Caso Oldani: pedido de perpetua y fuertes críticas a la investigación

A tres semanas de que se diera formalmente inicio al juicio de la causa Oldani, y luego de una suspensión de 12 días hábiles para que una de las defensas pudiera prepararse, este lunes se realizaron los alegatos de apertura y comenzaron a declarar los primeros testigos.

Ante los jueces María Celeste Minniti, Pablo Spekuljak y Sebastián Szeifert, los fiscales Gonzalo Iglesias y Estanislao Giavedoni solicitaron la condena a prisión perpetua para el guardia de seguridad Juan Manuel Ruffino y el relacionista público Andrés Federico Kaipl. Ambos están acusados de haber sido partícipes principales del intento de robo devenido en homicidio del agenciero de turismo Hugo Oldani, herido de muerte el 11 de febrero de 2020 en su local comercial del microcentro santafesino.

Los planteos de los querellantes Agustín Márquez y Ramiro Díaz Duarte, representantes de la viuda y la hija de Oldani, estuvieron en la misma línea que los de la acusación, mientras que las defensas cuestionaron duramente la investigación. Tanto el abogado particular. Gustavo Abraham -por Kaipl- como el defensor público Sebastián Amadeo -por Ruffino- solicitaron la absolución de sus pupilos, así sea bajo la aplicación del beneficio de la duda.

El plan criminal

Hugo Oldani falleció la noche del martes 11 de febrero de 2020. Horas antes, cerca de las 18, fue abordado por una pareja y recibió un disparo letal en el abdomen. Al comenzar sus alegatos, la fiscalía expuso su teoría del caso y prometió probar, a lo largo del juicio, cómo sucedieron los hechos.

Esa tarde, "Juan Manuel Ruffino, Cristian Bruno Figueroa (quien se suicidó en prisión), Agustina Gonzalez (condenada por la Justicia de Menores), y Brian Nahuel Damiani (condenado a 12 años de prisión como partícipe secundario del crimen), arribaron a inmediaciones de la Galería Rivadavia a bordo del Toyota Corolla blanco polarizado de Ruffino", señaló el fiscal Iglesias.

Descendieron todos excepto el chofer, e ingresaron por la puerta de La Rioja al 2441. Damiani hizo de campana en el hall de la galería, Figueroa y González tocaron el timbre de los locales 29 y 30 donde funcionaba Turismo Oldani, y fueron recibidos por el dueño. Fue entonces que "Figueroa lo amenazó con un arma e intentó sustraerle efectos de valor", Oldani "se resistió y procuró retenerlos".

"A los fines de lograr la impunidad, Figueroa le efectuó un disparo con la pistola 9 mm en el abdomen", tras lo cual "los tres salieron corriendo, subieron al automóvil de Ruffino y huyeron del lugar". El chofer de la banda los trasladó hasta el domicilio de un allegado, ubicado en Monseñor Rodríguez al 7500, "colocándolos a resguardo hasta que, momentos después, arribó Kaipl a bordo de su Fiat Palio Fire", y se llevó a Damiani.

En cuanto a la participación del relacionista público, la fiscalía explicó que "Andresito" Kaipl trasladó la mañana del crimen a Ruffino, Figueroa y Damiani hasta el centro de Santa Fe, "donde un masculino de identidad desconocida les brindó información sustancial y decisiva para ejecutar el hecho, tal como ser la ubicación del lugar, determinadas características de la víctima, horarios en los que Oldani se encontraba solo, una persona a quien invocar para ganar su confianza, la operación a realizar, e incluso la ubicación de la caja fuerte".

Luego, "Kaipl fue a la Galería Rivadavia para filmar y/o tomar fotos, a fines de mostrar al resto de la banda dónde cometer el hecho". Y durante el crimen, "concurrió a las adyacencias del lugar junto al datero no identificado, siguiendo continuamente el trayecto del Corolla de Ruffino, desempeñando un rol de apoyo respecto del plan y de eventual ayuda para trasladar dinero y/o sustraer efectos".

Las acciones desplegadas por Ruffino y Kaipl fueron "esenciales para el desarrollo del plan criminal". A lo largo del debate, a través de las declaraciones y múltiples testigos y la reproducción de los videos de las cámaras de seguridad y el contenido de teléfonos celulares, la fiscalía pretende probar que ambos fueron partícipes principales de los dos delitos por los que fueron acusados: el "homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y criminis causa (para lograr la impunidad)" y la "tentativa de robo calificado por el empleo de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda".

Por esto, solicitaron la única condena posible: prisión perpetua. La querella adhirió a los planteos de la fiscalía y también solicitó la imposición de la pena máxima.

Fallas en la investigación

"Todas las pruebas que se van a producir en contra de Ruffino no deberían ni podrían ser tomadas como base de ninguna resolución judicial condenatoria", señaló el defensor público Amadeo. Esto, debido a que "existen hechos de público y notorio conocimiento que no pueden ser desconocidos por ningún poder del Estado" y que serán advertidos durante el debate, que demuestran que la "investigación no ha sido objetiva":

Concretamente, se refirió a cuatro cuestiones. La primera, que "la investigación, desde su inicio, fue llevada por la fiscal Cristina Ferraro, quien desde el 6 de junio de 2022 se encuentra procesada por el Juzgado federal n°2 de Santa Fe por el delito de 'encubrimiento por favorecimiento real agravado por la condición de funcionaria pública' y 'abuso de autoridad'".

La segunda, es que Ferraro "se encuentra desde noviembre de 2022 suspendida de sus funciones por voto unánime de la Legislatura Provincial, por mal desempeño de sus funciones, y que en caso de que la Cámara Federal confirme su procesamiento, deberá obligatoriamente iniciarse un proceso legislativo de remoción": La tercera, que "la fiscal comandó investigaciones de la presente causa desde su inicio hasta junio de 2020, cuando fue apartada por la Fiscalía Regional 1".

Y la cuarta, que "parte importante del personal policial de jerarquía que intervino en la investigación, ofrecidos por la fiscalía y la querella como testigos, fueron procesados en la misma causa federal por el delito de 'inutilización de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente', debido a la desconexión de las cámaras de seguridad de la Galería Rivadavia, para evitar que se registrara la salida de dinero del local de Oldani, que fue más de un millón de dólares y más de 3 millones de pesos".

Por todo esto, a lo largo del juicio "vamos a advertir gravísimas fallas en la investigación y un direccionamiento muy curioso que pone en duda la honestidad y la transparencia de quienes investigaron". Esta "investigación, y en consecuencia las pruebas, no son objetivas, no son transparentes ni respetuosas de los estándares vigentes", señaló Amadeo, "no se respetó la escena del crimen, ni la intachabilidad del investigador".

Una cobranza

La defensa de Kaipl apuntó contra el testimonio de Brian Damiani, uno de los miembros de la banda, quién firmó un juicio abreviado y aportó información a la causa. Fue su testimonio el que incriminó al relacionista público.

El Dr. Abraham criticó que dicha declaración hubiera sido sin notificación a las defensas de los coimputados, señaló que luego de esto el "campana" se benefició con un juicio abreviado y un cambio en la participación delictiva: pasó de ser considerado coautor a partícipe secundario, acordando una pena de 12 años de prisión. "Lo señaló a Kaipl porque éste le había prestado plata. Kaipl no conocía a nadie, sólo a Damiani, y así va a surgir de la prueba", manifestó el abogado.

El bloque acusador "da por sentado que hubo un intento de robo, del cual derivó el homicidio. Pero siquiera el propio Oldani mencionó un robo luego de ser herido. Van a tener que demostrar que fue un intento de robo, y no una cobranza, que es lo que dijeron los imputados".

"Todas las pruebas que hubieran permitido indicar que fue una cobranza fueron destruidas por la fiscalía cuando le permitieron a la familia Oldani no sólo llevarse el dinero, sino también cajas con documentación", porque "Oldani no era un simple comerciante, tenía a su cargo el manejo de una financiera ilegal, destinada al lavado de activos".

Para Abraham, será "imposible" que la fiscalía y la querella demuestren que Kaipl tuvo participación en el homicidio. Por esto, al igual que la defensa de Ruffino, solicitó la absolución de culpa y cargo.