Por Cristian Costa
Por Cristian Costa
El ex fiscal regional Patricio Serjal declaró en sede judicial que las decisiones que tomó en torno a la ex Petroquímica Bermúdez, las iba hablando con quien era su superior directo, el fiscal general de la provincia Jorge Baclini. Y expresó que éste estuvo de acuerdo con el cierre de la causa por contaminación. Para la fiscalía, esa decisión "es ilegal e inaceptable". Este lunes, continuarán las audiencias en los tribunales rosarinos.
En efecto, el testimonio de Serjal fue lo más trascendente que sucedió en la audiencia que tuvo lugar el pasado viernes en el marco del juicio oral que se está llevando a cabo en los tribunales de Rosario y que tiene a la ex Petroquímica Bermúdez en el centro de la escena. En el marco de este proceso, en el que ya se llevaron adelante tres audiencias durante la semana pasada, se busca determinar si el expeditivo cierre de la causa por contaminación ambiental contra la empresa cuenta con el debido sustento legal o, por el contrario, debe ser revocado ante los múltiples elementos sospechosos que la rodean.
Hasta el momento se encuentran imputados por los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público y encubrimiento, el propio Patricio Serjal y el ex fiscal Gustavo Luzzini, quien se desempeñó como fiscal de Estado adjunto durante la gestión del Frente Progresista Cívico y Social.
Vale destacar que la causa judicial observada se cerró en 2019. Y de acuerdo a los testimonios recabados en el marco de la investigación judicial, el cierre de las actuaciones se produjo a partir de un escrito del fiscal Juan Carlos Ledesma al juez Juan José Tutau. Ledesma dijo que fue presionado por Serjal para cerrarla, y ahora Serjal en su testimonio asegura que sus decisiones, a su vez, fueron charladas con el fiscal general de la provincia Jorge Baclini.
La historia comenzó en 2015, cuando el gobierno de Miguel Lifschitz detectó que la ex Petroquímica Bermúdez no cumplía con los protocolos de protección y estaba provocando una gravísima contaminación medioambiental.
La investigación que llevaron adelante los fiscales Luis Schiappa Pietra, Matías Edery y Pablo Lanza, terminó con una denuncia contra los dueños de la empresa por "contaminar dolosamente de un modo peligroso para la salud y el medio ambiente con residuos peligrosos". Se presume que en la planta había sustancias contaminantes como amoníaco, amianto y ácido sulfúrico y que la ex Petroquímica Bermúdez no tomó ninguna medida para evitar el grave daño ambiental que estaba produciendo. Para los delitos de esta naturaleza, las penas oscilan entre tres y diez años; si por causa de esos delitos se produce una muerte, pueden llegar a 25 años.
"Yo dialogué varias veces con Baclini y con (el fiscal Juan Carlos) Ledesma", aseguró sin dudarlo Patricio Serjal en el transcurso de su declaración. Y agregó: "Si bien el fiscal general (Baclini) siempre estuvo a favor de la reparación del daño, le parecía más apropiado una probation. Después de eso Baclini cambió de postura, cambió de opinión, y le pareció que era viable una aplicación de un criterio de oportunidad, pero con una reparación al Ministerio Público a través de una aparatología que transmitiera los futuros hechos ambientales". Es decir, de las declaraciones de Serjal se desprende que Baclini estuvo de acuerdo en la aplicación del criterio de oportunidad, que fue el argumento jurídico al que se recurrió para decidir un expeditivo cierre de la causa.
Después volvió a hablar sobre la participación del fiscal general de la provincia en la decisión adoptada: "Lo que hablaba con Baclini se lo comunicaba a Ledesma, por lo general por WhatsApp. Con Ledesma tuve una sola reunión en el shopping Alto Rosario, porque ambos vivíamos cerca" añadió. El ex fiscal regional Serjal se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, acusado de cobrar importantes sobornos para proteger el juego clandestino en la provincia. Serjal, en la audiencia, expresó que estuvo a punto de quitarse la vida y que se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico. "Me destruyeron la vida con operaciones mediáticas", sentenció. Después de dejar en claro que Baclini estuvo de acuerdo con el cierre de la causa por la gravísima contaminación ambiental producida por la Petroquímica Bermúdez, se negó a responder cualquier otra pregunta.
La causa que se está ventilando en los tribunales de Rosario por contaminación contra la ex Petroquímica Bermúdez es emblemática en materia de daño medioambiental. Y durante las tres audiencias judiciales acontecidas la semana pasada, bien vale consignarlo, desfilaron actores de mucho peso político y judicial en la provincia.
Ya prestaron testimonio como testigos el propio Jorge Baclini; el ex secretario de Estado de la provincia, Pablo Saccone; el fiscal Ledesma y el juez Tutau. También lo hizo César Mackler, secretario de Medio Ambiente en el gobierno de Lifschitz.
Además de Serjal, en la causa está imputado ex el fiscal Luzzini, quien fue el fiscal de Estado adjunto en la gestión del Frente Progresista. Por si la trama del caso necesitara más condimentos, el propio Luzzini fue uno de los funcionarios judiciales que aprobó y refrendó la designación de Serjal como fiscal regional.
En las audiencias previas, que se realizan en la sede del primer piso de la Cámara de Apelaciones en Pellegrini y Balcarce, aparecieron detalles que eran, hasta ahora, ciertamente desconocidos. Por ejemplo, Saccone y Mackler admitieron que el gobierno de Lifschitz y la ex Petroquímica Bermúdez firmaron varios convenios para que la planta realizara un cerramiento edilicio operativo y seguro con el fin de dejar de contaminar; no obstante, dijeron esos convenios "no se cumplieron o se cumplían solamente en una parte". Es decir, la contaminación nunca se detuvo y lo que es peor, las autoridades gubernamentales sabían lo que estaba sucediendo. En la mañana de este lunes continuarán las audiencias vinculadas a esta causa en los tribunales rosarinos.