El fiscal general Martín Suárez Faisal solicitó este lunes se le imponga condena de 8 años de prisión al comisario Marcelo Octavio Lepwalts (52), al considerarlo autor de una asociación ilícita que funcionó bajo su mando, mientras estuvo al frente de la delegación Santa Fe de la Policía Federal entre 2018 y 2019.
Lo hizo luego de que el propio policía declarase por videoconferencia desde su lugar de detención, en el penal de Marcos Paz, en lo que fue la clausura del debate iniciado el lunes de la semana pasada ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano
"Niego terminantemente los hechos que se me imputan", dijo el comisario Lepwalts. "Estaba a punto de cumplir 30 años de servicio" cuando lo detuvieron, el 9 de mayo de 2019. "Siempre viví del sueldo de la PFA, no tengo bienes sustanciosos. No vivo en un country, no tengo autos caros, no tengo bote, nada".
El detenido recordó que Santa Fe "fue mi primer destino como comisario", el cual lo caracterizó como "complejo" en función de que "hasta en el Congreso de la Nación lo mencionan como un narcoestado". Es decir que "tal vez la jefatura se equivocó en mandar a un comisario recién ascendido". "Y tal vez la yo me pude haber equivocado designando al personal de la Brigada", remarcó para despegarse del resto de los miembros de la fuerza que estaban bajo su mando y que la semana pasada aceptaron un juicio abreviado.
Lepwalts fue el único de los seis policías que no aceptó el abreviado (de 3 años de prisión) y prefirió ir a juicio, desconociendo su relación con los actos delictivos cometidos por sus subalternos, miembros de la Brigada de Inteligencia que él mismo formó apenas una semana después de su desembarco en las oficinas de calle San Martín al 3300.
Este lunes, el fiscal Suárez Faisal resumió en 45 minutos de alegato, los puntos centrales en los que, a los ojos del Ministerio Público, Lepwalts cometió delitos. "Considero probado con grado de certeza que desde el 14 de marzo de 2018 y hasta el día de su detención -9 de mayo de 2019- fue jefe de una asociación ilícitas con sus subalternos para perpetrar delitos para recaudar dinero", abrió el funcionario.
Para enmarcar el caso, se retrotrajo al juicio anterior -marzo/abril de 2021-, por el cual también resultó condenado. "Se probó en el juicio de la causa Kernc y otros que era una organización que cometió numerosos delitos".
El fiscal marcó tres hechos clave los cuales definió como "procedimiento trucho y rescate" (hecho 1); Encubrimiento narco (hecho 2); y El bagallo de la dele (hecho 3). Allí se resume el modus operandis de la banda, que iba desde secuestrar un teléfono que ocultaban a las autoridades y por el que luego pedían rescate; a secuestrar estupefacientes cuyo peso fraguaban en las actas y guardaban en la delegación para "plantar" a distintos candidatos a los que coimeaban. Pero más allá del circuito de la droga, para la fiscalía quedó demostrado durante el juicio que había otros nichos de corrupción asociados a la venta de dólares y los puesto callejeros, donde la Brigada también extorsionaba para conseguir un "canon mensual".
Suárez Faisal, que ya en el juicio catalogó a la empresa criminal como "Delegación Santa Fe SA", utilizó cierta ironía para decir que "era un lindo grupo, muy unido" el que armó Lepwalts. Aunque aclaró que "unidos en la delincuencia más abyecta para un funcionario público".
"Condenas significativas"
A propósito, interpeló a los jueces a quienes le pidió "condenas significativas" ante este tipo de conductas. "Estamos frente a un caso de extrema corrupción policial. Era justamente lo contrario de lo que tenían que hacer" que es "sostener el orden público" lo cual consideró "una falta absoluta de respeto a la institución y en definitiva a la sociedad en su conjunto", subrayó.
Para completar su exposición solicitó al tribunal condene a Lepwalts a la pena de 8 años de prisión por el delito de asociación ilícita en su carácter de jefe; pena que deberá ser unificada con la condena anterior en la que recibió 4 años y 3 meses; más inhibición especial para ejercer cargos públicos por el mismo lapso de la condena y multa de $ 90.000.
Por su parte, el tribunal pasó a un cuarto intermedio y programó para este martes a las 9 de la mañana los alegatos de la defensa que está a cargo de los abogados Pablo Gómez de Olivera y Matías Maluccio; tras lo cual sólo quedará esperar el veredicto de los jueces que podría conocerse en horas cercanas al mediodía.