Para la Cámara Federal se detectaron “alarmantes condiciones de inseguridad y de prevención en el mantenimiento de la fábrica”. Foto: Archivo
La Justicia fijó en $ 5.462.817 los montos que el Estado Nacional deberá pagar a los damnificados por la explosión de la Fábrica Militar, ocurrida el 3 de noviembre de 1995.
Para la Cámara Federal se detectaron “alarmantes condiciones de inseguridad y de prevención en el mantenimiento de la fábrica”. Foto: Archivo
DyN
La Cámara Civil y Comercial Federal condenó al Estado Nacional a indemnizar con 5.462.817 pesos a víctimas y familiares de la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida el 3 de noviembre de 1995 en las afueras de esa ciudad cordobesa con un resultado de siete muertos y unos 300 heridos.
La Sala Segunda del tribunal ratificó un fallo de primera instancia y dispuso el pago de la indemnización para nueve personas y los familiares de otras tres ya fallecidas, quienes sufrieron daños en sus casas y comercios cercanos a la Fábrica Militar, además de lesiones físicas y psíquicas.
“La gravedad de los acontecimientos producidos en la Fábrica Militar Río Tercero tuvo proyecciones mortificantes con aptitud para provocar, en quien los sufrió, alteraciones disvaliosas de su espíritu, merecedoras de una indemnización a título de daño moral”, concluyeron los jueces Alfredo Gusman y Graciela Medina. Los magistrados consideraron que el Estado es responsable por la explosión de la Fábrica Militar por tener bajo su responsabilidad el organismo en el que se detectaron “alarmantes condiciones de inseguridad y de prevención en el mantenimiento de la fábrica”.
¿Ataque terrorista?
La Cámara Civil y Comercial se basó en informes que concluyeron que los deterioros de las casas y negocios de las víctimas “originaron al producirse las fatídicas explosiones, siendo estos daños la causa que provocó la desvalorización de las propiedades”.
“Todos estos demandantes son personas portadoras de incapacidades absolutas y permanentes significativas, que sufren múltiples dolencias tanto en su aspecto físico como psíquico”, concluyeron.
Así elevaron los montos que cada víctima había obtenido en el fallo de primera instancia y que, en total, suma 5.462.817 pesos. El Tribunal también criticó la actuación de los abogados del Estado porque en su apelación señalaron que todavía no estaba determinada su responsabilidad en la explosión y que no podía descartarse que se haya producido por factores ajenos a su responsabilidad, como un ataque terrorista.
“Insistir en febrero de 2013 (fecha de expresión de agravios de la demandada), con conjeturas tales como la del ataque terrorista, resulta más propio de una novela de ficción que de la seriedad y probidad con que las partes deben comportarse en el proceso judicial”, reprendieron los jueces.
El dato Provocado e intencional.