Miércoles 14.12.2022
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En sendas audiencias llevadas a cabo en las jornadas de lunes y martes en la Oficina de Gestión Judicial de Reconquista, presididas por la jueza penal Claudia Bressán, 20 regenteadores y explotadores del juego clandestino fueron condenados a diversas penas según cada caso, con suspensión de juicio a prueba, criterio de oportunidad y juicio abreviado.
Las figuras penales atribuidas fueron juego clandestino, la captación de juegos de azar sin autorización, en concurso ideal con asociación ilícita y defraudación al Estado, que ameritó el resarcimiento a la provincia, y cohecho. Sobre este último delito, el fiscal admitió que «lamentablemente no tuvimos mucho éxito sobre quiénes eran las personas que recibían, si bien tenemos fuertes sospechas, pero eso no bastan para llevarlos a juicio».
El acuerdo integral al que arribó la fiscalía y las defensas de los involucrados constó de cuatro escritos firmado en forma conjunta. “En el día de ayer se realizó una suspensión de juicio a prueba para 13 de los imputados, que básicamente son las terceras líneas, casi todas mujeres, que son las que atendían los kioscos donde se tomaban las apuestas”, precisó el fiscal regional Rubén Martínez, a cargo del caso.
En la resolución judicial se estableció que estos encartados deberán realizar trabajos comunitarios por el plazo de un año, una vez cada 15 días por cuatro horas cada vez, en una institución de bien público. Asimismo deberán asistir a un curso para el juego responsable o contra la ludopatía que será organizado por la Caja de Asistencia Social de la Lotería de la Provincia.
El funcionario del MPA agregó que “en el día de hoy se celebró un abreviado para 20 de los acusados, que son los cabecillas principales, más los colaboradores cercanos, con una condena de tres años de prisión condicional, más reglas de conducta que deben cumplir”.
El jefe de los fiscales del noreste santafesino indicó además que a Sixto José Rossi, alias «Pajarito», el cual tiene 86 años y una salud muy precaria, se le aplicó un “criterio de oportunidad, y va a resarcir a la provincia con 5 millones de pesos que la provincia acordó con él por separado”.
Ese monto, explicó el Dr. Martínez, se va a unificar con el 80 por ciento del dinero secuestrado en los procedimientos, que tanto en pesos con en dólares está depositado en el Banco de Santa Fe, y va a conformar una indemnización de 18 millones de pesos en total.
La provincia reclamaba unos 23 millones, con lo cual “la diferencia la va a poder ejecutar en forma individual a todos aquellos condenados que en los secuestros no les hayan sacado una cantidad similar”, ahondó.
Las líneas
El regional recordó que la causa llevó mucho tiempo de investigación contra 36 personas que estaban delimitadas en tres líneas: “Una línea eran los cabecillas, las segundas líneas eras los colaboradores más inmediatos y la tercera línea eran los ‘levantadores’, aquellos que tenían los kioscos y demás”, reveló.
Sobre ese punto, contó que a partir de la presentacion de «la acusación comenzaron las negociaciones para salidas alternativas, pues nos encontramos en un proceso largo, de muchísimas pruebas, un juicio complejo”.
Detalló que una vez que la defensa evaluó todas las pruebas que teníamos en su contra planteó salidas alternativas y “eso incluyó conversaciones con la provincia de Santa Fe, a través de conversaciones con el fiscal de Estado, con Lotería de Santa Fe, a través de su presidente, con los agencieros oficiales de Reconquista”.
Consultado sobre el resultado final del proceso, puso de relieve que “hemos llegado a un acuerdo razonable, 20 condenados no es cosa de todos los días, hay un beneplácito muy grande de parte de los agencieros oficiales que vieron cómo aumentaron sus ganancias a raíz de que aumentó la recaudación, hoy el juego clandestino está disminuido”.
«Camino claro»
El fiscal Martínez subrayó que “de acá en más vamos a marcar un camino claro en la lucha contra el juego, sabiendo aquel que siga insistiendo con estas situaciones que se va encontrar con una situación similar. Y si bien es una condena de ejecución condicional, no deja de ser una condena sujeta a reglas de conducta que si no se cumplen se pueden revocar la condicionalidad”.
“De otra forma – acotó – nos hubiésemos enfrentado a un juicio largo, complejo y hubiésemos tenido sentencia en 4 ó 5 años. Esto empezó en el año 2018, tuvimos que hacer toda la investigación con gente de afuera porque había influencia en las fuerzas de seguridad locales”.
En final de la entrevista con medios de prensa, dedicó un agradecimiento especial al “Organismo de Investigaciones del MPA, que me ayudó a hacer una investigación extraordinaria que yo solo no hubiese podido hacer, a la gente de Lotería y a los agencieros oficiales que siempre estuvieron conmigo, acompañándome”.
Crédito: GentilezaLa lista
En el marco del proceso penal llevado adelante por el fiscal Martínez fueron condenados Graciana Valeria Agustini, Raúl Javier Arraga, Gregorio Néstor Ramírez, Adrián Marcelo Mai, Marcelo Andrés Driussi y Santiago Alejandro Saucedo como autores penalmente responsables de los delitos de
explotación, administración y organización del sistema de captación de juego de azar sin contar con la debida autorización emanada de la autoridad competente, en concurso ideal con asociación ilícita y en concurso real con defraudación al Estado o administración pública, y cohecho.
En la misma audiencia fueron condenados María Alejandra Pujato, Dalila Elisabet Yoris, Selene Soledad Baragiola, Lorena Paola Correa, Delia del Carmen Marti, Luciana Beatriz Calderón, Gregorio Néstor Ramírez, Emilse Luisina Martínez, Adriana Griselda Ghan, Carlos Emilio Mariani, Juan Angel Alegre, Claudia Mabel Pereyra, Vanina Adriana Mai y Aldo Gustavo Ghan, como autores materiales y penalmente responsables de los delitos de explotación, administración y organización de sistema de captación de juego de azar sin contar con la debida autorización emanada de autoridad competente, en concurso ideal con asociación ilícita en carácter de miembro y en concurso ideal con defraudación al estado o administración pública.
Como querellante, en representación de la provincia, actuó la Dra. Cecilia Renna; la Dra. Georgina Díaz asistió al MPA; y fueron abogados defensores de los abogados Andrés Ghío, Martín Binaghi, Ricardo Degoumois, Mariana Zechín y Daniel Baralle.