Creen que el "arbolito" del puerto pagaba por los DNI para sacar tarjetas de débito

El fiscal federal Nº 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, pidió una ampliación de declaración indagatoria para Ángel Yamil Benavídez, el único detenido hasta el momento por el hallazgo de una "cueva" de dinero en un complejo de departamentos del puerto local.

Si bien lo adelantó la semana pasada al solicitar la prisión preventiva, el planteo ingresó este lunes al despacho del juez federal -subrogante- Aurelio Cuello Murúa. Al mismo tiempo, el magistrado analiza sendos escritos del abogado Ignacio Alfonso Garrone, que reclamó la nulidad del allanamiento del 12 de septiembre y la declaración de incompetencia del fuero federal.

La fiscalía había atribuido a Benavídez los delitos de "lavado de activos agravado", "intermediación financiera no autorizada" y "defraudación especial en 39 oportunidades", por el hallazgo de 45.251.600 pesos, 23.000 reales, 22.035 euros y 83.172 dólares, además de 39 tarjetas de débito de terceros.

Adulteración de tarjetas

Sin embargo, a partir de la información reunida en el expediente, decidió ampliar el espectro al delito de "falsificación de moneda" -artículo 285 en función del 282 del Código Penal-, haciendo una extensión del término a la utilización de tarjetas de débito sin el consentimiento de sus titulares.

Puntualmente, lo que le reprocha el fiscal Rodríguez es "la adulteración" de esas 39 tarjetas de débito secuestradas, que habían sido emitidas en forma legal por el Banco Santander. Es decir que mientras los plásticos se encuentran a nombres de terceros, Benavídez gestionaba sus productos financieros sin autorización ni conocimiento de los titulares.

Para llegar a dicha conclusión, el Ministerio Público Fiscal (MPF) encomendó una serie de entrevistas a la Agencia de Investigación Criminal, que el 14 de septiembre ubicó a un grupo de personas cuyos nombres figuraban en las tarjetas secuestradas en un departamento del piso 12 de la calle Sara Pinasco de Julierac al 1700.

Claves y chips

Como dato indicativo aparece el número "1905" en el dorso de cada tarjeta, lo que hace presumir que todas funcionaban con la misma clave de acceso bancario. También una carpeta fue secuestrada en el lugar, donde figuraban las fotocopias de los DNI de los 39 damnificados; así como chips de telefonía celular fichados con cada "legajo" personal.

En definitiva, el fiscal Rodríguez sostiene que fue Benavídez quien abrió dichas cuentas bancarias para operarlas personalmente.

Pero sin dudas fueron las entrevistas realizadas por la AIC, las cuales determinan un "patrón común" en los titulares de las tarjetas en cuanto a su "desconocimiento de la adquisición de los productos expedidos por el Banco Santander". De los casos analizados, todas las tarjetas tenían fecha de expedición mayo de 2023 y vencimiento en junio de 2029.

"Regalaban" plata

Y el dato singular radica en que algunos entrevistados aseguran que les pagaron para tomarles fotos y aportar los datos del DNI. Uno de ellos contó que entre "junio o julio, antes de las últimas elecciones, anduvieron en el barrio cuatro personas desconocidas", que se movilizaban en un auto azul y que les "regalaban" entre 600 y 2.000 pesos si permitían que les sacaran una foto al DNI. Aunque les resultó raro el pedido, muchos accedieron "por necesidad", dijeron.

"Esta gente creo que eran políticos o punteros políticos pero no se para que partido", expresó otro de los titulares invocados, que afirma que eran dos personas bien vestidas, en un VW Gol negro.

El fiscal federal hizo hincapié en que se trata de "personas de bajo recursos, sin empleo, changarines, habitantes de barrios carenciados con muy poca instrucción, algunos de ellos con cierta discapacidad física". Asimismo, remarcó la cercanía de algunos de ellos con una facción de la barrabrava de Colón, puesto que se trata de familiares directo del "Chuky" Ríos, quien se encuentra privado de la libertad por asociación ilícita, entre otros delitos, atribuidos como jefe de "La Negrada".