"Bombita" sufre mal de amores

El Litoral
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Los últimos aumentos de la tarifa energética no fueron la causa de las doce amenazas de bomba recibidas durante medio año en la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Cuando muchos creían que podía tratarse de un contribuyente, enfurecido luego de que el cartero deslizara la boleta por debajo de su puerta, la realidad mostró que no todo en esta vida se mueve por el influjo del dinero.

Como en las novelas de la hora de la siesta, el personaje principal se revela triste y melancólico y confiesa el peor de sus pecados: ser un hombre despechado. Gabriel S. tiene 29 años, es santafesino y vive circunstancialmente en Rosario, donde estudia la carrera de Medicina.

El viernes 2 de junio fue detenido en la casa de su abuela, en calle República de Siria al 3900 de barrio Candioti. Apenas le pusieron las esposas, esa noche supo que la “venganza” que había iniciado a fines de 2016 había llegado a su fin.

Aunque no se trata de una información oficial, el día que lo detuvieron circuló la versión de que Gabriel S. reconoció que lo hizo porque su ex pareja trabaja en la EPE y sólo quería “molestarla”.

Las llamadas

Si bien esa inesperada confesión no tiene valor probatorio ante la Justicia, existe una investigación mediante la cual se pudo determinar que los teléfonos desde los cuales el muchacho realizó las temerarias llamadas lo señalan como único responsable.

Personal de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) estableció que las comunicaciones se hacían tanto desde su teléfono celular, como desde el de su abuela. Las comunicaciones, breves avisos anónimos dando la alarma, eran dirigidos indistintamente a la Central de Emergencias 911 como al edificio de la EPE de calle bulevar Pellegrini 2626.

Si bien hubo otras llamadas anteriores, la primera que motorizó la investigación, a cargo de la fiscal María Laura Martí, fue la del 29 de diciembre de 2016. La fiscal ordenó inmediatamente que se analizaran los registros telefónicos, labor que se repitió cada vez que ocurría un aviso de bomba, hasta que pudieron dar con el número del cual partió el mensaje.

Mientras tanto, en ese lapso se produjo un sinnúmero de hechos de características similares, especialmente en establecimientos educativos. Los investigadores también chequearon si existía vínculo entre el caso de la EPE con el resto, pero esta hipótesis de trabajo fue rápidamente descartada.

Allanamientos

La semana pasada, con el dato de dónde podría ocultarse el anónimo, la fiscal Martí firmó dos órdenes de allanamiento para dar con su paradero. El primero, con resultado fallido, fue el jueves 1º de junio, en su departamento de estudiante en Rosario; pero al día siguiente fue capturado en la casa de su abuela.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó su aprehensión ese mismo viernes y le inició una causa por “intimidaciones públicas” reiteradas, en perjuicio de la empresa prestataria del servicio eléctrico. Sin embargo, la calidad de delito, la intimidación pública prevé una pena mínima de 2 años de cárcel; así como la falta de antecedentes del imputado, llevaron al fiscal del turno, Gustavo Urdiales, a ordenar su inmediata libertad.

Fuentes tribunalicias indicaron que el joven estudiante podría ser citado para la semana que viene para audiencia imputativa, donde se verá si sostiene esa primera versión que da cuenta que “bombita” sufre mal de amores