El ex juez Héctor Luis Yrimia, acusado de ser el arquitecto legal del conglomerado de firmas relacionado con Generación Zoe, cuyo rostro visible era Leonardo Cositorto, se entregó este martes en las oficinas de Interpol en Dubai.
Tenía pedido de captura internacional acusado de ser el arquitecto legal del conglomerado de firmas cuyo rostro visible era Leonardo Cositorto.
El ex juez Héctor Luis Yrimia, acusado de ser el arquitecto legal del conglomerado de firmas relacionado con Generación Zoe, cuyo rostro visible era Leonardo Cositorto, se entregó este martes en las oficinas de Interpol en Dubai.
Según confirmaron fuentes judiciales, Yrimia tenía pedido de captura internacional solicitado por la fiscal cordobesa Juliana Companys. El ex juez está imputado por los delitos de asociación ilícita y estafa, ya que está vinculado al área jurídica de las empresas ligadas a Cositorto.
Yrimia se había ido del país a fines de diciembre pasado, y este lunes, allanaron por la misma causa la casa del padre del ex juez, un ex subcomisario de la Policía de 96 años, en el barrio porteño de Villa Luro, donde secuestraron 565 mil dólares. .
Según indicaron fuentes judiciales, el hombre alegó que el dinero correspondía a la venta de dos departamentos en el barrio porteño de Caballito y nada tenía que ver con Generación Zoe.
El ex juez Yrimia es representado por el abogado Martín Magram en Buenos Aires y por el estudio Gramática-Ferrari-Gramática en Córdoba.
"Hola, cómo andan. Yo soy Luis Yrimia, director jurídico de Generación Zoe y de todo el Grupo Zoe. Volviendo ya de Dubai con todo el equipo, donde la misión propuestas se cumplió en su totalidad: se instaló Zoe en los Emiratos Árabes...", decía un video emitido por el ex juez, en el que anunció la creación de un fideicomiso para que coincidan todos los inversores.
Yrimia había sido fiscal federal y luego juez de instrucción porteño, hasta que dejó su cargo en 2004. sospechado de encubrir un caso de torturas en el que acusaban a otro juez, Pablo Bruno.
Ese mismo año, fue sancionado por el Consejo de la Magistratura por haber ordenado la detención de una gerente del Banco de Galicia que no le había entregado los depósitos en dólares a un cliente.