Joaquín Fidalgo
Esta semana declararon dos profesionales de una Junta Especial de Salud Mental de la provincia que elaboró el perfil psicológico de uno de los presuntos abusadores. Tanto la fiscalía como la querella criticaron duramente su trabajo.
Joaquín Fidalgo
jfidalgo@ellitoral.com
El juicio oral del denominado caso Baraldo sigue navegando con firmeza, en medio de olas de objeciones y pedidos de sanciones cruzadas entre abogados defensores, querellantes y fiscales. En la sala abundan los fuertes cruces, que obligan al tribunal -integrado por los conjueces Jorge Luis Silva (presidente), Alfredo Martín Olivera y Néstor Darío Pereyra- a intervenir frecuentemente y que este jueves debió lanzar una dura advertencia a las partes para que no se aparten de los carriles formales.
Como se recordará, en la causa están acusados Víctor Hugo Baraldo, su esposa Nidia Noemí Morandini y el hijo de ambos Juan Pablo Baraldo de abusar sexualmente de un niño, nieto de los primeros y sobrino del último.
Los abusos habrían ocurrido en la ciudad de Esperanza, cuando la presunta víctima tenía entre 6 y 9 años (hoy es adolescente). Las denuncias fueron hechas por la madre del menor, María Fernanda Baraldo (hija de dos de los encausados y hermana del restante), entre 2014 y 2015, cuando su hijo le habría contado lo que sufrió años antes.
Este jueves terminó de declarar la doctora Alba Elena Bielsa, médica y psiquiatra, y luego le tocó el turno a la Licenciada en Psicología Adriana Noemí Ferrer. Ambas formaron parte de una Junta Especial de Salud Mental (dependiente de la Dirección provincial de Salud Mental, del Ministerio de Salud de Santa Fe) que evaluó el perfil psicológico de Víctor Hugo Baraldo, por pedido de la fiscal que en ese momento llevaba adelante la investigación, Clelia Trossero.
Ambas firmaron un informe el 21 de abril de 2015 en el que concluyeron que los “frenos inhibitorios” del abuelo del pequeño pudieron disminuir como para que caiga en el alcoholismo o que cometa agresiones físicas o verbales, pero no al punto de permitirle perpetrar los delitos por los que se lo acusa. En el mismo documento, las profesionales hicieron notar que hallaron “rasgos de una persona perversa” en Carlos Gloor, padrastro de la presunta víctima, a quien también entrevistaron durante su intervención. Además, hicieron referencia al emblemático “Caso Outreau” (al sugerir que el niño pudo inventar parte de la historia), desencadenado en Francia en febrero de 2001. En ese pueblo, los hijos de una pareja denunciaron a sus padres por abusos sexuales. Luego, los menores involucraron con sus dichos también a decenas de personas de esa localidad, de sólo 15 mil habitantes. Finalmente, se pudo comprobar que sólo los progenitores eran culpables (lo aceptaron) y el resto de los acusados pasaron años en prisión antes de ser declarados inocentes y liberados (uno de ellos se suicidó antes, tras las rejas). Las profesionales deslizaron así la posibilidad de que, como en ese caso, en este el niño pudo partir de un hecho para “construir” un relato en la que terminó inculpando a su abuelo.
Estos conceptos fueron reforzados durante el interrogatorio de los abogados defensores de los imputados (Alejandra Forte y Eduardo Jauchen), pero duramente cuestionados durante el contrainterrogatorio, tanto por el fiscal Omar De Pedro (escoltado en la audiencia por el doctor Daniel Filippi), como por los abogados querellantes Carolina Walker Torres y Martín Risso Patrón, que sugirieron una manifiesta “animosidad” de parte de la Junta para beneficiar a los encausados.
Contrainterrogatorio
Tanto Bielsa como Ferrer no pudieron explicar con contundencia por qué, para elaborar el perfil psicológico de Víctor Hugo Baraldo citaron a una entrevista a Gloor, pero no a los hijos del acusado. “No teníamos tanto tiempo”, señalaron. “Decidimos centrarnos en el entorno del niño”, agregaron, pero en realidad el objetivo de su trabajo estaba en el abuelo, tal como remarcó en varias oportunidades De Pedro.
Las testigos también reconocieron el carácter “no científico” del método de su trabajo y la ausencia de un protocolo específico. Indicaron que, para llegar a la conclusión, hicieron entrevistas clínicas semidirigidas, realizadas en base a la formación de cada profesional; y admitieron que pueden haberse equivocado en el diagnóstico.
El fiscal De Pedro además consideró grave que dentro del informe de la Junta se haya “entrecomillado” palabras como salidas de la boca de Gloor, algo que en realidad no sucedió (queda claro porque el padrastro del niño grabó la entrevista con su celular y el audio fue reproducido durante la audiencia del miércoles).
Por otra parte, la querellante Walker Torres, con sus preguntas, recriminó a las testigos que hayan sugerido en el informe que el niño pudo haber mentido cuando ellas no tenían que analizar al menor, sino al abuelo. Además, destacó que ninguna de las profesionales entrevistó al pequeño, ni tampoco vio las cámaras Gesell (mecanismo por el que se toma declaración a los menores de edad). “¿Cómo es posible que diga que el niño miente, si no lo escuchó? ¿Sabía que los peritos que sí lo hicieron ya declararon y no dudaron de que el niño dijo la verdad y que ninguno de ellos observó ‘recuerdos encubridores’?”, le preguntó la abogada a Ferrer, dando por sentadas las respuestas. “El informe dice que Carlos Gloor tiene rasgos de perverso porque expresó que el niño antes estaba mal porque no le hacía caso y ahora estaba bien porque sí le obedecía. Las cuatro maestras de la víctima que ya declararon dijeron lo mismo sobre su alumno. ¿También son perversas?”, enfatizó.
La psicóloga, ante otras consultas de la querella, aseguró no conocer en el momento de realizar el informe que la Directora de Salud Mental de la provincia era entonces familiar de un alto directivo de una importante empresa esperancina. Durante el juicio, este hombre fue varias veces vinculado sentimentalmente a la abuela de la presunta víctima y mencionado por testigos que aseguran haber sufrido presiones de su parte.