El tema de todas esas controversias son los pasaportes de vacunas: tarjetas emitidas por el gobierno o credenciales de teléfonos inteligentes que indican que el portador ha sido inoculado contra el coronavirus.
El próximo gran debate sobre la respuesta al coronavirus ya ha provocado quejas de tiranía y discriminación en el Reino Unido, protestas en Dinamarca, desinformación digital en Estados Unidos y escaramuzas geopolíticas dentro de la Unión Europea.
El tema de todas esas controversias son los pasaportes de vacunas: tarjetas emitidas por el gobierno o credenciales de teléfonos inteligentes que indican que el portador ha sido inoculado contra el coronavirus.
La idea es permitir que las familias se reúnan, que las economías se reinicien y que cientos de millones de personas que han recibido una inyección vuelvan a vivir con un grado de normalidad, sin propagar el virus. Algunas versiones de esa documentación podrían permitir que sus portadores realicen viajes internacionales. Otros documentos permitirían el acceso a espacios donde todas las personas ya se han vacunado, como gimnasios, salas de conciertos y restaurantes.
Aunque esos pasaportes siguen siendo hipotéticos en la mayoría de los lugares, Israel se convirtió en el primer país en implementar el suyo la semana pasada, aprovechando su alta tasa de vacunación. Varios países europeos están considerando seguir ese ejemplo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido a las agencias federales que exploren opciones. Y algunas aerolíneas e industrias y destinos que dependen del turismo esperan su implementación.
Dividir el mundo entre vacunados y no vacunados plantea grandes preguntas políticas y éticas. Las vacunas llegan de forma abrumadora a los países ricos y a sus grupos raciales privilegiados. Otorgar derechos especiales a los vacunados, mientras se endurecen las restricciones sobre los no vacunados, corre el riesgo de ampliar las ya peligrosas brechas sociales.
El escepticismo sobre las vacunas, que en muchas comunidades ya es alto, muestra signos de aumento si se considera que las vacunas son una imposición del gobierno. Los planes también corren el riesgo de exacerbar el nacionalismo covid: pelear entre naciones para promover el interés propio de sus ciudadanos por encima del bien global.
“Los pasaportes de inmunidad prometen una manera de volver a una vida social y económica más normal”, escribieron Nicole Hassoun y Anders Herlitz, especialistas en los temas de ética en salud pública, en Scientific American. Pero como las vacunas han sido distribuidas de manera desigual por raza, clase y nacionalidad, “no es obvio que sean éticas”.
Sin embargo, hay ventajas claras: los abuelos podrían reunirse con sus nietos que viven lejos; deportes, conciertos y otros eventos podrían reiniciarse con seguridad; los viajes internacionales y algunas actividades turísticas se reanudarían; las empresas continuarían con sus actividades sin poner a los trabajadores en riesgo.
Ampliando las divisiones de la sociedad
Por ejemplo, algunos países exigen la prueba de vacunación contra la fiebre amarilla para ingresar a sus territorios. Lo mismo ocurre con las escuelas y las guarderías en muchas regiones estadounidenses.
Pero existen pocos precedentes de restricciones en toda la sociedad. Y, al limitar los servicios a las personas con el papeleo adecuado, los gobiernos obligarían efectivamente a la vacunación.
Por definición, los privilegios especiales para las personas vacunadas favorecerían a los sectores demográficos que se inoculan a tasas más altas. En los países occidentales, esas comunidades tienden a ser blancas y acomodadas.
Esto evoca una imagen incómoda: personas blancas de clase profesional a las que se les permite entrar sin restricciones en tiendas, juegos de béisbol y restaurantes, y personas de color y miembros de las clases trabajadoras que son excluidos de manera desproporcionada. Si los lugares de trabajo requieren pruebas de vacunación, también podría afectar el empleo.
“Si las vacunas se convierten en un pasaporte para hacer cosas distintas, veremos que las comunidades que ya han sido muy afectadas por la covid quedan rezagadas”, dijo Nicole A. Errett, experta en salud pública de la Universidad de Washington.
También está el tema de la imposición.
“Es fácil ver una situación en la que se está creando discriminación, prejuicios y estigmas”, dijo Halima Begum, quien dirige una organización británica de equidad racial llamada Runnymede Trust.
“Ya vimos, con las regulaciones del coronavirus durante los cierres, cantidades desproporcionadas de detenciones y registros en los hombres jóvenes de las minorías”, dijo, refiriéndose a los registros y las multas emitidas por la policía. “Es fácil ver quién tiene más probabilidades de ser arrestado por no llevar el pasaporte y, por lo tanto, a esa persona se le negaría el acceso”.
Según Begum, eso podría aumentar la desconfianza del público en un momento en el que los gobiernos necesitan que unas tres cuartas partes de sus poblaciones se vacunen de manera voluntaria.
Aún así, iniciativas políticas como los pasaportes ayudarían, en teoría, a controlar la pandemia en su conjunto, reduciendo las infecciones generales y los problemas económicos que afectan de manera desproporcionada a los grupos desfavorecidos.
La única manera de solucionar ese dilema, dijo Errett, es “abordar la desigualdad en sí misma”, disminuyendo las disparidades raciales y de clase que se han ampliado durante la pandemia.
La geopolítica de las vacunas
También hay que considerar la desigualdad entre las naciones que sería muy relevante para los viajes internacionales.
En general, las vacunas aprobadas contra el coronavirus se han distribuido entre las naciones que son lo suficientemente ricas como para comprarlas o producirlas. Es posible que los países más pobres del mundo tengan que esperar dos o tres años, aunque también es cierto que sus residentes tienen menos probabilidades de viajar a través de las fronteras.
Sin embargo, hay miles de millones de personas en el medio: con los medios para viajar y, a veces, la necesidad, pero sin el acceso a las vacunas.
“Si solo abrimos el mundo para las personas de los países con altos ingresos, estamos creando mucha inequidad”, dijo Errett. “Estamos privando a las personas de los recursos y las conexiones que hacen que las economías y las comunidades prosperen”.
A pesar de eso, algunos países pobres que dependen del turismo están adoptando la idea. Las autoridades de Tailandia han dicho que esperan implementar una política este verano para aceptar los pasaportes de vacunas.
Algunos expertos instan a los gobiernos a esperar los estándares internacionales sobre los pasaportes, antes de abrir los viajes, con el fin de evitar que las medidas desiguales conduzcan a prácticas inseguras o maniobras geopolíticas.
“Desde el principio ha sido un desafío que los países hagan lo mejor para el mundo, en vez de solo centrarse en lo mejor para las personas que están dentro de sus fronteras”, dijo Errett.
Basta con ver las negociaciones dentro de la Unión Europea, cuyos 27 países comparten vastas fronteras pero tienen necesidades económicas y tasas de vacunación marcadamente distintas.
Los Estados del sur de Europa como España y Grecia, que dependen del turismo, están presionando para que el bloque adopte esa documentación. Funcionarios alemanes y franceses han expresado sus reservas, al menos por ahora. Sus países tienen tasas de vacunación más bajas, lo que significa que las restricciones de viaje pondrían a sus residentes en una relativa desventaja.