Buscan a los administradores del fideicomiso Aires del Llano

El Litoral
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Dos semanas atrás, la Justicia libró dos órdenes de captura para su comparendo para los empresarios del rubro inmobiliario Rodrigo Gómez Barinaga y Fernando Font Saravia, considerados los principales impulsores del country Aires del Llano. La medida adoptada por el Ministerio Público de la Acusación se debió a las sucesivas negativas de ambos a las citaciones realizadas por la Justicia en una causa penal en la que están acusados por el presunto delito de “defraudación fiduciaria”.

Hasta el momento la causa tiene un único denunciante, que es un inversor que habría comprado un terreno en el denominado barrio VI y que tras mucho esperar, el predio adquirido no ha sido beneficiado con ninguna de las mejoras prometidas en la operación de compra-venta.

En su representación, el abogado Alejandro Albiñana, radicó la denuncia el 25 de noviembre de 2015 para que se investigue si los administradores del fideicomiso Aires del Llano cometieron delito. Para avanzar en la causa el abogado solicitó ser admitido como querellante, pero la falta de presentación de los empresarios acusados hace por el momento inviable dicha medida. Por ese motivo fue que la fiscal Carolina Parodi lanzó la orden de captura, simplemente a los fines de que se presenten por derecho propio o por intermedio de un abogado. En tal sentido, fuentes del caso aseguraron que no quedarán detenidos tras su presentación en Fiscalía.

Sumas millonarias

“A mi cliente le prometieron que entre 12 y 24 meses iba a tener las mejoras e iba a tener un lote dentro de un country” cosa que hasta el momento “no se produjo”, explicó Albiñana. En un minucioso relato, el abogado recorrió el historial del fideicomiso inmobiliario de administración Aires del Llano, desde su constitución el 20 de julio de 2007 y a los fines de desarrollar un barrio cerrado; hasta la fecha, donde hay al menos 300 inversores que no pueden acceder a las mejoras oportunamente abonadas.

El abogado evocó que para la constitución del fideicomiso se constituyeron dos sociedades, Pioneros Argentina SA y Fontbar SA, en las cuales los dos empresarios son socios accionistas. “En buen romance, lo que resulta claro es que Fernando Font Saravia y Rodrígo Gómez Barinaga ya sea a título personal o en sus calidades de socios y representantes de las sociedades fiduciantes, fiduciarias y beneficiarias del fideicomiso habrían “edificado” un castillo jurídico de naipes para vulnerar en beneficio propio los derechos de todas las demás partes contractuales, que a la fecha de celebración del contrato de fideicomiso en garantía ya tenían vulnerados sus intereses”.

Albiñana explicó que en otro expediente judicial, en este caso del fuero civil, en 2013 el fideicomiso que administraban ambos acusados llegó a tener once cuentas bancarias en los bancos Macro y Francés, por las que circularon 22 millones de dólares, una cifra varias veces suficiente para cumplir con las obligaciones reclamadas. En definitiva, lo que se les achaca es “haber tomado el dinero y haberlo puesto en un lugar diferente al desarrollo del barrio, por eso basta para que el delito exista” como “defraudación especial”, señaló.

Un pedazo de campo

“Debe advertirse la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los bienes y el dinero confiados a Font Saravia, Gómez Barinaga y compañía, quienes detrás de figuras societarias habrían adquirido bienes, dinero en efectivo y derechos con una rapidez que no se compadece con el estancamiento del desarrollo inmobiliaria de cuyos frutos supuestamente deberían beneficiarse”, aportó el profesional.

El fideicomiso fundado hace casi una década por Font Saravia y Gómez Barinaga tenía por finalidad un loteo para la construcción de seis barrios, para lo cual “habrían recibido de los demás fiduciantes una cantidad de dinero suficiente para cumplir con el objeto del fideicomiso, pero que al contrario de cumplirlo a la fecha el emprendimiento no está concluido ni por concluirse”.

Para Albiñana el caso alcanza una gravedad tal que “los individualizados como barrio I, II y III al día de la fecha (25 de noviembre de 2015) no cuentan ni con agua de red, ni con instalaciones cloacales, ni con la estación transformadora que la EPE requiere, mientras que los nombrados como barrios IV, V y VI -extensión de lo que debería ser un country- es un campo sin cerco perimetral ni mejoras de ninguna especie”.