El Litoral
Tras cumplir con los trámites de matriculación, ha quedado legalmente habilitado para ejercer la abogacía.
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El ex juez de Rufino, Carlos Fraticelli, vuelve a ser noticia. Es que de ahora en adelante, y tras cumplir con los trámites de matriculación, ha quedado legalmente habilitado para ejercer la abogacía.
Así lo confirmó el presidente del Colegio de Abogados de Venado Tuerto, Alberto Turcato, quien precisó que “no hay ningún impedimento para que pueda volver a ejercer la abogacía”.
De este modo el polémico ex juez concretó lo que ya había manifestado en distintas oportunidades sobre su idea de volver a ejercer la profesión.
Como se sabe para matricularse se necesita de un fiador. Y en el caso Fraticelli, su fiador es el letrado, Germán Gasperini, oriundo de la localidad de Carmen, pero radicado desde hace años en Venado Tuerto.
Muerte y escándalo
Natalia Fraticelli apareció muerta por asfixia, con una bolsa colocada sobre su cabeza, el 20 de mayo de 2000, cuando tenía 15 años y padecía un leve retraso madurativo.
La literatura periodística, alentada por las investigaciones judiciales que poco más de dos años después dispuso la condena del matrimonio, elucubró que la niña había sido asesinada porque entorpecía la vida social de la pareja.
Dieser y Fraticelli fueron presos acusados por ‘homicidio calificado por el vínculo y por alevosía‘ y el 14 de mayo de 2002 un juez de Sentencia de Melincué los condenó a prisión perpetua.
Libres
La condena fue confirmada en todas las instancias de la Justicia santafesina, hasta que llegó a la Corte Suprema nacional, que en un fallo de agosto de 2006 detectó graves vicios de procedimiento, revocó la sentencia y ordenó revisar toda la causa observando el “debido proceso”.
Los Fraticelli, que por entonces ya estaban separados, recuperaron la libertad.
El 20 de noviembre de 2009, ambos fueron finalmente declarados “inocentes‘, pero sobrevino un nuevo derrotero de apelaciones que desembocó en diciembre de 2014 en la intervención de la Corte de Santa Fe, la máxima instancia provincial que ratificó las absoluciones.
La fiscalía general apeló y llegó mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación, que en su último acuerdo desestimó el recurso y dejó firme las absoluciones