Juliano Salierno
La madre de la víctima denunció los hechos el año pasado y relató el derrotero que le tocó atravesar desde entonces. Reclamo de familiares al MPA para llevar la causa a juicio.
Juliano Salierno
Una pareja de abuelos de la ciudad de Esperanza permanece privada de la libertad desde fines del año pasado, acusada por el abuso sexual de su nieto, un niño que ahora cuenta con once años. La denuncia la radicó Fernanda Baraldo, madre del chico e hija de los abusadores, quien actualmente reclama para que la causa llegue a juicio oral.
La madre descubrió que su hijo había sido abusado en octubre de 2013, a partir de una foto que apareció en el celular del menor, donde se exhibían las partes íntimas de una persona mayor sentado en un sillón que se correspondía con el mobiliario de la casa de los abuelos. A partir de esa foto comenzaron a indagar hasta que lograron que el chico les contara lo ocurrido. Hasta ese entonces el niño había vivido con sus abuelos, que se habían hecho cargo de la crianza por cuestiones familiares.
Bajo ese contexto la primera denuncia fue radicada casi un año después, en agosto de 2014.
Las detenciones
Apenas conocido el hecho la fiscal de Esperanza, Clelia Trossero, tomó las primeras medidas; entre ellas, ordenó la detención del abuelo luego de que el niño fuera entrevistado por el psicólogo de la Unidad Regional del departamento Las Colonias, donde lo señala a su abuelo directamente como autor del delito de abuso sexual.
La orden de detención se ejecutó el 19 de agosto del año pasado y el 21 del mismo mes se realizó en tribunales la audiencia imputativa, en la cual Víctor Hugo Baraldo (55) fue formalmente acusado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo, por ser guardador, por ser la víctima un menor de 13 años y por la reiteración en el tiempo del caso”. Al día siguiente (22 de agosto) el juez Sergio Carraro dictó la prisión preventiva.
Un mes después, en septiembre, la defensa de Baraldo pidió una audiencia para analizar medidas alternativas a la prisión preventiva y el juez Nicolás Falkenberg le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria por fundadas cuestiones de salud. Desde entonces el hombre está en un campo de Colonia Nueva, en jurisdicción de Humboldt.
Cámara Gesell
Siguiendo el hilo de la investigación, y de las declaraciones del niño surge cierto grado de responsabilidad de la abuela Nidia Noemí Morandini (53). La Cámara Gesell confirmó las sospechas de la fiscal y el 22 de diciembre de 2014 se produce la detención de la abuela.
Morandini, quien se desempeñaba como jefa de personal de una poderosa industria de la ciudad, quedó imputada por el delito de “facilitamiento de la corrupción de menores, agravado por el vínculo, la edad de la víctima y la persistencia en el tiempo del hecho”. La primera audiencia se celebró el 23 de diciembre y el 24, en vísperas de Navidad, el juez Héctor Gabriel Candioti respaldó el pedido de la fiscal Trossero y dictó la prisión preventiva.
La defensa solicitó una audiencia para el 30 de diciembre que se suspendió; y el 5 de enero, en medio de la feria judicial, se programó otra audiencia para solicitar alternativas a la prisión, pero volvió a suspenderse y como los plazos no se encontraban vencidos, la defensa apeló la prisión preventiva y se habilitó la feria para que la Cámara de Apelaciones resuelva la cuestión. Finalmente, en la segunda instancia, la Cámara ratificó los fallos de sus inferiores y mantuvo a ambos privados de la libertad.
Apartamiento
Pero el 10 de agosto último el fiscal Regional Ricardo Fessia resolvió el apartamiento de la fiscal Trossero, al considerar que “ha obrado con mala fe, argumentando falacias, obstaculizando el normal ejercicio de la defensa técnica de los justiciables”, según reprodujo de una denuncia presentada por los abogados defensores de la familia Baraldo.
En su lugar, el Dr. Fessia designó al fiscal de Santa Fe, Omar de Pedro, pero éste se excusó. Actualmente la causa se encuentra en un impasse, en el que no está claro quién debe llevar adelante la acusación.
Por su parte, el 31 de agosto el abogado Miguel Ortiz de Rozas, quien representa a la madre de la víctima como parte querellante, formalizó la acusación y pedido de elevación a juicio, pero “la causa está estancada”, según reflejan fuentes del caso.
Con Lewis y De Olazábal
Días pasados, la madre del chico abusado fue recibida por el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Juan Lewis, oportunidad en la que aprovechó para denunciar la “demora innecesaria de la elevación a juicio”; y cuestionó la decisión de apartar a la fiscal Trossero del caso. En el mismo sentido, Fernanda Baraldo se reunió con el fiscal general Julio De Olazábal, ante quien vertió las mismas preocupaciones.