey, actual presidente de la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe (Aprusfe), afiliada a Carsfe, indicó que, en lo personal, “corriéndome del cargo de presidente de la Asociación de Productores, me parece una locura que la provincia quiera expropiar campos, porque es lo mismo que te fueran a quitar tu casa. Hay otros intereses atrás, porque no se explica que una lucha que venimos sosteniendo desde hace 30 años la provincia, de un día para otro, lo quiere solucionar. Vieron un negocio inmenso en la pesca”.
Seguidamente, Rey explicó que "cuando empezaron a venir las notificaciones, que fue de un día para otro sin informar nada al respecto, los productores se comunicaron con la Asociación para ver qué podíamos hacer. Trajimos un letrado de la ciudad de Rosario para que pueda evacuar todas las dudas", y resaltó que "la norma se frenó con la presentación de 26 recursos de amparo para pedir que se baje el expediente y saber por qué realmente el gobierno los quiere expropiar".
Por último, Rey subrayó que "hay productores que quieren la expropiación, pero la mayoría no. Estamos luchando para que se terminen las obras que estaban empezadas y las que están en proyecto, porque hay posibilidad de bajar el agua".