Miércoles 9.10.2019
/Última actualización 16:52
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe suspendió este martes el inicio del juicio oral y público para el contador Mario José Enrique Rossini, por la megaestafa atribuida a las firmas Bolsafe Valores y VB Emprendimientos, cuyo inicio estaba previsto para el próximo jueves 17 de octubre. Fue tras decretar la acumulación de la mencionada causa y el segundo tramo de la investigación, referido al lavado de activos por el cual se encuentran procesados tres empleados de Valfinsa Bursátil SA.
En un escrito de cuatro carillas, los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano H. Lauría, resolvieron dejar desierta la convocatoria a juicio realizada el pasado 29 de agosto.
El pedido de suspensión del debate había sido realizado en primer término, por el defensor público, Mariano Rosatti, quien planteó una queja ante la negativa del tribunal de conceder las probations -suspensión de juicio a prueba- para las coimputadas María Lorena Molinas, Carolina Fany Pavarin, Daniela Reatti, Marisa Valdéz y Patricia Lorena Berrino.
Sin embargo el verdadero motivo de la suspensión refiere a un pedido de la querella, que solicitó la acumulación del segundo tramo de la investigación, por el presunto delito de lavado de activos, atribuido al contador Rossini, en conjunto con los tres operadores de cuentas de Valfinsa Bursátil SA.
Fueron los abogados Carlos A. Reyna y Leandro Corti, en representación de un importante grupo de damnificados, quienes manifestaron que “habiéndose radicado en esta sede la causa N° 1904/2013/TO3, en la que se encuentra incurso Mario José Enrique Rossini y existiendo un ligamen directo con el objeto procesal de la presente, solicitan su acumulación a esta causa y consecuentemente, la suspensión de la audiencia de debate”.
Al planteo de la querella se plegaron los defensores Luis Hilbert y Julio Agnoli, en representación de la contadora María Mercedes Leiva y el propio Rossini, respectivamente. Y por último el fiscal general Martín Suárez Faisal, también dictaminó en favor de la suspensión.
En base a ello, el TOF resolvió “hacer lugar a lo solicitado por la parte querellante y acumular por cuerda a la presente causa el expediente aludido, prosiguiendo su curso hasta que alcance el mismo estado procesal de la presente, que habilite a una nueva fijación del debate”. Además, se aclaró que los distintos tramos de la causa no se encuentran “en el mismo estadio procesal”, en tanto en la segunda “no han sido citadas a juicio las partes y no se han producido las pruebas para el debate”. Y si bien no se fijó nueva fecha, indicaron que el juicio no se hará “hasta que se encuentren en condiciones procesales de comenzarlo”.
El 6 de junio de 2018 el fiscal Federal Nº 2, Walter Rodríguez, presentó el requerimiento de elevación a juicio por lavado de activos contra el contador Mario Rossini y su encubrimiento por parte de otros tres empleados de la firma Valfinsa Bursátil SA.
Los imputados son, además de Rossini, quien fuera considerado por el Ministerio Público Fiscal como probable “autor de lavado de activos”; Favio Carlos Meijome; Antonio Iturrioz y Leonardo Perrotta. Los tres empleados de Valfinsa Bursátil SA, donde las empresas de Rossini tenían cuentas comitentes, fueron señalados como quienes “encubrieron” la maniobra ilegal investigada.
Si bien la elevación fiscal tiene más de un año, el expediente ingresó al TOF en los primeros días de octubre, lo que motivó el intempestivo pedido de la querella para que se acumulen las causas.
El resto de la causa tiene su base en el presunto delito de “administración fraudulenta” atribuida a las firmas Bolsafe Valores Sa y BV Emprendimientos, en la que constan 408 víctimas por un valor estimado en 251 millones de pesos en Santa Fe y una amplia zona de influencia.
Por dicha estafa se encuentran procesados el propio Rossini, su hermano Omar Santos Rossini, y la contadora María Mercedes Leiva en carácter de coautores; además de seis miembros de su staff considerados partícipes principales.
La maniobra investigada abarca desde el 1º de septiembre de 2003 y hasta fines de diciembre de 2012; y además de la defraudación, se los acusa por el delito de “captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil” atribuida a todos los imputados -menos el abogado Omar Rossini-, “agravada por el uso de medios de difusión masiva”.