Por Carlos Retamal
Si bien la mirada está puesta en los disparos contra el Centro de Justicia Penal de Rosario, en las horas previas a un nuevo juicio contra el líder de Los Monos, los tiros contra viviendas y personas ya son hechos que pasaron a ser parte de lo cotidiano, con muertos que siguen engrosando una lista que se torna interminable.
Por Carlos Retamal
Sin prisa pero sin pausa, Rosario se ha convertido en sinónimo de violencia, con crímenes perpetrados por aprendices de sicarios y/o balaceras a cualquier hora y en cualquier lugar, que se siguen cobrando víctimas, algunas inocentes, y con la Policía y la Justicia corriendo desde atrás. Día tras día, semana a semana, mes a mes, las páginas policiales se llenan de noticias que tienen a la tercera ciudad del país como epicentro de hechos delictivos, en su mayoría manchados con sangre.
Los números y las estadísticas indican que, al 28 de agosto, ya se llevan registrados 140 asesinatos en el departamento Rosario, con su ciudad cabecera como epicentro (ocurrieron casi el 90% de esos crímenes).
El último del que se tiene registro marca a las claras que los sicarios han ganado las calles, sembrando de balas y muerte cualquier esquina, a cualquier hora. El jueves 26, alrededor de las 15, dos sicarios en moto aparecieron por calle Pampa al 7400, a metros de avenida Circunvalación, en el barrio Belgrano oeste, y atacaron a tiros a varias personas que estaban en la puerta de un kiosco. Al menos 6 plomos impactaron en el cuerpo de David Contreras, quien murió un rato después, mientras era operado en el hospital de emergencias. La investigación policial tiene algunas hipótesis sobre el hecho, que giran en torno del crimen por error o que los sicarios tiraron por tirar. Cualquiera de las dos deja en evidencia el grado de impunidad con que se manejan los violentos.
Además, se cuentan no menos de 10 balaceras diarias en distintos puntos de la ciudad, que tienen como destino viviendas atacadas al voleo y otras con la intención de ser usurpadas o compradas (tiros mediante) a precios irrisorios y, por supuesto, heridos que ingresan a los hospitales de Rosario con balazos, algunos de gravedad.
En su gran mayoría, los ataques son perpetrados por sicarios que se manejan en moto, que cruzan la ciudad de norte a sur y de este a oeste, ahora ya no amparados en las sombras de la noche sino a cualquier hora del día, sembrando de plomo las calles y generando cada día más temor en una sociedad que parece estar resignada a aceptarlos.
Un cuerpo en el placard
Además de las balaceras que ya forman parte de lo cotidiano, se siguen cometiendo asesinatos que mantienen a Rosario como cuna de la violencia. Agosto tuvo un día realmente de furia, que refleja el grado de violencia en el que está inmersa la ciudad.
En la mañana del miércoles 18 de agosto, horas antes de que la ciudad se viera sacudida por una balacera contra el Centro de Justicia Penal de Rosario, un llamado telefónico desde una vivienda ubicada en Callao al 2600, a pocos metros del Estadio Municipal y del barrio Latinoamérica, denunciaba que una mujer estaba fallecida en ese domicilio.
El llamado fue realizado por el hijo de una mujer identificada como Rosa Zorico, de 82 años. Ella fue hallada sin vida en el interior de un placard de grandes dimensiones, en su dormitorio. En una primera inspección, se constató que la mujer tenía múltiples heridas de arma blanca (entre 15 y 20) y quemaduras en gran parte de su cuerpo. Según los investigadores, el homicidio ocurrió en la zona del baño del domicilio, donde la víctima fue atacada y luego de fallecida fue quemada y posteriormente trasladada al ropero.
Por el crimen, que se presume ocurrió el fin de semana anterior, quedó detenido el hijo de la víctima, de 40 años. El hombre relató a los policías presentes en el lugar que estuvo en el momento en que un amigo suyo mató a su madre y que él también le había asestado al menos una puñalada, por lo que se le realizará un examen médico psiquiátrico forense antes de avanzar en la imputación.
Femicidio en plena calle
Cerca del mediodía de ese mismo miércoles 18, se produjo un femicidio en una calle de barrio Los Plátanos, al este de Granadero Baigorria. La víctima, identificada como Nora Montero, de 39 años, recibió casi una decena de puñaladas en distintas partes del cuerpo y quedó tendida en medio de la calle.
El femicidio fue denunciado por vecinos de la zona, que vieron lo sucedido pero no intervinieron. Cuando llegó la Policía, el femicida se había dado a la fuga. Algunas horas después, luego de un hermético trabajo de investigación, fue detenido en una vivienda ubicada en la localidad de Maciel, departamento Iriondo.
En esa casa se secuestraron prendas de vestir y una cadenita que pertenecían a Nora. Además, se conoció que ella había hecho varias denuncias por violencia de género contra quien fuera su pareja, una de ellas presentada el 1º de agosto en la comisaría 24ª de Granadero Baigorria.
El femicida, identificado como José Alejandro Román, fue trasladado al Order, complejo penitenciario provincial que está ubicado en el extremo oeste de la ciudad de Rosario, donde fue hallado sin vida la mañana del viernes.
Balaceras antes del juicio
Claramente, el 18 de agosto fue un miércoles para el olvido. Cerca de las 23, dos personas en moto balearon el edificio del Centro de Justicia Penal de Rosario. Al menos dos de los plomos impactaron en los vidrios blindados del inmueble ubicado en el barrio Hospitales, en la zona sur de Rosario. El ataque fue el cuarto que se registra en menos de 3 años y ocurrió casi 48 horas antes del inicio de un juicio oral contra el jefe de la banda Los Monos y otras seis personas, por la primera de esta mafiosa saga de balaceras contra edificios del Poder Judicial y viviendas de fiscales o funcionarios judiciales.
El ataque se produjo a horas del inicio de un amplio operativo (que incluía más de 200 policías y casi 50 vehículos) que se iba a implementar a partir de este jueves, por el juicio oral y público que comenzaría el viernes.
En la tarde del miércoles, el diario Clarín publicó una nota sobre el juicio y señalaba que la Policía de Santa Fe estaba en alerta máxima debido a un informe confidencial en el que se advierte que juzgar al principal acusado (Cantero) tenía “riesgo extremo” si se hacía presencial y “riesgo alto” si se hacía virtual. También que el juzgamiento de forma virtual “puede causar lesión severa (a las personas), daño significativo a la propiedad y contener serios riesgos potenciales que son probables de ocurrir” entre otras apreciaciones, dejando en claro que había un alerta máxima ante la posibilidad de ataques a tiros, algo que finalmente ocurrió.
“Contratar sicarios para tirar tiros a los jueces”
Y en lo que fue la declaración que fue título en los diarios de todo el país, el viernes 20, desde el penal federal de Marcos Paz (desde donde seguirá el juicio oral) Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de la banda Los Monos, sorprendió a los jueces a poco de comenzar el debate oral y público por una serie de ataques a balazos a funcionarios y edificios judiciales cometidos en 2018.
Cuando la jueza Hebe Marcogliese (quien preside el Tribunal) le preguntó sus datos personales, cumpliendo con las formalidades de inicio de cualquier debate, Cantero fue respondiendo en forma escueta. Dijo tener 32 años, haber cursado hasta el primer año de la secundaria y tener oficios “varios”. Y cuando la jueza le pidió mencionar alguno, con un dejo de impunidad y mucho de sarcasmo, dijo: “Contrato sicarios para tirarle tiros a los jueces judiciales”.
Como si fuera una jugada de ajedrez, la frase escaló rápidamente y llegó a todo el país, dejando en segundo plano la primera jornada del juicio oral y público, que continuó toda la semana, y continuará hasta mediados de septiembre.
Fiscales, funcionarios judiciales, de los estados provincial y municipal y hasta políticos en campaña se hicieron eco de esos dichos y además de repudiarlos, coincidieron en opinar que esas palabras demuestran que Cantero, desde la cárcel, sigue demostrando poder.
Un teléfono en discordia
Por la investigación de la balacera registrada el 18 de agosto, los fiscales Carbone y Rébola ordenaron un allanamiento en la celda donde está alojado Cantero en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz. En ese lugar se halló un aparato telefónico y una conexión al servicio de telefonía fija, que en principio permitía al líder de la banda Los Monos utilizarlo en forma ilimitada, las 24 horas.
Esto derivó en la suspensión de los custodios del pabellón especial donde está Cantero, ya que la conexión del cable fue considerada como irregular.
A través de un comunicado, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) anunció que, además de la suspensión de los guardias, ordenó “la sustanciación de un sumario administrativo” para determinar si Cantero realizó llamadas telefónicas fuera del horario permitido, y se le inició a Cantero un parte disciplinario, pero aclarando que “el Servicio Penitenciario Federal rige su accionar en el marco de la Ley 24.660 y sus decretos reglamentarios, que establecen la obligación del Estado de garantizar a todos los detenidos la posibilidad de contar con un teléfono público para el mantenimiento de sus relaciones familiares en los horarios reglamentariamente permitidos (8 a 24 horas)”.
Por ahora, Cantero se quedó sin posibilidad de usar esa línea telefónica.