La Cámara Federal de Rosario rechazó este lunes un recurso de hábeas corpus que traía encubierto un planteo de prisión domiciliaria, a favor del ex jefe de la delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina (PFA), el comisario Mariano Valdés, quien se encuentra detenido desde septiembre del año pasado tras descubrirse que mintió acerca de un episodio en el que resultó baleado en la autopista Buenos Aires-Rosario.
El recurso, que ahora tiene un nuevo capítulo bajo la jurisdicción local, es decir, en el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, comenzó a correr la semana pasada, precisamente el jueves 2 de abril, cuando el abogado bonaerense Silvio Omar Piorno, ingresó un hábeas corpus ante el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial La Matanza, provincia de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Mary Mabel Castillo.
Entre los argumentos esgrimidos por el letrado cuenta que, a causa del aislamiento social obligatorio se vio imposibilitado de viajar a las provincias de Santa Fe donde se tramita el proceso penal- o Santiago del Estero donde se encuentra alojado su pupilo- y que por ende, decidió presentarse ante el juzgado donde la familia de Valdés tiene domicilio.
Además, alegó como excusa que en ninguna de las dos jurisdicciones podía instar el reclamo por la vía electrónica; cosa que al menos en Santa Fe, quienes ejercen el derecho de forma habitual en el fuero Federal desmintieron de manera contundente.
En cuanto a los argumentos vertidos en aquel escrito extrajurisdiccional -por llamarlo de alguna manera-, el Dr. Piorno se refirió a las especiales circunstancias que afectan a su pupilo, que está privado de la libertad desde el 19 de septiembre de 2019 y actualmente se encuentra alojado en el Instituto Penal Federal de Colonia Pinto del Servicio Penitenciario Federal, en la provincia de Santiago del Estero.
Si bien alude al agravamiento de las condiciones de detención en términos genéricos, el planteo se centra en el denominado “interés superior del niño”, ya que tiene dos hijas de 7 y 10 años, las cuales viven junto a su madre que es empleada del sector Salud- y a su abuela paterna la cual tiene 86 años y afecciones de salud que le dificultan el cuidado-.
Más allá del planteo formal, la jueza Castillo de La Matanza, optó por remitir las actuaciones al juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, antes del fin de semana.
Acto seguido, el domingo 5 de abril el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, en su carácter de subrogante a cargo por la feria judicial extraordinaria, desestimó el planteo defensivo, intentado por el abogado Piorno.
Asimismo, elevó el expediente a la segunda instancia para que se analice el pedido de domiciliaria, que también fue rechazado por los camaristas de la Sala “B”, Elida Vidal y Aníbal Pineda.
Bailaque recordó que el 18 de diciembre, el juez natural del proceso, el Dr. Francisco Miño, ya había desestimado la posibilidad de que el ex jefe de la delegación local de la PFA continúe el proceso en su casa, sin embargo, esto último fue apelado y a la fecha del nuevo recurso se encontraba en trámite.
Además, puso de resalto que no se registra un “agravamiento ilegítimo de la forma y condiciones en que Valdés cumple su detención” sino que “se plantean inconvenientes en relación al cuidado de sus hijas menores de edad en virtud del trabajo de su pareja por el cual podría contagiarse del Covid-19”. Vale aclarar, que la esposa de Valdés trabaja en un hospital público como técnica superior en hemoterapia e inmuno hematología, donde atiende y transfunde a pacientes con Covid-19 positivo.
Según comprende la Cámara, el nuevo planteo defensivo alude a “circunstancias urgentes y de extrema necesidad. A la exposición al contagio de su pareja que a veces realiza guardias de 24 horas, se suma que las niñas cumplen la cuarentena en la casa de la madre de Valdés que a sus 86 años presenta graves problemas de salud (alteraciones psiquiátricas, pánico y vértigo, entre ellos).
Pero los camaristas Vidal y Pineda indicaron que a pesar de la “concreta situación familiar que describe” “no resulta procedente la acción”, “ya que las cuestiones atinentes a la prisión preventiva dispuesta en el contexto de un proceso judicial concreto deben ser canalizadas a través del juez de la causa”.
Para la Cámara Federal rosarina “la situación familiar invocada por Valdés generada por la pandemia declarada por virus Covid 19, no constituye un hecho suficiente que habilite la acción de hábeas corpus”.
En tal sentido indicaron que “no se advierte arbitrariedad, violación de normas constitucionales, ni que se haya agravado la condición de alojamiento del detenido, ya que la situación invocada se origina en un hecho externo, excepcional e inevitable, en el marco de la situación epidemiológica mundial”. Por ello señalan que “corresponde confirmar la desestimación in limine la denuncia de hábeas corpus”.
Acto seguido, volvieron a mandar todo a Santa Fe, para que el juez competente se expida una vez más sobre la domiciliaria, cosa que seguramente ocurrirá en el transcurso de la Semana Santa.
Confabulación para el narcotráfico
El juez federal N° 2 de Santa Fe, Francisco Miño, procesó a los policías federales Mariano Ezequiel Valdés (52) e Higinio Alberto Bellagio (42) el 30 de diciembre del año pasado, como probables coautores del delito de “confabulación para el narcotráfico”, entre otros cargos.
Previamente y antes de que se vencieran los plazos legales en la justicia provincial que lo investigaba desde mediados de septiembre, el fiscal Federal N° 2, Walter Rodríguez, le había solicitado al juez Miño el dictado de prisión preventiva y que los cite a indagatoria como parte del andamiaje de una banda narcocriminal.
Los comisarios estaban detenidos a disposición de la justicia provincial, acusados de haber armado una escena falsa del tiroteo en el que resultó víctima Valdés, la noche del 9 de septiembre de 2019 cuando fue atracado mientras transitaba por la autopista Buenos Aires-Rosario, a la altura de Villa Constitución. El herido denunció un “robo al voleo” y su segundo viajó hasta el lugar del hecho en un auto oficial para asistirlo y limpiar la escena, llevándose consigo un bolso Adidas azul en el que luego se detectaron restos de drogas sintéticas.
A propósito de esto último, el fiscal Rodríguez solicitó la inhibición de la justicia ordinaria y acusó a los jefes por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, sustracción de elementos de prueba, empleo de servicios de la administración pública, falso testimonio y confabulación para el tráfico de estupefacientes.