Jueves 30.9.2021
/Última actualización 16:38
La Sociedad Protectora de Animales de Santa Fe presentó esta semana un pedido formal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), para ser parte en una causa en la que se investiga a la dueña de un criadero de perros descubierto hace dos semanas en el barrio Yapeyú.
De esta manera la ONG, a través de sus representantes legales, pretende ser querellante en el legajo judicial que lleva adelante el fiscal Omar De Pedro y que iniciara la Fiscalía de Delitos Complejos cuando ordenó un allanamiento en busca de un teléfono celular de un abogado que estaba siendo extorsionado.
El procedimiento se realizó la noche del miércoles 15 de septiembre, en una propiedad de la avenida Teniente Loza al 6.800, donde los uniformados se encontraron con 70 perros (34 caniche, 13 pug, 13 bulldog francés, 8 dachshund, 1 pinscher y 1 shih tzu), 7 gatos y 18 aves (13 loros australianos, 1 cardenal copete rojo y 4 cocotillas).
Tras la sorpresa, convocaron a un médico veterinario, quien constató que "los animales estaban sin las condiciones sanitarias acordes para su cría: hacinados y enjaulados, con materia fecal y orina en el piso, en un espacio reducido, con las paredes, techos y pisos sin acondicionar y sin bebederos, sin comederos y sin canaletas de desagües de deyecciones".
Por ello, además de la investigación en trámite, por los delitos de hurto y extorsión, se abrió un legajo por "malos tratos y actos de crueldad a los animales" en el marco de la Ley N° 14.346, que tiene como presunta imputada a María de las Mercedes Carrizo (48), que sería la responsable del lugar. La mujer, que quedó detenida esa misma noche, recuperó la libertad bajo alternativas a la prisión preventiva el lunes 20 de septiembre.
Este martes, los abogados Natalia Pallavicini y Domingo Rondina, presentaron el pedido para ser querellantes por la Sociedad Protectora de Animales de Santa Fe, mediante un poder conferido por su presidenta, Lorena Arber.
"Ya presentamos el escrito en la fiscalía y estamos esperando que se fije la audiencia de constitución de querella", adelantó la Dra. Pallavicini. "Estamos segurisimos que va a ser admitida porque se cumplen todos los requisitos formales que plantea el Código, pero tenemos que esperar que se decida judicialmente", señaló.
La profesional reconoció que "el hallazgo fue de manera casual e inesperada" y que su participación en el caso tiene como finalidad evitar que los animales vuelvan al criadero, mientras tanto, seguirán "en lugares de tránsito", explicó.
Pallavicini aclaró también que "no somos los guardadores o depositarios judiciales", sino que fueron las instituciones como la Policía Comunitaria Sección Ecológica, el IMUSA y la Secretaria de Control y Convivencia Ciudadana del Municipio de Santa Fe las que se encargaron de darle atención veterinaria, alimento y alojamiento a cada uno de los animales.
Asimismo, destacó que pretenden "se la declare penalmente responsable a la imputada", y a consecuencia de ello "los animales sean dados en adopción responsable y no vuelvan al criadero".