Policías injustamente acusados: "Hay daños que son irreparables"

A principios del año 2022, las carreras de Walter Barco y Hernán Galán dentro de la Policía estaban en pleno ascenso. Uno era jefe del Departamento Operativo de la Agencia de Investigación Criminal y el otro estaba al frente de la División Homicidios de la misma institución en la ciudad de Santa Fe. Se habían preparado duramente para llegar allí. En febrero, luego del crimen del agenciero Hugo Oldani en pleno centro de la capital provincial, rápidamente pusieron manos a la obra y lideraron los equipos de trabajo que horas más tarde lograron arrestar a cuatro de los cinco integrantes de la banda que perpetró el sangriento asalto.

Para ellos y sus familias, todo cambió drásticamente a mediados de mayo de ese mismo año, por un injusto e inexplicable baldazo de agua helada que les cayó por una derivación del caso mencionado. "Se les cayó toda esa trayectoria que tenían y por la que lucharon muchos años. Se les vino el mundo abajo a ellos y también a sus familias. Sus seres queridos padecieron todo a la par. Les pintaron los dedos, los mandaron a trabajar a comisarías del interior provincial, perdieron toda posibilidad de pelear por ascensos. Vivieron con angustia. Lloraron", se lamentó Hilda América Knaeblein, abogada que conformó un equipo con el doctor Sebastián Gervasoni para ejercer la defensa de los policías. Todo se remedió rescién esta semana, cuando ambos finalmente fueron absueltos.

El 19 de mayo de 2022, Barco y Galán fueron procesados por la Justicia Federal. Se los acusaba de haber apagado dos cámaras de vigilancia del sistema del edificio en el que fue asesinado Oldani, durante un procedimiento posterior en el que familiares de la víctima retiraron de la escena una suma millonaria en pesos y dólares. Por ese ese episodio, el fiscal federal Walter Rodríguez procesó a la fiscal de la causa, la doctora Cristina Ferraro, y a otras personas allegadas al comerciante fallecido. El funcionario determinó que allí funcionaba una "cueva" financiera y que todo ese dinero (más de un millón de dólares y tres millones de pesos, en base a estimaciones realizadas sobre una foto que tomó un perito del interior de una caja fuerte poco después del ataque) era de origen ilegal.

Un informe posterior del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación de la provincia, que hacía un análisis del sistema de monitoreo del edificio en donde se encontraba la agencia asaltada, concluyó que dos de las cámaras habían sido desconectadas a propósito durante el operativo en el que fueron retirados los billetes y que se veía en otros videos que tanto Galán como Barco estaban junto al aparato de grabación cuando un desconocido las apagaba. Ahora se pudo comprobar de manera contundente que no eran ellos. Las imágenes fueron analizadas por expertos de la Gendaermería Nacional y concluyeron que no había ningún tipo de posibilidad de que quienes se veían en los videos eran los acusados.

Convencimiento

"Nosotros los conocíamos de antes a ambos, especialmente a Barco, una persona muy capacitada y educada. Se acercó a nosotros porque nos veía trabajar a diario. Planteó la situación en el pleno convencimiento de que él no tenía nada que ver. No había estado ese día y en ese horario donde decían. Era su cumpleaños y sólo pasó cinco minutos por el procedimiento como auxiliar de la fiscal", relató la abogada.

"Empezamos a ver todo le material que había para sostener acusación. Había imágenes de seis cámaras y faltaban las de dos, que eran justamente las que teóricamente mostraban a nuestros clientes", explicó Gervasoni.

Siguió entonces una verdadera odisea para conseguir esas imágenes faltantes. Pasaron los días, los meses y los años. "La fiscalía federal todo el tiempo pedía lo que faltaba, pero las respuestas se dilataban. Finalmente, en febrero de este años llegaron los videos en cuestión. Y como ya sabíamos, ni Barco ni Galán aparecían en ellos. Además, quien desconectó las cámaras seguramente lo hizo de manera accidental. Era un civil que colaboraba con el procedimiento. Seguramente no tuvo intención de apagar nada. Todo lo que pasó en el edificio quedó registrado por las demás cámaras del sistema", señaló el abogado.

Justicia

"Queremos destacar -agregó- que el fiscal Rodríguez siempre tuvo la mejor predisposición. Cuando pidió la elevación a juicio tuvo en cuenta nuestros planteos y dejó afuera a nuestros clientes".

Hasta ese momento, la única prueba en contra de Galán y Barco era el informe del OI. Cuando aparecieron las imágenes se realizó una audiencia en la fiscalía. "Fuimos nosotros y gente de del organismo que aportó los video, los exhibió y los explicó. A simple vista se notaba que no eran ellos, a pesar de que los representantes del OI que asistieron seguían sosteniendo su posición. El fiscal Rodríguez entonces remitió las imágenes a laboratorios con tecnología de punta que tiene la Gendarmería Nacional. Los peritos fueron terminantes. Había compatibilidad 0 entre las personas de los videos y nuestros clientes", detalló Gervasoni.

Irreversible

"En este tiempo Galán perdió a sus papás, que murieron angustiados. Tanto él como Barco pasaron de estar del lado de los policías al de los sospechados. La impotencia y la injusticia te afectan en lo laboral, lo personal, lo social, lo económico, la salud. Fue todo un mal entendido que tuvo consecuencias tremendas. Un error por el que pagaron dos inocentes. Vimos mucha desidia. Son daños irreparables. Por ahora no hemos pensado en iniciar acciones par algún tipo de reparación, pero no lo descartamos. El daño ya está hecho. Lo que les puedan ofrecer nunca va a ser suficiente para compensar lo que pasaron todo este tiempo. Son dos años de vida de ellos y sus familias. Esperamos que las autoridades gubernamentales tomen nota de todo esto y les permitan retomar sus carreras a estos policías, formados, capaces y eficientes. Ambos tienen mucho para ofrecer a la institución", enfatizó el abogado.