Imputaron a una ex participante de Gran Hermano y a un ex intendente por lavado de dinero
La causa está radicada en la Justicia Federal de Morón quien está pidiendo información a la AFIP y al Registro de la Propiedad.
Imputaron a una ex participante de Gran Hermano y a un ex intendente por lavado de dinero
Domingo 10.3.2024
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Última actualización 14:25
Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano y ex diputada nacional por el Frente Para la Victoria fue imputada por la Justicia en una causa por lavado de dinero. Walter Festa, su ex marido y ex intendente del partido bonaerense de Moreno también está incluido en la imputación.
La causa está radicada en la Justicia Federal de Morón quien está pidiendo información a la AFIP y al Registro de la Propiedad del inmueble por una serie de propiedades que supuestamente fueron compradas en ese momento por la ex pareja.
“Hay una serie de propiedades en la costa, en un country que se llama Villa Robles, que está siendo investigado; una casa en un barrio privado en la zona de Gral. Rodríguez; un predio comprado en la provincia de Salta en la localidad de Cafayate”, afirmó el periodista Rodrigo Alegre sobre la causa.
Una de las propiedades de Walter Festa.
Esta última operación quedó registrada el 8 de octubre de 2018, cuando Festa era intendente de Moreno. En los papeles figura que pagó $5.805.000, unos 150 mil dólares de ese momento, por tres lotes ubicados en la esquina de Hurtado y Silverio Chavarría. Los tres lotes, pegados a un hotel boutique de Cafayate, actualmente estarían a nombre de un empresario que vive en la capital salteña.
Además, bajo el nombre de una sociedad, Festa y Romina adquirieron una franquicia de una rentadora de autos para operar en la provincia de Córdoba y compraron una decena de autos. Pero nunca los registraron a su nombre. Por ese motivo, el negocio hasta ahora había quedado fuera del radar de la Justicia.
Tras el fracaso del emprendimiento, luego de la pandemia, Festa retiró los vehículos que ya había cancelado y los trasladó a Buenos Aires. Varios de esos autos terminaron en manos de familiares y allegados. Pero seguían a nombre de la empresa Cactus.
La fiscal Labozzetta pidió un total de 26 medidas de prueba, varias de las cuales ya fueron ordenadas por el juez federal Jorge Rodriguez.