Las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza brindaron este viernes por la tarde una conferencia de prensa en la que ofrecieron importantes detalles de los numerosos operativos realizados en horas de la mañana en el marco de una causa en la que se investiga a seis bandas de prestamistas que compartían la logística de “apriete” a comerciantes.
En total fueron 27 los allanamientos concretados en locales comerciales y viviendas de las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, entre los que se cuenta un barrio privado. Las tareas fueron autorizadas por la jueza Rosana Carrara y en los operativos actuaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (ex PDI), personal de las Tropas de Operaciones Especiales y policías de Narcocriminalidad.
“Negocios o personas recibían préstamos de dinero de diversos montos y se cobraba en forma diaria, semanal o mensual”, explicaron desde Fiscalía. “Hay muchas denuncias registradas”, por “acoso por parte de cobradores, que también ejercían violencia”. Los damnificados “fueron golpeados, amenazados con armas de fuego”, e incluso “les quitaban bienes, como el freezer, la heladera u otras pertenencias”.
Las fiscales explicaron que “la investigación que llevaba adelante la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos desde septiembre trata sobre préstamos de dinero realizados de manera irregular a través de distintas empresas”. Asimismo, agregaron que “a demás de las tasas exhuberantes que cobraban en las cuotas, al no cumplir con el pago de la cuota o atrasarse, los prestamistas ejercían violencia sobre los deudores y se apoderaban de algunos de sus bienes”
>> 31 detenidos (hombres y mujeres, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina, los que cumplían diversas funciones o tareas en estas empresas)
>> 1 camioneta secuestrada
>> 7 armas de fuego incautadas
>> 1.500.000 pesos y 47.000 dólares incautados
Consultadas por los medios de prensa, las funcionarias agregaron que de los locales donde funcionaban estas “empresas” (las que tenían diferentes denominaciones) que prestaban dinero, se secuestraron 1,5 millones de pesos y 47.000 dólares, entre otros documentos como pagarés en blanco firmados por varias víctimas, copias de denuncias con información sobre las causas judiciales en las que se los estaba investigando, cheques, formularios 08 de vehículos y escrituras de terrenos que se sospecha obtenían como forma de pago, armas de fuego de todo tipo y calibre, 9 notebooks, 14 CPU, 15 tablets, celulares, etc., que deberán peritarse, entre otros elementos de interés.
Por otro lado, uno de los lujosos domicilios allanados se secuestró marihuana, cocaína y una balanza de precisión.
“Algunas empresas llevaban años trabajando y otras son más recientes”, agregaron las fiscales, quienes comentaron que “algunas firmas tenían locales, pero otras simulaban ventas de electrodomésticos u otro rubro comercial” a modo de “tapadera”.
La conexión en ese eslabón mafioso, y algunas vinculaciones familiares, permitió a los analistas comprobar el funcionamiento coordinado de las seis organizaciones.
El legajo que reconstruye este modus operandi registra dos suicidios producidos a consecuencia de las amenazas y extorsiones padecidas por sus víctimas.
Las fiscales imputaron a los integrantes de esta red por los delitos de coacción, amenazas, lesiones con arma de fuego, extorsión, chantaje, y los dos casos de inducción al suicidio, de los cuales son testimonio sendas cartas que dejaron las víctimas al quitarse la vida.