Jueves 28.11.2019
/Última actualización 14:35
El 12 de diciembre de 2017, cuando la Gendarmería allanó la casa-quinta de Sauce Viejo donde vive Diego Martín Mustafá, no se halló ni un sólo gramo de droga, como sí ocurriera una década atrás, cuando él y su pareja Cecilia Maldonado terminaron condenados por la venta de estupefacientes. En cambio, en dicha oportunidad se secuestró un auto VW Vento y un tracker con motor, cuya adquisición no pudo ser justificada hasta el momento.
Dos semanas atrás, el fiscal federal N° 1, Jorge Gustavo Onel, formuló el requerimiento de elevación a juicio contra Diego Mustafá y su hermana de 41 años, Carina Verónica Mustafá, acusados de haber formado parte de una trama delictiva, destinada al lavado de activos de origen en el narcotráfico. La pareja de hermanos del barrio Barranquitas comenzó a ser investigada por este delito luego de que se descartara su participación reciente en el negocio vinculado al tráfico de drogas; no obstante, se advirtió asimismo un desproporcionado crecimiento patrimonial, que hasta el momento no pudo ser justificado.
El giro de la investigación contra el orden económico y financiero derivó en numerosos pedidos de informes al Registro General de la Propiedad Inmueble de la provincia de Santa Fe, a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, al Registro Nacional de Buques, al Registro Nacional de Aeronaves, a la Dirección Nacional del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, a los fines obtener información sobre posibles bienes inmuebles y muebles registrables a nombre de los investigados. De igual modo, se requirió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el levantamiento del secreto fiscal con relación a los nombrados. Y se solicitó colaboración a la Subsecretaría de Investigación -Dirección Criminal- dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, para que se remita toda la información de titularidad de teléfonos y actividades comerciales correspondientes a los investigados.
Entre los bienes detectados existen tres casas adquiridas por Carina Mustafá entre 2007 y 2016 -dos en Barranquitas y una en barrio Roma-; y cuatro terrenos en Arroyo Leyes. También siete plazos fijos depositados en cuatro entidades bancarias por un total de $ 858.000. Y en el caso de Diego Mustafá, se informó la adquisición de un auto Volkswagen Vento 2.5 en 2016; un cuatriciclo Gilera FR-110 y una moto Honda, XR 250, en 2014.
Ambos fueron procesados el 26 de julio de 2018 por el juez federal N° 1, Reinaldo Rodríguez, y desde entonces atraviesan el proceso en libertad.
Para el fiscal Onel, “el análisis patrimonial revela la magnitud de los bienes adquiridos” por los hermanos Mustafá, “los cuales sólo encuentran explicación en la actividad delictiva desarrollada por el hombre, máxime si tenemos en cuenta sus ingresos lícitos declarados”. La ligazón de dichos bienes con el narcotráfico que realiza la fiscalía, se sustenta en los antecedentes condenatorios de uno de los involucrados.
Diego Mustafá y su pareja Cecilia Maldonado (la mujer no se encuentra afectada a la causa), fueron condenados por el Tribunal Oral Federal el 31 de agosto de 2007, como autor y partícipe secundaria del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, a las penas de cuatro años y dos meses de prisión y dos años de prisión en suspenso, respectivamente, por un hecho cometido ese mismo año. En el caso de Mustafá, se unificó esa pena con otra de 2004 (26 de febrero) dictada por el Juzgado de Sentencia N° 2 de Santa Fe, fijándose una pena única de ocho años y medio.
Por su parte, en otra causa más reciente, en la que se investigó al “clan Maldonado” por el comercio de drogas en barrio Barranquitas, el 26 de junio pasado el mismo tribunal condenó a Héctor Eduardo “Bam Bam” Maldonado y al “Diablo” Marcelo José Alberto Maldonado, cuñado y suegro de Diego Mustafá respectivamente, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercio de estupefacientes y se les impuso penas de seis y cuatro años de prisión a cada uno de ellos.
“No puede desconocerse que en el barrio Barranquitas existieron vínculos no sólo familiares sino también comerciales entre los Maldonado y Mustafá, los cuales desde hace tiempo vienen siendo apuntados por llevar a cabo actividades de adquisición y venta de sustancias estupefacientes, circunstancias que han quedado corroboradas conforme las sentencias referidas”, argumentó el fiscal Onel.
En ese contexto, los investigadores deducen que por los antecedentes que el matrimonio presentaba, utilizaron la figura e su hermana Carina -sin prontuario-, para blanquear los bienes.
La mujer, que figura como monotributista a cargo de un pequeño comercio de venta de ropa en la avenida Presidente Perón al 4.300, habría actuado como “prestanombre o testaferro” de su hermano entre 2007 y 2015, lapso en el cual adquirió numerosas propiedades. Según se pudo constatar, compró una casa de 400 m2 en calle La Paz al 4.700 a la que convirtió en un complejo de 5 departamentos; una vivienda de calle Cochabamba al 4.600, de 164 m2; otra en calle 1° Junta al 3.800; y 4 lotes en Arroyo Leyes (de entre 500 y 700 m2 cada uno de ellos).
Para la fiscalía “dichas adquisiciones resultan desproporcionadas teniendo en cuenta las únicas fuentes de ingresos declaradas, esto es la venta al por menor de prendas de vestir y accesorios”. Además, “resulta llamativo la enorme cantidad de cuentas bancarias que tenía en diferentes bancos (Banco Santa Fe, Banco Credicop, Banco Francés, Banco Galicia) y la constitución de números plazos fijos desde 2007 y hasta 2016 por un total de $ 858.000. “El dato a tener en cuenta, es que esos depósitos se materializaron en forma simultánea a la compra de las diferentes propiedades”, advirtieron desde la Fiscalía.
Si bien la mujer fue investigada durante toda una década, Diego Mustafá en cambio lo fue recién a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.683, a mediados de 2011, cuando se incorporó la figura del “autolavado”. Y si bien su patrimonio no parece exorbitante, lo es si se considera que “el imputado no registró actividad económica alguna en ningún período”.
Aunque no cuenta entre las operaciones imputadas, Carina Mustafá habría realizado una última operación inmobiliaria el 5 de enero de 2017, cuando le compró, por un valor de $ 500.000, una casa a un sujeto identificado como Diego Damián Ponce, quien fuera imputado el 4 de junio de 2018 por delitos vinculados a la ley 23.737, y condenado recientemente por el TOF a la pena de 4 años de prisión, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (Sentencia n° 138/2019, de fecha 5/11/2019).
Changarín, prestamista y comerciante
Son varios los trabajos en los que Diego Martín Mustafá dijo haberse desempeñado a lo largo de estos años. Hace más de una década, cuando lo indagaron por el tráfico de estupefacientes, dijo ser “changarin”, tarea que cambió por la de prestamista y comerciante al salir de prisión.
“En febrero de 2003 fui detenido por una causa provincial, condenado a 5 años, y quede en libertad en el año 2006, trabajaba con mi madre en una tienda de ropa, la cual me ayudó en gran parte a adquirir una casa que compre con un plan de vivienda por un valor de $ 8.000, en ese domicilio puse una despensa”, explicó en su última declaración indagatoria. “Fui detenido nuevamente en octubre de 2006, fui condenado a 4 años y 6 meses de prisión. Cuando salí yo tenía algunos ahorros, también hice préstamos a algunas personas y kioscos, para ir evolucionando con algún recargo”, agregó.
Además, contó que “en 2013 compré un Chevrolet Aveo, con la generación de lo que me daba la despensa y unos préstamos personales que yo hacía en los barrios. En el 2013 obtuve una casa que también pertenecía a un plan municipal por el valor de $ 120.000, a esa casa la tenía en alquiler hasta que la vendí en 2016 en $ 280.000”, “y bueno yo me sustente de los préstamos y la venta de ropa que hacía, con eso hice ahorros y fui comprando las cosas”, se defendió.