Cuatro balazos de calibre 380 terminaron con la vida de Leopoldo Ceferino Romero, la siesta del sábado 14 de enero, en las calles del barrio Coronel Dorrego, en el sector noreste de la capital provincial.
La declaración de testigos de identidad reservada será clave para sostener la acusación formulada por el fiscal Estanislao Giavedoni. "Que no la dejen libre", imploró la madre de la víctima al juez de la causa.
Cuatro balazos de calibre 380 terminaron con la vida de Leopoldo Ceferino Romero, la siesta del sábado 14 de enero, en las calles del barrio Coronel Dorrego, en el sector noreste de la capital provincial.
Por el hecho, el fiscal de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni, imputó este viernes a Ayelén Leonela G. como presunta autora del delito de "homicidio calificado por el empleo de arma de fuego".
Lo hizo en una audiencia que estuvo a cargo del juez penal en feria, Luis Octavio Silva y ante la defensa de la involucrada, ejercida por los abogados particulares Claudio Torres del Sel y Natalia Giordano.
Pero previo a la exposición fiscal, el magistrado hizo lugar a la declaración de la madre de la víctima, la señora Marcela G., quien viajó desde su lugar de residencia, en Pergamino, provincia de Buenos Aires, para pedir "que no la dejen libre".
"Con respecto a esta señora que mató a mi hijo, yo no quiero que salga", definió. Dijo que no lo pide por ella, que reside en otra ciudad, sino porque "mis hermanas viven ahí y tienen muchísimo miedo".
"Me lo mató por la espalda, como a un perro. Una persona así no puede salir a la calle", sentenció.
Aclaró que "no sé si tenían problemas o no, pero me quitó una parte de mi vida", lamentó la mujer. Ahora "tengo miedo que me mate a mis hermanas, que son las que viven acá".
A propósito del día del hecho, recordó que "el 14 de enero a mí me avisan que a mi hijo me lo mató una mujer llamada Ayelén y me lo dejó tirado en al calle". Por eso imploró "que no la dejen libre". Y antes de retirarse de la sala señaló que su hijo "pudo haber tenido un millón de defectos, pero no tenía derecho de matarlo así, por la espalda".
La acusada también pidió la palabra para expresar su desconcierto por la detención. "Yo estaba en el barrio ese día", reconoció. "Ahí se agarran a tiros todos los días. No es de ahora. Estaba en el patio de mi mamá. Vi todo", afirmó.
También relató que pidió asesoramiento jurídico cuando "me enteré que me estaban nombrando por redes sociales" como la responsable del ataque armado que acabó con la vida de Romero. "Estuve siempre en el barrio. No sé por qué se me acusa, pero acá estoy", concluyó.
A raíz de su declaración, el abogado Torres del Sel formuló un planteo solicitando se declare ilegal la detención de su pupila, dado que apenas se comunicó con el estudio jurídico, fue presentado un hábeas corpus y se la puso a disposición de la Justicia en caso de ser necesario.
"El 16 de enero se comunicó con el estudio para comentar que había dos personas que la estaban mencionando por el homicidio", introdujo el defensor, quien apuntó que "se mostró sorprendida por la situación" y que "ese mismo día solicitamos el hábeas corpus".
Tres días después -el 19 de enero- "recibimos respuesta del MPA diciendo que no había medidas en ese sentido", lo cual fue ratificado el 22 de enero negando la existencia de orden de detención alguna.
Sin embargo, la defensa cuestionó que no habiendo elementos nuevos de prueba, este miércoles se llevaron a cabo una serie de allanamientos y Ayelén Leonela G. quedó detenida.
El fiscal se opuso al planteo refiriéndose a la discrecionalidad del organismo que investiga para mantener en reserva datos sensibles de la causa, sin que ello menoscabe el derecho de los posibles imputados. Allí destacó la especial situación que atraviesan testigos clave del hecho, cuyas identidades se encuentran encriptadas por el riesgo que la divulgación de sus nombres implicaría para ellos y su entorno.
Tras evaluar la situación, el magistrado convalidó la medida privativa de la libertad de la mujer de 28 años. "No existe arbitrariedad en la detención", señaló el juez Silva.
Acto seguido el fiscal Giavedoni pidió el tratamiento de la prisión preventiva de la mujer, ante lo cual la defensa solicitó una prórroga y reprogramación de la audiencia para el martes 31 de enero en horario a determinar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).